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Moratoria jubilatoria hasta que tengamos ley 

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Gisela Marziotta

Por Gisela Marziotta

Después de 18 años es la primera vez que no hay una moratoria vigente para que los trabajadores y las trabajadoras que no cuentan con 30 años de aportes puedan jubilarse. La conquista de este derecho empezó el 16 de diciembre de 2004, cuando el Congreso sancionó la Ley 25.994, impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Lo que está pasando desde el 31 de diciembre de 2022 cuando venció la prórroga que se había firmado el 23 de julio del mismo año es grave: no estamos garantizando el acceso a un derecho y no estamos conteniendo una necesidad

Si bien es cierto que se esperaba contar antes de que terminara el 2022 con la Ley de Pago de Deuda Previsional, lamentablemente cuando se iba a debatir en la Cámara de Diputados la oposición no dio quorum para su tratamiento. Hoy nos encontramos sin una moratoria jubilatoria vigente, por un lado porque no se logró la sanción de la ley por la irresponsabilidad de la oposición que obstruyó el funcionamiento de la Cámara de Diputado y por otro lado porque venció el 31 de diciembre la que estaba vigente y no se prorrogó. 

Esta realidad que deja a diario a miles de trabajadores y trabajadoras sin la posibilidad de acceder a este derecho tiene solución si se cuenta con la determinación política de resolverla: a largo plazo con una ley (que ya está en el Congreso Nacional y que tiene media sanción de la Cámara de Senadores) y en la urgencia que tenemos en este tiempo, mediante un decreto presidencial que extienda la moratoria vencida hasta que se sancione el proyecto y tengamos ley, se reglamente y se aplique.

¿Por qué digo todo esto? Porque la sanción de la ley que busca a dar una herramienta para tener mas previsibilidad en materia previsional, no es de aplicación inmediata debido a que llevará un tiempo su instrumentación. Por eso, mientras no tenemos ley, necesitamos la prórroga de la moratoria que estaba vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado.

La voluntad política de los diputados y diputadas del Frente de Todos es que este proyecto sea ley lo antes posible, pero insisto, hay un mientras tanto, que deja a muchas personas sin jubilación. Por eso, necesitamos de la voluntad política del Poder Ejecutivo para contener esta situación en el mientras tanto. Estamos en un escenario en el que la voluntad política puede dar una respuesta concreta a cientos de miles de personas. La firma del presidente Alberto Fernández es el primer paso para dar esa respuesta y empezar a solucionar un problema central de nuestra sociedad. 

El segundo paso es apelar a la responsabilidad institucional de la oposición para que se sienten en sus bancas, den quorum y permitan el debate y tratamiento de este proyecto. Donde existe una necesidad nace un derecho, dijo alguna vez Eva Perón, como forma de sintetizar el espíritu del peronismo. Es esa la línea que debemos seguir. Y hoy esa necesidad está en las cientos de miles de personas mayores que no pueden jubilarse. Nuestra tarea es hacer concretos los derechos. 

En Argentina solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres tienen la cantidad de aportes necesarios para jubilarse, por ello, se requieren acciones urgentes tanto del Legislativo y del Ejecutivo. 

Las leyes de moratoria permitieron a las personas que alcanzaban la edad jubilatoria pagar los años faltantes hasta 60 cuotas con un descuento de los haberes mensuales. Hubo dos leyes de moratoria: la primera (24476) sigue vigente y hoy requiere tener alrededor de 18 años de aportes efectivos para acceder al beneficio, y la segunda (26970), solo se aplicaba a mujeres y hoy requiere alrededor de 7 años de aportes, pero se pueden reducir años por tareas de cuidadoEsta ley perdió su vigencia el 31 de diciembre de 2022. Jubilarse en Argentina en estas condiciones es muy difícil debiendo alcanzar entre 18 y 12 años de aportes para ingresar en una moratoria, como exige la ley vigente (24.476).

Esta situación hace que en la práctica la mayoría de las mujeres tengan que esperar hasta los 65 años para acceder a una prestación universal de adulto mayor, que es el 80% de una jubilación mínima que es lo que se paga con la PUAM. Con esta situación que comenzó a instrumentar el gobierno de Mauricio Macri, lo que se logró es de hecho bajar la mínima y aumentar la edad de las mujeres para jubilarse. Además de demorar el acceso a la percepción de un ingreso y el acceso a la salud que proporciona PAMI, obstaculiza el ingreso de nuevos trabajadores al mundo laboral.

Por eso, es necesario tratar rápidamente el proyecto de Plan de Pago de Deuda Previsional y que sea ley, y en el mientras tanto, hasta lograr su efectiva puesta en vigencia, necesitamos que el Poder Ejecutivo amplíe los efectos de la ley 26970, como pide el proyecto 2623-D-2022 que presenté el año pasado, para que puedan acceder a su jubilación una mayor cantidad de argentinas y argentinos, ya que incluye el acceso de los hombres. Donde hay una necesidad, hay un derecho, pero para que eso sea una realidad efectiva se requiere de acciones inmediatas como tomar la agenda de la gente y trabajar en ese sentido.

Como en muchas otras áreas, tenemos la suerte de tener antecedentes dentro de nuestro espacio político. La política previsional fue una prioridad tanto para Néstor como para Cristina, quienes lograron una verdadera reparación por parte del Estado. ¿Por qué son importantes las moratorias? Porque son la vía a través de la cual se genera la mayor cantidad de altas jubilatorias. Durante el primer trimestre de 2022, por ejemplo, el 65 por ciento de las altas jubilatorias fueron por vía de moratorias. De todas las jubilaciones por moratoria, en suma, un 74 por ciento se concretó mediante la Ley 26.970. Esta tendencia seguirá creciendo en el futuro. Según los datos del Observatorio Gente en Movimiento, en la actualidad un 60 por ciento de las personas que están a diez años o menos de la edad jubilatoria no están aportando al sistema previsional. Tenemos la responsabilidad ética de dar respuestas a las personas que más necesitan del Estado, y también tenemos la responsabilidad histórica porque somos parte de un movimiento que tiene como bandera la Justicia Social. Resulta necesario entonces que no miremos para otro lado ante lo urgente. Sin moratoria no hay justicia social.

* Diputada nacional del Frente de Todos


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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