Junto con las medidas económicas, el Gobierno presentó una serie de reglas que buscan prohibir las protestas en el espacio público y autorizan a la fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial. «No queremos ningún corte de rutas o calles», amenazó la ministra Patricia Bullrich. Organismos de derechos humanos y juristas advirtieron que el «protocolo antipiquete» no respeta derechos y garantías elementales previstos por la Constitución y los estándares internacionales.

Por Irina Hauser

Después del anuncio del gobierno del ajuste salvaje que se viene y que traerá un aumento de la conflictividad social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, presentó un nuevo protocolo para que las fuerzas de seguridad repriman la protesta en las calles. Con el latiguillo de traer «orden» y que la gente pueda circular «en paz», enumeró las nuevas reglas que apuntan a prohibir las manifestaciones contra medidas de la administración de Javier Milei y a habilitar a agentes federales a que puedan actuar sin orden judicial. «El corte se termina», advirtió Bullrich al referirse a movilizaciones que pueden interrumpir el tránsito. Ni siquiera admitirá -subrayó- aquellas que, pacíficamente, dejen un espacio para el desplazamiento del transporte. «Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación», advirtió. También avisó que se buscará identificar a «autores, cómplices, instigadores y organizadores», que serán castigados, y se hará un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público, a las que se hará pagar los costos de los operativos. Una forma lisa y llana de persecución y una invitación al ejercicio de la violencia institucional. 

Al cerrar su exposición, Bullrich dijo que el nuevo «Protocolo para el mantenimiento del orden público» deroga el «protocolo garantista de Nilda Garré». Este último, de mayo de 2011, dice en sus primeros párrafos que fue elaborado para «incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado» (por la actuación de las fuerzas de seguridad). La premisa, señala, es garantizar «la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades»; «no reprimir la protesta social» sino activar canales de diálogo frente al derecho «a circular». Bullrich pronuncia la palabra «garantismo» como si hablara del mal, aunque se trate simplemente del respeto de los derechos y garantías constitucionales.

«Esa resolución que Bullrich derogó limitaba la represión tras los asesinatos de manifestantes en 2001 y 2002 y en el Parque Indoamericano en 2010. Ahora, más que un limitación para el uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes«, alertó el  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los hechos de 2002 en especial resuenan hoy. El entonces presidente interino, Eduardo Duhalde, ordenó impedir que los piqueteros cortaran el puente Pueyrredón y pasaran a Capital Federal: el resultado fue un doble asesinato a manos de policías federales, el de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. 

Consultada por Página/12, Nilda Garré explicó que al diseñar aquella norma se basaron «en la Constitución Nacional, el derecho internacional de los derechos humanos y lo que dice el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que aprobó Naciones Unidas en 1979. Lo rescatamos en el artículo 22 de la ley de seguridad interior: los cuerpos policiales deben incorporar las recomendaciones de ese código a sus reglamentos». «Prohibimos el uso de armas letales; las balas de goma solo se podían usar ante un peligro. Las conflictividades se gestionan, no se reprimen. Este gobierno no quiere garantizar la seguridad sino el orden público», sostuvo la exministra. 

El protocolo Bullrich

En su conferencia, Bullrich enumeró cada punto, con acotaciones, del nuevo protocolo, que no menciona la protección de los derechos humanos y las obligaciones internacionales. Con su viejo libreto dijo que la población vive bajo «extorsión» por las protestas y que esto perjudica su trabajo y calidad de vida. No cuenta, para ella, el perjuicio de las medidas que afectan las condiciones de vida, con extrema gravedad para los más pobres. La represión será la respuesta para quien se queje en las calles. 

* «Nosotros no queremos ningún corte de rutas o calles», dijo la ministra. Informó que «las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Nacional van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos parciales o totales». «La ley se cumple o no se cumple. La vamos a hacer cumplir», advirtió. Garré marcó que el Servicio Penitenciario no tiene atribuciones para esta tarea en su reglamento. 

* Bullrich dijo que aplicará ante cualquier corte de calle, ruta, puentes o lo que sea el  artículo 194 del Código Penal, que castiga con penas de tres meses a dos años a quien «impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas». Será así, comentó, hasta que haya una ley nueva. 

