Tienen el mismo presupuesto del año pasado. Y les están llegando facturas de servicio impagables. Rectores impulsan una ley para sobrevivir. El caso de Comahue.

Por Pablo Esteban

La situación de las universidades nacionales es crítica: con el mismo presupuesto que en 2023 y con una inflación interanual que supera el 270 por ciento, el dinero disponible solo alcanzará para mayo o junio. Al menos, así lo han dejado entrever diversas autoridades en el último tiempo. Sin embargo, las primeras alarmas ya están encendidas: este lunes, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) informó que, por falta de fondos, deberá dejar de pagar servicios básicos de funcionamiento como limpieza, luz y gas correspondientes a marzo. De hecho, hay rectores que afirman que, en estas condiciones, el inicio del segundo cuatrimestre podría estar en riesgo. De concretarse, la parálisis podría dejar a 300 mil trabajadores docentes y nodocentes en la calle y a 2,5 millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras. En paralelo, legisladores afines buscan discutir un proyecto de ley de emergencia con el objetivo de asegurar la supervivencia en medio de la crisis. El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el jueves 25 de abril.

Beatriz Gentile, rectora de la UNCo, en diálogo con Página 12, señala lo siguiente: “Están llegando las boletas de las tarifas de febrero. Si bien técnicamente no estamos en cesación de pagos porque nos faltan conocer algunos importes que todavía no tenemos en nuestro poder, es muy probable que sí lo estemos. Por lo que ya estamos previendo, no estamos en condiciones de pagar todos los servicios si no tenemos el refuerzo prometido”. El gobierno de Javier Milei había prometido un incremento de un 70 por ciento para los gastos de funcionamiento, pero hasta el momento ese dinero no fue recibido por las instituciones. En esta línea, aunque solo representa un aumento en el 5 por ciento del presupuesto total (ya que la enorme mayoría se destina a salarios), aún no fue acreditado por las casas de educación superior.

Si, en el mejor de los casos, las universidades no cierran en los sucesivo, el hecho de ajustarlas de manera que solo puedan funcionar al mínimo de sus posibilidades impacta de manera directa en su presente y las perspectivas futuras. “Si tomamos el servicio de la luz, solo para las unidades académicas que están en Neuquén Capital más una tarifa de agua rionegrina, ya tenemos el 40 por ciento de los gastos totales de nuestro presupuesto de funcionamiento. Hay que pensar que la UNCo está presente en otras ocho localidades”, explica la rectora.

Por el momento, las tarifas de gas de febrero no serán altas porque el consumo no fue significativo, pero basta con imaginar lo que sucederá cuando las temperaturas empiecen a disminuir y se requiera de calentar los espacios para asegurar un mínimo de condiciones en el dictado de clases. Bajo esta premisa, Gentile comenta: “Hay tarifas que no vamos a poder pagar y lo tenemos en claro. Ya recortamos servicios de telefonía. Vamos a sentarnos con los proveedores y ver qué podemos hacer, pero es muy complejo porque como tenemos muchas sedes, debemos arreglar con diferentes empresas que prestan los servicios. Todas las situaciones son particulares”. Y agrega: “La mayoría de las universidades están en la misma que nosotros. Es bueno que se conozca para que la sociedad pueda tenerlo en cuenta”.

La información que refería a la situación que afronta la Universidad Nacional de Comahue, originalmente, fue compartida durante el fin de semana por la cuenta defensa.unco, de la que participan docentes, nodocentes y estudiantes de la institución. “Llegó ese triste día que no queríamos que llegara. Nuestra querida Universidad Nacional del Comahue ya entró en la etapa de cesación de pagos. Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la universidad pública”. En otro pasaje, el posteo sigue: “Se verá afectado por ejemplo el servicio de limpieza, intensificándose la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frio”.

La Universidad Nacional de Quilmes registró la semana pasada una situación similar que fue comunicada a través de sus redes sociales. Con un consumo equivalente, el gasto en energía eléctrica en el primer bimestre de 2023 fue de 4.827.120 de pesos, mientras que en el primer bimestre de este año la cifra llegó a 20.125.103 de pesos. A partir del #universidadenemergencia difundió de manera concreta la situación que afronta tanto a su comunidad como al resto de la sociedad.

