NACIONALES
Por qué el Frente de Todos tardó en reaccionar ante el Partido Judicial

Después de numerosos años de soportar pasivamente el asedio judicial del macrismo, el pedido de juicio político a los jueces de la Corte y las denuncias contra los jueces que participaron en el convite multimillonario en Lago Escondido muestran un giro en la actitud del Frente de Todos.

El operativo clamor en el Frente de Todos erra la puntería cuando le reclama a Cristina Kirchner que asuma la candidatura presidencial. Si ella aclaró desde el principio que no se trata de un renunciamiento sino que fue proscripta por la guerra judicial, resulta por demás claro que la mira tendría que apuntar hacia los que la proscriben más que a la víctima de esa persecución. Esa idea quedó clara cuando en ese mismo discurso lanzó la consigna “mafia o democracia”.
Dicen que, en realidad, la vicepresidenta no tiene condena en firme y hasta que llegue a la última instancia, nada le impediría ser candidata, ganar las elecciones y asumir como presidenta. Pero los tiempos de la Justicia no los maneja ella sino sus perseguidores. Si ella ganara, todas esas instancias podrían sucederse con la misma velocidad con que el juez Sebastián Ramos cerró la causa contra Silvio Robles, el asistente de Horacio Rosatti. Puede ganar las elecciones y en dos días tener condena en firme.
El neoliberalismo está en proceso de decadencia en todo el mundo. En especial en América Latina demostró que no está dispuesto a entregar espacios que ocupó durante los años de hegemonía indiscutible. Los levantamientos violentos en Santa Cruz de la Sierra, contra el presidente Luis Arce, en Bolivia; el derrocamiento del presidente Pedro Castillo, y la sangrienta represión a las protestas populares en Perú y el intento de golpe contra Lula en Brasil dan cuenta del nuevo contexto.
Pero a esa lista hay que agregarle en letras mayúsculas el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. El neoliberalismo perdió la hegemonía absoluta en un mundo donde Estados Unidos, su principal bastión, está perdiendo centralidad y se debate para mantener su influencia, sobre todo en América Latina, a la que siempre consideró su “patio trasero”.
Un sector de la derecha dura ha crecido como producto lógico de ese nuevo contexto. El intento de magnicidio nunca fue “algo de loquitos”, sino la expresión de que las cosas están cambiando en América Latina. Es una ingenuidad, o expresión de mala fe, hablar de ese atentado fracasado sin relacionarlo con las otras acciones de violencia de la derecha en la región.
Pero la investigación del intento de magnicidio evitó abiertamente avanzar sobre los autores intelectuales y sobre los que financiaron al grupo terrorista. La jueza María Eugenia Capuchetti siguió las indicaciones de Mauricio Macri para que el atentado quedara en el grupito de marginales que tuvieron participación directa.
A diferencia de Brasil, en Argentina no se ha podido separar de su expresión judicial a esa tendencia explosiva de la derecha. Esa mezcla es una bomba de tiempo que puede hacer estallar la convivencia democrática y retrotraer al país a un pasado trágico.
En esta historia puede haber sorpresas, pero no hay coincidencias: una de las consecuencias de la primera audiencia por el pedido de juicio a los jueces de la Corte, fue la agresión en declaraciones periodísticas de una diputada del grupo de Javier Milei a la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y a Gustavo Molfino, familiar de desaparecidos.
Hay una conjunción de ambas circunstancias: la violación a los derechos humanos durante la dictadura y el pedido de juicio político a los miembros de la Corte.
La diputada Victoria Villarruel –una defensora de la dictadura y el genocidio– nunca se había presentado en alguna de las audiencias de esta comisión. Pero en este caso fue y no abrió la boca hasta que se retiró y declaró ante un grupo de periodistas contra la Madre de Plaza de Mayo y contra el familiar de desaparecidos.
Nadie podrá alegar que Nora Cortiñas es kirchnerista. Fue muy crítica durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Su presencia en la comisión de juicio político fue crítica incluso con el presidente Alberto Fernández: “El juicio político llega muy tarde. Estos jueces ya han hecho mucho daño, –dijo–, no solo beneficiaron a los grupos económicos y mediáticos, sino también a los genocidas de la última dictadura”. Y denunció el intento de la Corte de otorgar el 2×1 a los genocidas.
La ex detenida desaparecida, Patricia Isasa, denunció que había identificado al ex policía Eduardo Ramos Campagnolo, uno de sus torturadores, entre los colaboradores de Horacio Rosatti, cuando era intendente de Santa Fe. Pero el torturador permaneció en su puesto, protegido por el actual titular de la Corte.
Aunque Nora Cortiñas tiene razón, hay un dicho que dice “mejor tarde que nunca”. Resulta sorprendente que el Frente de Todos haya soportado sin reaccionar tantos años de jaqueo judicial. Al llevar a sus adversarios a los tribunales, el macrismo evitó el debate político y deslegitimó a sus adversarios.
