SOCIEDAD
Milei busca derogar la moratoria previsional
Si la Ley Bases se aprueba, los que no sumen los años de aporte cuando lleguen a la edad de jubilarse podrían solo acceder a la PUAM, equivalente al 80% de la mínima.
El proyecto de Ley Bases enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Javier Milei propone derogar la última moratoria previsional aprobada por la ley 27.705 en febrero de 2023, por 2 años y prorrogable por otros 2 años.
El proyecto del Frente de Todos fue aprobado en ese momento por 134 votos a favor y 107 en contra y permitió que durante el año pasado se jubilaran 460.000 personas que no tenían los años de aportes necesarios para hacerlo.
La iniciativa ofreció un plan de pagos con dos componentes
1) A quienes ya tienen la edad para jubilarse (60 años las mujeres y 65 años los hombres), pero no cuentan con los aportes suficientes se les ofrece cancelar la deuda previsional en cuotas mensuales pudiendo saldar años anteriores a 2008 hasta 120 cuotas. Cada mes adeudado es equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible
2) A quienes se encuentran a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria, pero tienen deuda previsional y no van a alcanzar a tener los aportes para jubilarse, se les permite cancelar períodos pasados de aportes faltantes, los cuales no pueden ser posteriores a marzo de 2012. Cada período a cancelar también es equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible.
En la Anses remarcaron en ese momento que la moratoria iba a tener un costo fiscal bajo, se mencionaba que estaría en torno al 0,20 por ciento del PIB de 2023 y afirmaban incluso que ese gasto podría ser menor porque se iba a reducir la cantidad de personas que tramitan la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) destinada a aquellos que no están en condiciones de jubilarse, la cual otorga un monto equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima.
A su vez, estaba la posibilidad de que quienes se encontraban a 10 años o menos de cumplir la edad jubilatoria y adeudaban aportes, pudieran ir cancelando períodos pasados, situación que sumaba una vía de recaudación adicional.
El costo fiscal no fue tan relevante como en otras moratorias porque el 95 por ciento de las personas en condiciones de jubilarse ya estaban jubiladas y eso es algo que se logró con las moratorias previas. De hecho, antes de la puesta en marcha de estos planes de pago, solo el 50 por ciento de las personas que estaban en condiciones de jubilarse podían hacerlo.
Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional cuestionó la nueva moratoria. «Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos», aseguró el organismo en marzo del año pasado. Lo que exigió básicamente es que el costo fiscal de 0,20 por ciento del PIB se compensara con otros recortes. Fue entonces cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió a avanzar con mayor ajuste del gasto, incluyendo una profundización de la política de recorte de subsidios a los servicios públicos a partir de la profundización de la segmentación por ingreso.
Ahora el gobierno de Milei propone directamente derogar la moratoria. Por lo tanto, si el Congreso aprueba la Ley Bases quienes no tengan los años de aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM a los 65 años, tanto varones como mujeres, para cobrar apenas el 80 por ciento del haber mínimo, independientemente de la cantidad de años que hayan aportado y siempre que puedan demostrar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
En ese caso las más afectadas serán las mujeres porque la PUAM se puede tramitar a partir de los 65 años y las mujeres están en condiciones de jubilarse a partir de los 60 años. Por lo tanto, aún si no tienen ingresos deberán esperar 5 años para cobrar este beneficio no contributivo. No está claro que pasará con aquellas personas que tienen turno para realizar el trámite si la ley se aprueba antes de que lo concreten. Lo único que dice el proyecto de Ley Bases en su artículo 274 es “deróguese la ley 27.705”.
Referentes del partido SER denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio
En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.
La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Ayer, los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.
Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.
Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.
En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.
Puntos claves:
- Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
- Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
- Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
- Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
- Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.
“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.
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