En la misma línea a lo que menciona Gentile y a la UNQ, otras instituciones ya racionalizan el uso del papel higiénico como la Universidad Nacional de Rosario. Desde la UBA, advirtieron que ya corren serio riesgo de interrupción las actividades de los hospitales universitarios, a los que en muchos casos se van a atender y realizar tratamientos pacientes sin obra social.

Esta situación se suma a otras que se dieron a comienzos de la cursada cuando algunas instituciones de educación superior debieron notificar que se recortaría la oferta de materias que los estudiantes podrían elegir para cursar, ante la imposibilidad de poder pagar asignaturas extra. También hay casos en que se debieron cortar los programas de becas de ayuda para aquellos alumnos que necesitan, así como la suspensión de actividades de investigación y extensión.

Resistencia activa

Los próximos 10 y 11 de abril gremios docentes realizarán 48 horas de paro. Además de la falta de presupuesto para gastos de funcionamiento, el otro tema se vincula con las paritarias: a pesar de una inflación del orden del 70 por ciento, los incrementos salariales ofrecidos durante el 2024 suman tan solo el 18 por ciento (de los cuales el 6 por ciento había sido pactado durante la gestión anterior).

Desde espacios concretos como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por ejemplo, organizan clases públicas, banderazos y cacerolazos para difundir una situación crítica que deja a las universidades al borde del abismo. Va en línea con el spot que hacia fines del mes pasado compartieron desde la Universidad de Buenos Aires con la leyenda “Ciudemos lo que funciona”. Algo similar a lo que sucedió con el festival Elijo crecer: Ciencia x Argentina, que durante sábado y domingo, en más de 100 ciudades distintas, los científicos y universitarios se reunieron en plazas y espacios públicos para compartir con la sociedad lo importante que es apoyar la continuidad de los sitios de producción de conocimientos.

Más allá de las movilizaciones que se realizan desde meses atrás, el gobierno redobla la apuesta y responde a la resistencia con más motosierra. Desde la secretaría de Educación se canceló el envío de fondos al Centro Regional UNLP Espacio exESMA de Memoria y DDHH por ser considerado un “centro de adoctrinamiento ideológico”, en donde se cursan carreras como periodismo deportivo y otras de arte. Va en línea con el ejercicio de penar el adoctrinamiento en los colegios que el actual gobierno impulsa. Frente a ello, la Agrupación Rodolfo Walsh denunció mediante redes sociales: «Ante el ataque directo del Gobierno de Javier Milei a nuestra casa de estudios, en este caso en la extensión en la Casa de la Militancia – H.I.J.O.S., dentro del predio del Espacio Memoria, nos organizamos y seguimos defendiendo nuestro derecho a estudiar ahí».

Entre la resistencia y las cancelaciones que efectúa el gobierno, emerge un proyecto legislativo propuesto por la diputada radical Danya Tavela. El texto declara la emergencia presupuestaria y, a través de esta situación, indica que el 85 por ciento del presupuesto anual debe destinarse a salarios y el resto para gastos de funcionamiento. Los montos, según la iniciativa, deberían actualizarse cada dos meses a partir de indicadores como el índice general de precios al consumidor, la variación de la cotización de la divisa de referencia para las importaciones y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos.

Los aportes no se detienen

Desprestigian a las universidades –posiblemente las instituciones con mayor legitimidad social en el país– para justificar el ajuste. De hecho, a pesar de la crisis, continúan dando respuestas. Es el caso reciente de la Universidad Nacional del Chaco Austral que, ante el brote de dengue, incrementó su producción de repelentes en 4 mil unidades diarias para comercializarlos a precios accesibles y de manera gratuita según los casos. Un papel que va en consonancia al que desempeñaron otras durante la pandemia de covid, al montar centros de diagnóstico y desarrollar kits autóctonos ante la imposibilidad de importarlos.

Las universidades, una vez más, sortean el juego de la oferta y la demanda, y brindan respuestas de calidad para proteger a la población. Algo que la mano invisible del mercado que tanto pondera este gobierno jamás garantiza.

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