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Ollas populares y asambleas en plazas de todo el país

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular y otras organizaciones sociales anunciaron una jornada de protesta para este viernes 22.
Laura Vales

Por Laura Vales

No sólo el Frente de Lucha Piquetero saldrá a la calle esta semana, a pesar del protocolo represivo lanzado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, reforzó con la amenaza de quitar el Potenciar Trabajo a quien haga un corte: también los movimientos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto a otras organizaciones aliadas, anunciaron una jornada de protesta. La realizarán el viernes 22, con asambleas y ollas populares en todo el país. El mismo día habrá una jornada de lucha de ATE.

Los referentes de la UTEP se juntaron este lunes para discutir qué hacer frente al ajuste. El lugar fue una parroquia del Bajo Flores, donde a sus integrantes históricos sumaron a las agrupaciones territoriales de las dos CTA, así como a Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Fetraes y el Frente Milagro Sala.

“Hay que mostrar en las calles una postura clara sobre cuestiones como el protocolo antipiquete”, definieron. Otro de los temas de preocupación es la cuestión de los alimentos, porque con la disparada de los precios, más personas se están acercando todos los días a los comedores y merenderos.

Está en juego, por otra parte, el rol que las organizaciones sociales tendrán en el programa Potenciar Trabajo, del que hasta ahora eran -como algunas ONG de la iglesia y los municipios-, entes ejecutores, es decir organizadores de proyectos productivos (cooperativas textiles, de reciclado, etc) o sociocomunitarios (comedores, promotoras de salud y de género). Luego están los programas como el de Integración Socio Urbana o el Argentina Recicla, de los que no se sabe qué tipo de continuidad (o no) tendrán.

Las ideas acordadas por los referentes fueron no aislarse, dar respuestas coordinadas, buscar ampliar el arco de las organizaciones participantes.

Con este piso en común, el viernes harán asambleas y ollas populares en las plazas de todo el país. Posiblemente sin cortar la calle, pero haciéndose visibles.

El sábado y domingo, ya algunos movimientos como Somos Barrios de Pie habían empezado a hacer rondas de consultas entre sus referentes barriales para debatir acciones. Los impulsó la crisis de los comedores.

“El Gobierno impulsa medidas económicas que no son más que un ajuste criminal que, en términos sociales, implican una caída abrupta de los ingresos. Hoy estamos discutiendo sobre si un sector importante del país va a tener alimentos en su mesa. La sociedad no votó este proceso grosero de empobrecimiento general que lleva adelante el ministro (Luis) Caputo”, advirtió la organización que coordina Daniel Menéndez.

Por esto el viernes, Somos Barrios de Pie definió sumar a las asambleas una movida de sus comedores a las puertas del Ministerio de Capital Humano, para llevarle a la ministra Petovello el reclamo de que amplíe la asistencia alimentaria.

La presión sobre los comedores y merenderos es doble: por un lado deben aumentar la cantidad de viandas, pero al mismo tiempo tienen menos insumos. Productos frescos como la carne en menos de diez días pasaron de costar 3500 pesos el kilo a 7 mil pesos; los responsables de armar las viandas están reduciendo sus porciones o directamente suspendiéndolas. También lidian con el desabastecimiento de productos secos (fideos, arroz, yerba) porque el gobierno nacional aún no les entregó los envíos que correspondían a noviembre y diciembre.

La ministra saliente, Victoria Tolosa Paz, dejó a los comedores mal abastecidos -por los incumplimientos en la entrega de alimentos, durante todo el 2023 las organizaciones más afectadas, las de Ia Unidad Piquetera, hicieron continuas marchas de reclamo-. Su sucesora Pettovello aún no ha dado respuesta a los reclamos que las organizaciones le plantearon sobre la política alimentaria, a pesar del golpazo que está significando para las familias más pobres el combo de devaluación y no renovación del programa de precios regulados por el Estado.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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