Por Daniel Kersffeld

El triunfo de Gustavo Petro no toma por sorpresa al establishment de los Estados Unidos. La posibilidad de que la izquierda finalmente llegara al gobierno en Colombia era una probabilidad cada vez más concreta, sobre todo, cuando desde el norte advirtieron que ni el oficialista Federico “Fico” Gutiérrez ni el otro candidato derrotado en el balotaje, Rodolfo Hernández, podían alcanzar a Petro en popularidad y votos.

De ahí el interés por amarrar acuerdos fundamentales antes de que se produjera un cambio de gobierno que muchos consideraron como inevitable. Los doscientos años de relaciones diplomáticas entre ambos países se presentó como la ocasión propicia para llevar adelante un acuerdo de esta naturaleza.

En efecto, el 26 de mayo, tres días antes de la primera vuelta electoral que consagraría a Petro como el candidato más votado, en Washington se presentó un proyecto que buscaba codificar como ley la actual designación de Colombia como “aliado extra OTAN”. Desde el gobierno estadounidense, se remarcó que éste era el tercer país latinoamericano en recibir esta distinción y que en la actualidad, la OTAN contaba con sólo 17 aliados en todo el planeta.

Por otro lado, se trata de una condición geopolítica de enorme importancia cuyo tratamiento resultaba por demás urgente ante la eventualidad de la expansión global de la crisis entre Rusia, Ucrania y el bloque del Atlántico Norte.

Concebido como el proyecto de “Ley del Bicentenario”, fue publicado de manera oficial hace menos de un mes por el poderoso dirigente demócrata Bob Menéndez, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Además de la firma de Menéndez, el proyecto fue presentado por el senador demócrata Tim Kaine, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental.

El proyecto “Alianza entre Estados Unidos y Colombia” establece así la lucha en común contra la corrupción, que se presenta como el eje articulador de un acuerdo estratégico que pretende, además, “expandir el compromiso en cuestiones como el crecimiento económico inclusivo, la paz y la gobernanza democrática”.

Un papel no menor en este acuerdo lo cumple la necesidad de establecer criterios comunes en materia de “seguridad internacional», más aún, si toma en cuenta que la participación en la OTAN le proporciona a Colombia beneficios adicionales en términos de defensa y de comercio exterior.

Otros aspectos del acuerdo entre ambos países incluyen la formación de un comité consultivo para avanzar en la cooperación bilateral en materia de seguridad y de defensa cibernética, la donación de 200 millones de dólares para apoyar las inversiones en el sector tecnológico de Colombia y la elaboración de “nuevos informes clasificados sobre los disidentes de las FARC y las actividades malignas de países en el extranjero”.

Sin duda, el creciente desacople de la política exterior de Colombia de la de Estados Unidos se convertirá en el primer y principal desafío del gobierno de Gustavo Petro. Prácticamente de ese impulso deberá nutrirse una gestión que nace condicionada desde el vamos por poderosos factores externos.

En tanto que desde Washington, las principales espadas demócratas harán lo imposible para mantener las relaciones tal como se establecieron hasta ahora, en la conciencia de que cualquier derrota en este plano implicará un mayor debilitamiento para el gobierno de Joe Biden.