Hay antecedentes de esta mala praxis en la historia de este país, como los de Bartolomé Mitre y Domingo Sarmiento cuando reprimieron a los caudillos federales. Escondieron el enfrentamiento político, acusaron de delincuentes a sus adversarios y en vez de represión dijeron que se trataba de una “guerra de policía” contra esos “delincuentes”.
Si en Brasil, fue el Supremo Tribunal de Justicia el que frenó la persecución judicial contra Lula y sus compañeros, en Argentina, la Corte Suprema, eligió hacer su juego en alianza con el macrismo y encubrió la persecución judicial contra el peronismo. Los mensajes del celular de Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad y Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, son reveladores de esa complicidad deshonesta.
Las denuncias contra los jueces que participaron en el convite multimillonario del Grupo Clarín en Lago Escondido, los pedidos de juicio ético para estos jueces en la Universidad, e incluso los repudios en los ámbitos relacionados con el mundo de la Justicia también tendrían que haber empezado antes. Igual que las convocatorias para repudiar a la Corte y exigir una reforma del Poder Judicial, como la que se hizo el miércoles frente a Tribunales.
La estrategia macrista fue desprestigiar a sus adversarios con denuncias falsas y causas abiertas por fiscales y jueces cooptados. Kirchneristas y peronistas reaccionaron como si se tratara de jueces y fiscales corrientes. La ofensiva contra los funcionarios judiciales cooptados por el juego político para deslegitimar a dirigentes, tiene que deslegitimarlos a ellos. Sin embargo, la reacción fue tardía.
Esta demora se puede explicar de muchas maneras y una de ellas es que para que sucediera esta reacción, tuvo que haber estas revelaciones, fruto, como alega ahora el macrismo, del espionaje ilegal. Y si recién ahora se conocen y no antes, cuando las necesitaba el peronismo, es porque el peronismo no hizo espionaje. Y porque estas revelaciones provienen de guerras internas del macrismo.
En esa interna se encuadra la brutal denuncia de Florencia Arietto que responsabilizó, con mucha razón, a Patricia Bullrich por los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. “El Estado no puede andar dejando muertos cada vez que ordena un desalojo” dijo. Las declaraciones de Arietto excedieron la interna y tomaron la dimensión de una denuncia judicial grave. El exceso que transforma la política en una carnicería es una marca del macrismo. Es la estrategia que ha utilizado en su disputa con el kirchnerismo, tanto desde el llano, como cuando fue gobierno.
Es una ley de la política: lo que se usa contra el adversario externo -el espionaje ilegal, la persecución judicial y la difamación– termina jugando también en la interna.
NACIONALES
Cristina Kirchner: «Nos persiguen porque igualamos a las sociedades»

Acompañada por expresidentes del Grupo de Puebla y por juristas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner trazó una línea de continuidad entre las persecuciones de las dictaduras militares y el actual ataque a la democracia desde el «partido judicial». «No nos van a perdonar nunca la reconstrucción de la economía y lo que pudimos construir en materia de derechos humanos», dijo.

“No fue solamente la economía sino lo que pudimos reconstruir en materia de derechos humanos. No nos van a perdonar nunca”. Está allí la razón de la persecución en los tribunales para Cristina Fernández de Kirchner, la razón de la condena y la proscripción que puede dejarla afuera de la carrera electoral. Y así lo hizo saber la vicepresidenta frente a un auditorio compuesto por expresidentes de la región y juristas que integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.
No fue un acto altisonante pero el mensaje fue concreto: ya no es el partido militar el que le respira en la nuca a la democracia, sino el partido judicial. Y ella lo sufre en carne propia. “Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, el lawfare lo es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos. Exactamente lo mismo”, dijo CFK mientras la aplaudían dirigentes de la región, integrantes del Frente de Todos y miembros de organismos de derechos humanos que se congregaron en el III Foro de Derechos Humanos, pero sobre todo para brindarle su apoyo después de la condena del Tribunal Oral Federal 2 en causa Vialidad. “No nos persiguen porque somos populistas. Nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social y por el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen”.
Rodeada de expresidentes que acompañaron sus mandatos como Evo Morales (Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) o José “Pepe” Mujica (Uruguay), CFK repasó cuáles fueron sus políticas que terminaron siendo combatidas desde los tribunales. En dos meses, de hecho, se cumplirán veinte años desde que su compañero, Néstor Kirchner, llegó a la Casa Rosada.
«Se inició en 2003 la construcción de una nueva Argentina. se empezó una Argentina diferente. Ese hombre junto con Lula, decidieron pagarle al FMI, para que nunca más pudiera dirigir la economía en la Argentina”, remarcó CFK. “Fue la década virtuosa. Fue el momento donde más se redujo la desigualdad económica y social en la región, esta es la clave. No nos persiguen porque somos populistas, nos persiguen porque igualamos sociedades, por la justicia social, el derecho de los trabajadores a participar en el producto bruto de lo que producen”, agregó.
