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La nueva etapa de Precios Justos incluirá más rubros y regirá hasta junio

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El programa sumará 124 empresas, lo que tendrá un total de 482 marcas participantes. Los acuerdos no solo serán de productos alimenticios sino que también abarcará los rubros textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos.

El Gobierno nacional lleva adelante negociaciones con empresas para dar inicio a una nueva etapa del programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y que incluirá más rubros y una reducción del promedio de aumentos desde el 4% hasta el 3,2%.

Según informaron a Télam fuentes oficiales, en el marco de la hoja de ruta planteada por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, se va a ampliar el programa Precios Justos, por lo que el acuerdo será más grande debido a que va a incluir a más sectores de la economía y la producción.

Precios Justos es un acuerdo voluntario, con lo cual las empresas tienen el compromiso de cumplir, y como en el actual esquema, incluirá a a varios actores: empresarios, trabajadores, municipios, asociaciones de defensa al consumidor y ciudadanos.

Por el momento, los rubros que incluiría son consumo masivo, calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil, insumos difundidos, a los que seguramente irán incorporándose más sectores durante esta semana.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de adelantar los acuerdos se dio luego de una evaluación de las metas fiscales y de acumulación de reservas, al entender que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos en el marco de un sendero promedio y ampliando la participación de sectores y empresas, así como extender el plazo de vigencia hasta el 30 de junio próximo.

En consumo masivo, dentro del programa se mantendrán los 2 mil productos a precio fijo, si bien podría haber una rotación en los artículos que conforman la oferta, mientras que el resto seguirá una pauta de 3,2% de aumento promedio, menor al 4% fijado en el entendimiento inicial.

De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos cuatro meses dado que más de 450 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio.

El secretario de Comercio, Matías Tomobolini, dijo el pasado viernes que el programa Precios Justos sumará a unas 124 empresas con lo cual alcanzará a 482 participantes y detalló que «en materia de stock ronda el 70%, la señalización 77%, y en precios fijos el 98%, el desafío más grande de esto es que el producto este en la góndola, que el abastecimiento se cumpla».

En diálogo con Radio con Vos, Tombolini remarcó que «en materia de inflación estamos ocupados, porque nos preocupa, trabajando con todos los sectores que podemos para tratar de conseguir un sendero descendente y que los precios aumenten cada vez más despacio que el mes anterior».

En materia de fiscalización, desde que comenzó la gestión de Tombolini se hicieron 7.770 inspecciones, en supermercados y mayoristas 4.488, de Ahora 12 hubo 2.051 inspecciones y más de 1.813 en puntos fijos de Precios Justos.

«Se confeccionaron multas por 440 millones de pesos que estaban pendientes de tratamiento, y desplegamos hace 15 días en una cadena de autoservicios en 300 locales en todo el país se labraron 79 actas y se clausuraron 3 locales», detalló el secretario.

En la primera y actual etapa de Precios Justos, que comenzó en noviembre del año pasado, se estableció una canasta de precios fijos en unos dos mil productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios entre el Gobierno y empresas productoras y comercializadoras.

A su vez, el acuerdo estableció un sendero de precios para que otros 30 mil productos esenciales no superen el 4% de aumento mensual en esta primera etapa.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1077 publicada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado, el programa Precios Justos se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Al acuerdo original se le sumaron a fin de noviembre las petroleras, que pactaron que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo de este año.

Asimismo, hay acuerdos vigentes en los rubros textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos.

En diciembre, el índice de precios al consumidor aumentó 5,1% y acumuló una suba de 94,8% durante todo el 2022.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en diciembre la suba del 4,7% que registró la medición en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más incidió en la mayoría de las regiones.

En 2022, se destacó la suba anual de 120,8% en prendas de vestir y calzado; 108,8% en bares y restaurantes; y 95% para alimentos y bebidas no alcohólicas.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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