El Presidente presentó finalmente el paquete de leyes con el que pretende ajustar el Estado. Entre sus principales propuestas está declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años.

El presidente Javier Milei envió al Congreso la «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos».

«Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación», argumenta el texto publicado en la cuenta de la Oficina del Presidente.

Milei, por su parte, celebró la presentación del proyecto con el que prentende desregular las leyes argentinas en un posteo en sus redes sociales: «Vamos por una Argentina libre y próspera. Viva la libertad carajo».

Qué dice el proyecto de ley

En la introducción, el Gobierno explica que una de sus propuesdtas es que «haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. Esto implicaría que se deleguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todos esos ámbitos.

Privatización de las empresas públicas

Se dispone la privatización de aquellas empresas y sociedades «de propiedad total o mayoritaria estatal» entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; YPF;  Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

Como ya se había anticipado, la intención del Gobierno es constituir sociedades anónimas «en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad».

Sin permiso para protestar

El proyecto también propone la modificación del artículo 194 del Código Penal para endurecer las penas a los manifestantes, estén o no presentes al momento de la protesta. Mientras que el texto vigente establece de tres meses a dos años de prisión para «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas», el Gobierno de Milei quiere penar con dos a cuatro años de cárcel a quienes con un arma interrumpan el servicio de transporte público; con dos a cinco años a «quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado» estén o no en el lugar y con tres a seis años a quienes amenacen a una persona con sacarle la «asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole» para que asistan a una protesta.

Con permiso para disparar

Asimismo, la propuesta del Gobierno es reformar el artículo 34 del Código Penal para extender la definición de la legítima defensa y habilitar que no serán penados quienes obren «en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo».

El Código vigente, por el contrario, establece que «las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo».

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