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó consideraciones en «X» cuando se venía el anuncio: «El derecho a la protesta pacífica engloba el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el de asociación, el de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho de huelga, entre otros (…) puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias (…) la limitación al derecho a la protesta debe ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar de la prohibición de su ejercicio». A este diario le explicó que «la aplicación del artículo 194 a una protesta pacífica es inconstitucional». 

* Las fuerzas federales podrán intervenir, dice el protocolo, en «territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» ante excepciones de graves peligros que fija la ley de Seguridad Interior (que, igual, Milei en campaña prometió cambiar). Hay un límite finito, porque los edificios públicos como la Casa Rosada, el Congreso y otros, también son jurisdicción federal (se supone que a su alrededor debería estar la policía porteña). También podrán actuar «en flagrancia», sin orden judicial. El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, respaldó a Bullrich y dijo que trabajarán en conjunto. Habrá que ver si el jefe de gobierno, Jorge Macri, quiere correr el riesgo de hacerse cargo de hechos graves o muertes fruto de las políticas elegidas por el gobierno Milei. 

* «Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado en la presencia de niños, mujeres, embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con el empleo de armas no letales», afirma el protocolo. «Se sancionará a quienes lleven niños que deberían estar en la escuela», dijo Bullrich, y que se avisará «a la autoridad competente». «Va a haber consecuencias fuertes frente a quienes usen a los niños como escudo», lanzó en tono amenazante. 

* «Deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales», dicen las nuevas reglas. Habrá detenciones «cuando así corresponda legalmente». Identificarán a los vehículos -y se podrán incautar- que llevan a los manifestantes y se revisará la participación de los choferes. Si hay extranjeros, se mandarán los datos a la Dirección de Migraciones. 

* «Se creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones», señala el texto. No especifica para qué lo usarán. ¿Para denunciarlos penalmente? ¿Para vigilarlos? Lo mismo con «sindicatos o trabajadores que bloqueen empresas», según la ministra. Bullrich agregó: «Por los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviarán las facturas a las organizaciones o individuos responsables». 

* Anticipó que las fuerzas de seguridad trabajarán «en estaciones de tren» con el fin de detectar «aquellas personas que vayan con materiales que tengan que ser incautados, con palos, caras tapadas u otras formas de cubrir el rostro.». Al final de su gestión anterior, había dispuesto este tipo de persecución por portación de rostro a toda hora. 

* Se avisará a los jueces por el daño ambiental producto de «la quema de neumáticos u otras sustancias contaminantes». 

Pasado, presente y futuro

Durante el gobierno de Mauricio Macri siguió vigente el protocolo «de Garré» que priorizaba la seguridad de los manifestantes y el diálogo, canalizado por civiles, no por las fuerzas. Sin embargo, fue como si no existiera. Es bien conocida la política represiva y de persecución que se aplicó desde el Ministerio de Seguridad que encabezaba Bullrich. En las protestas, como la que cuestionó la reforma previsional en 2017 o la que reclamó la aparición de Santiago Maldonado o incluso la marcha por el Paro Internacional de Mujeres, entre otras, hubo detenciones a mansalva con el falso argumento de «atentado y resistencia a la autoridad» (incluso gente que pasaba por el lugar), hubo decenas de heridos y gente torturada en comisarías. La Gendarmería fue la fuerza estrella de Bullrich. La que persiguió incluso a Maldonado, en una cacería contra la Comunidad Pu Lof. La Prefectura fue la que mató por la espalda a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. La posibilidad de disparar plomo para las fuerzas de seguridad según su criterio de peligrosidad quedó habilitada por una disposición de la ministra que luego fue eliminada por la gestión de Sabina Frederic. 

«La nueva resolución obliga a las fuerzas de seguridad a actuar contra la Constitución. Es notorio que quienes se jactan de la defensa de la libertad convaliden la prohibición de la libertad de expresión y manifestación pacífica», dijo Frederic a Página/12. Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, sostuvo que «la gran trampa del anuncio de Bullrich es que transforma el derecho a protestar en un delito». «Va contra los estándares internacionales adoptados por nuestra Constitución. Estigmatiza a los sectores populares que sufrirán las consecuencias más perversas del ajuste, criminaliza a madres y padres que marchan con sus hijos en busca de mejores condiciones de vida. Bajo la mentirosa idea del orden, prohíben la protesta social». Los 40 años de democracia llegan con esta regresión que jaquea derechos fundamentales e instala la verdadera campaña del miedo.