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Nueva marcha para repudiar a la Corte: respaldo al juicio político y reclamo por la proscripción de CFK

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Un nutrido grupo de organizaciones sociales, sindicales y políticas se convocó frente al palacio de Tribunales de la calle Talcahuano. «Es la primera de una larga serie de movilizaciones».

Por: Tatiana Scorciapino

Organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharon esta tarde al Palacio de Justicia de la Nación en el centro porteño para apoyar el pedido de juicio político contra los cuatro magistrados que integran la Corte Suprema. Bajo el lema de “democratizar la justicia”, miles de personas se agruparon en Talcahuano al 550 para exigir una reforma judicial y ponerle fin al “lawfare” que persigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre las agrupaciones convocantes se encontraron la CTA, la CTA Autónoma, el Frente Sindical, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), la CGT, la CCC y la APDH. Además de las Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora que se hicieron presentes de la mano de Taty Almeida y Nora Cortiñas.

Quien también se hizo notar fue la figura de Axel Kicillof que, aunque ausente, estaba siendo representado por sus ministros Cristina Álvarez Rodríuez (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo), quienes se acercaron hasta la puerta del edificio en que se encuentra el Máximo Tribunal para mostrar su apoyo a la convocatoria.

La ministra de Gobierno bonaerense habló con Tiempo y expuso su preocupación frente al avance de la justicia: “Estamos frente a una Corte que no sólo se apropió del Consejo de la Magistratura vulnerando una ley y sin respetar la división de poderes sino que también, en tiempo record, sacó un fallo a favor de la ciudad más rica del país en detrimento de las provincias. Tenemos un tribunal que quiere gobernar como si fuera el Poder Ejecutivo y decidir como el Legislativo. No podemos permitir ese avance. Lo que empezó estos días en el Congreso es la posibilidad de que los poderes en la Argentina funcionen con independencia.”

En la misma línea, el diputado nacional y líder del sindicato de canillitas, Omar Plaini, se sumó al reclamo de división de los poderes y afirmó: “Tenemos que tener claro que sin una justicia independiente no podremos reafirmar el estado de democracia que tanto nos costó conseguir.”

Además, el líder sindical, en diálogo con este diario, cuestionó la decisión de la justicia de impedir que Cristina Fernández de Kirchner ejerza cargos públicos y calificó a la misma como una violación al derecho constitucional. “Con la decisión que tomó ese tribunal, la justicia proscribió nuevamente al peronismo. Y nosotros como frente no podemos aceptar eso de ninguna manera. Por eso estas movilizaciones se van a reafirmar de carácter permanente.”

Sumándose a sus compañeros de espacio, el diputado nacional del Frente de Todos Juan Marino celebró la inmensa convocatoria y destacó que la movilización es la “contestación al comunicado de los más de 500 empresarios que salieron a criticar el juicio político a la Corte sólo para defender sus negocios.” El militante del Partido Piquetero reprochó el rechazo de la oposición a tratar el proyecto en el Congreso y se diferenció de esta al decir que estas movilizaciones cuidan a la democracia del “avance de los poderes mafiosos”.

Respecto a la muestra de unidad entre todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se congregaron en la Plaza Lavalle, el fundador de Unidad Piquetera sostuvo que “esta es la unidad que estamos pidiendo en el Frente de Todos. Necesitamos que se concrete el llamado a la mesa política a nivel nacional para ponerse al frente de este reclamo. Esta movilización inicia hoy y va a continuar con diferentes marchas a lo largo del tiempo hasta culminar con una inmensa convocatoria el 24 de marzo. El presidente es quien tiene la responsabilidad de convocar a esa mesa y que esta, en primer lugar, discuta cómo amplificar la militancia y la lucha contra la mafia judicial para cuidar los derechos de todos los sectores populares.”

Las tres figuras del frentetodismo afirmaron que, además de instalar el tema en la agenda mediática, es necesario que el resto de la sociedad se interese en su tratamiento y comprenda la necesidad de contar con una justicia independiente: “Tenemos que concientizar a la población para que la gente se involucre. Hay muchos momentos de nuestra vida que están atravesados por estos tribunales. La Corte autorizó los monopolios de compañías de internet y estos cobran mes a mes lo que les parece. Estas prácticas afectan directamente al bolsillo de la gente y no son casuales. Por eso es necesario que la gente sepa qué está pasando y, por sobre todo, que participe”, sintetizó Álvarez Rodríguez.


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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