Por Karina Micheletto

«Por una factura de luz no van a cerrar las universidades». «Las partidas estuvieron congeladas en 2023, con el gobierno anterior. Nosotros las elevamos, son buenas noticias más que malas». La postura del gobierno de Javier Milei es monolítica y con un trazo grueso común: ante la denuncia urgente de las universidades nacionales porque con el presupuesto actual alcanza para funcionar, con suerte, un par de meses más, los voceros oficiales salen a responder en tándem que «con el kirchnerismo estábamos peor». Aunque los números concretos y reales lo desmientan. Mientras tanto, ayer diez rectores de las universidades públicas nacionales, en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), fueron al Congreso para pedir ayuda al poder legislativo: presentaron un crítico estado de situación y solicitaron que se trate allí la actualización presupuestaria para las universidades. Para el miércoles, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA convocaron a una Marcha Federal Universitaria en reclamo.

El país imaginario

“Yo no veo la decisión de estancar el presupuesto de las universidades, cosa que sí hubo previamente”, sostuvo sonriente el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en una de sus escasas intervenciones públicas, en una entrevista en La Nación. “Los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre de 2022. El último año de Alberto Fernández estuvieron congelados y eso se ha corregido, se lo ha elevado un 70 por ciento. Nosotros estamos recomponiendo la situación, son buenas noticias, más que malas», aseguró. 

Sin hacer referencia alguna a una inflación del 210 por ciento anual, ponderó además que «hay aumentos salariales todos los meses que les están dando a los docentes y no docentes, como sucede con el resto de los empleados estatales». Y cargó contra el CIN: «Hay más ruido que realidad, son comentarios para los medios. Las universidades van a seguir funcionando. No entiendo entonces cómo funcionaron un año y medio con los recursos congelados (en el gobierno anterior)». “Estamos empezando a corregir en un contexto de restricciones lo que no se corrigió en un contexto de emisión”, elogió.

«Las partidas estuvieron congeladas en 2023 y no escuché quejas el año pasado, todas las quejas de repente vienen con el presidente Milei», fue por la misma línea el vocero Manuel Adorni. «Por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes, es un problema que las universidades plantean no para ahora, para un futuro», evaluó. 

Números reales

El exdecano de Exactas de la UBA, Jorge Aliaga, mostró algunos números de la realidad: La cuota mensual acordada por CIN para 2023 fue exactamente de 5.926.971.777 pesos mensuales, mientras que lo ya acordado para este año era de 15.669.654.798 pesos. Sin embargo, la cuota con el aumento del 70 por ciento en marzo pasado fue de 10.075.851.995 pesos. En el medio hubo una inflación anual del 210 por ciento. Tanto en 2023 como el año anterior, cuando aparecía una disparada inflacionaria superior a la proyectada, se asignaban ajustes a esa cuota acordada. 

«Lo que dice el secretario Torrendel es falso, porque hubo un incremento presupuestario en el presupuesto general del 2023 y una duplicación de los gastos de funcionamiento en noviembre y diciembre del mismo año», aseguran desde la gestión anterior de Educación. «En enero de 2024, este gobierno reduce al 50 por ciento los gastos de funcionamiento y plantea un incremento del 70 por ciento, sobre el 50 por ciento de los gastos, por tanto hay un recorte de 15 puntos de lo que se cobró en diciembre. Las universidades están funcionando con un presupuesto prorrogado, ajustado, que no era la realidad del 2022, era un presupuesto que en septiembre del 2022 votó el Congreso y entró en vigencia el primero de enero del 2023», argumentan.

Guillermo Durán, actual decano de Exactas, suma el detalle de que esos gastos de funcionamiento representan menos del 10 por ciento del presupuesto universitario: resta la masa salarial. «En el trimestre diciembre-enero-febrero dieron un 16 por ciento de aumento. Con inflación del 70 por ciento, perdimos monstruosamente, es un tercio del valor real de nuestros salarios», calcula. «Hay muchas cosas que ya no vamos a poder pagar», confirma, y concluye: «Lo último que queremos y que va a pasar es cerrar la facultad. Pero puede pasar que la realidad nos cierre».  

El caso del nuevo edificio Cero + Infinito, donde se cursan la mayoría de las materias de la Facultad, es emblemático en ese sentido: por un convenio que se firmó en la gestión de Mauricio Macri y que comenzó a ejecutarse en la de Alberto Fernández, durante sus primeros diez años sus gastos de funcionamiento (mantenimiento, seguridad, limpieza) son asumidos por el Gobierno nacional, por fuera de las partidas universitarias. Las cuatro empresas contratadas para estas tareas no cobran desde diciembre. «Cuando Adorni dice: no hay desfinanciamiento sino redireccionamiento, hay áreas que nos interesan como inteligencia artificial, también está mintiendo. Porque ese es el edificio donde se forma en computación, ciencias de datos, y tampoco lo están sosteniendo. Así que el ajuste es parejo», concluye. Como símbolo concreto y visible del desfinanciamiento, el martes a las 13 habrá un abrazo al edificio, en Ciudad Universitaria.