Desde entonces, la apuesta tuvo que ver con reconstruir el Estado democrático constitucional, dijo CFK: no solo lo que representaba la Casa Rosada, sino lo que representaba el Poder Legislativo. En el Congreso, recordó, se compraban leyes y puso como ejemplo la denuncia de la Banelco para aprobar la flexibilización laboral de Fernando de la Rúa. “También le tocó a él –en referencia a Kirchner–, pese al 22 por ciento de los votos, reconstruir un Poder Judicial que había eliminado la mayoría automática y que había amenazado, no al gobierno sino a los argentinos con la dolarización de la economía».
El eje del rencor
Parte central de esa reconstrucción fue la política de verdad y justicia del kirchnerismo: la anulación de las leyes de impunidad y la renovación de una Corte Suprema que estuviera dispuesta a sostener la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedían juzgar a los responsables de crímenes atroces.
“Cuando Néstor llegó al gobierno, el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia no existía, no figuraba en las encuestas”, rememoró. “Los organismos seguían marchando, pero es más, hasta hubo ofrecimientos de declarar constitucionales las leyes de la impunidad, que Néstor rechazó”, contó la vicepresidenta.
El ofrecimiento no pudo más que haber salido de la Corte porque, para el momento en que Kirchner llegó al gobierno, ya estaba en el máximo tribunal el reclamo para la reapertura de los juicios. Era lo que se conoce como el caso Julián Simón con el que se mostró que era una incongruencia juzgar a los responsables de las apropiaciones de niños sin juzgar a quienes posibilitaron que esas sustracciones de menores sucedieran: es decir, a los que desaparecieron a sus padres y madres..
A partir de 2006, se reabrieron los juicios que tienen a más de 1000 condenados. Uno de ellos fue Jorge Rafael Videla, el dictador que murió mientras se lo juzgaba por su responsabilidad en el Plan Cóndor. “Todavía recuerdo esa tapa de Página/12, donde Videla decía que su peor época había llegado con los Kirchner”, evocó CFK. Se trataba de una portada de este diario de febrero de 2012.
El jurista Baltasar Garzón la miraba de costado y asentía. El exjuez español conoce bien la historia. En los tiempos de vigencia de las leyes de impunidad, él fue quien impulsó las investigaciones desde la Audiencia Nacional de Madrid por los crímenes de la dictadura de Videla y compañía.
En el público, había aplausos en todos los sectores del CCK. En general, las oleadas de vivas a CFK comenzaban desde atrás y encendían a los dirigentes que ocupaban las primeras filas. Entre quienes la aplaudían con ganas estaban el gobernador Axel Kicillof o los ministros Eduardo «Wado» de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia) o Jorge Taiana (Defensa). Muchos se sumaban al «Cristina presidenta» que explotaba cada tanto y que hacía batir las palmas de dirigentes de derechos humanos como Lita Boitano, que estaba sentada junto al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
El lado de la historia
La dictadura simbolizó las muertes y las desapariciones pero también la destrucción de un modelo de país. «En el ’76, se interrumpe un modelo de acumulación que simbolizó por sobre todo el peronismo, que fue la movilidad social ascendente. Yo soy hija de esa Argentina, de la movilidad social ascendente, donde la hija de un trabajador acudía a la universidad y también accedía a la presidencia de un país. En el ’76 se quiebra esa Argentina de producción y de trabajo. El golpe de ’76 marca a fuego y destruye ese modelo donde se progresaba a través del trabajo. Si trabajabas y laburabas te iba a ir bien», resaltó la vicepresidenta y lo miró a Marco Enríquez Ominami, que funcionó como organizador del acto. A él le habló de Chile y del laboratorio del neoliberalismo tras el golpe de Estado con el que Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende hace ya casi 50 años.
Los números pueden abrumar. La misma CFK reconoció que puede ser difícil hablarles a un pibe o a una piba de 20 años de los desaparecidos de hace 40 años, pero la historia de las persecuciones tiene un hilo conductor. «En realidad este lawfare que inunda toda la región fue precedido por otros instrumentos previos: la Doctrina de Seguridad Nacional. En ese momento las Fuerzas Armadas cumplieron en toda la región la interrupción de las democracias», dijo.
«Tal vez todos tengamos la sensación que es todo muy injusto. Es muy injusto. Este Poder Judicial que persigue a dirigentes políticos, en este caso una expresidenta, son los riesgos de la política. Cuando uno decide jugar de un lado, sabe que no es gratis. Cuando vas con los otros y con los medios, no tenes problemas. El problema es cuando uno decide jugar del lado de los intereses del pueblo y de las grandes mayorías nacionales», reafirmó.
En las próximas semanas, los abogados de CFK apelarán la condena que recibió epítetos como «engendro» por parte de Garzón. Los diarios alineados con la oposición vaticinan que podría haber novedades con la reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces en la Cámara Federal de Casación, pero la vicepresidenta el único mensaje que dejó es que se necesita coraje para no dejarse amedrentar por los tribunales.
«No me importa si me van a meter presa, lo que me importa es que volvamos a reconstruir un Estado democratico y constitucional en el cual las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado. Volver a construir un país que alguna vez tuvimos, se puede hacer porque alguna vez lo hicimos», dijo. Y hubo aplausos y una dosis de esperanza porque la vicepresidenta habló de futuro.
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