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Massa avanzó con planes de financiamiento para las represas de Santa Cruz

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Fue luego de uno de sus encuentros en el país asiático con empresarios encargados de la construcción de las represas en Santa Cruz.

El ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó hoy en completar financiamiento por US$ 1.000 para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic ubicadas en la provincia de Santa Cruz, fondos que además servirán para apuntalar las reservas internacionales ya que se concretarían en julio.

“Junto a Máximo Kirchner, Flavia Royón y Agustín Gerez, nos reunimos en Shanghái con directivos del China Gezhouba Group y su presidente Liu Huailiang, con quienes concretamos el financiamiento de Represas del Río Santa Cruz por más de 1.000 millones de dólares”, escribió Massa, en sus redes sociales.

Massa señaló que también se avanzó en “con la financiación para la construcción de dos plantas depuradoras y de tratamiento cloacal de AySA_Oficial para mejorar la calidad de vida de 1,6 millones de personas”.

El ministro anticipó que “junto al presidente de State Grid, Shan Shewu y a su vicepresidente Liu Ming, trabajamos en el financiamiento de la ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, que desarrollará las líneas de alta tensión del AMBA y beneficiará a 1.8 millones de personas”.

En un comunicado de prensa, Massa precisó que entre sus primeros encuentros, se reunió con representantes del Grupo Gezhouba (CGGC), «con quienes trabajó sobre el Proyecto Represas del Río Santa Cruz, que prevé completar el segundo tramo de los más de US$ 1.000 millones previstos para el 2023 para mediados de julio de este año».

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “es importante acordar temas que nos sirven para el presente, pero sobre todo acordar las inversiones que servirán para el futuro”. Además, señaló que “Argentina necesita salir de la discusión del día a día y tener una mirada estratégica para el desarrollo”.

“Hoy es un buen día porque avanzamos no solamente con desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas, sino que además a largo plazo arreglan la luz de 8 millones de personas, el agua y las cloacas de 1.600.000 personas, que resuelven el tema de generación eléctrica, generación energética por vías renovables y que nos permiten generar más competencia para el segundo tramo de Gasoducto”, agregó Massa.

En el encuentro, el Ministro estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, Leandro Gorgal; el Presidente de ENARSA, Agustín Geréz; y el Diputado Nacional, Máximo Kirchner. En representación de Gezhouba estuvieron presentes el Presidente, Liu Huailiang, Wang Fang; y el Subgerente General, You Xuhua.

En relación a las represas, Máximo Kirchner destacó que “el desarrollo de este proyecto permitirá a la Argentina ampliar sustancialmente el parque de generación hidroeléctrico” y que “la incorporación de los más de 1.300 MW de potencia permitirá a su vez garantizar la diversificación de la matriz energética local aportando generación limpia al Sistema Argentino de Interconexión”.

“Los acuerdos e intercambios realizados en este viaje permitirán garantizar el ritmo de ejecución de la obra con el objetivo de cumplir con las fechas previstas de finalización”, añadió.

Más tarde, el titular de Economía se reunió con autoridades de la empresa Power China encabezadas por su economista jefe adjunto, Ji Xiaoyong, con quien se avanzó en el diálogo sobre el financiamiento del tramo 2 del Gasoducto Néstor Kirchner.

En este encuentro, también se sumaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el Vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el Diputado Nacional, Diego Sartori; y el director nacional de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral, Matías Mana.
Asimismo, el Ministro mantuvo una reunión de trabajo junto al Presidente de la empresa State Grid, Shan Shewu, y el Vicepresidente de la compañía, Liu Ming, con quienes se avanzó en la agenda del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (PROASTEE), que prevé el desarrollo de líneas de alta tensión para beneficiar hasta a 8 millones de personas en el AMBA.

Tras el encuentro, Máximo Kirchner manifestó que “la concreción de este importante proyecto de infraestructura, cuya inversión asciende a los 1.100 millones de dólares, permitirá potenciar el desarrollo de la industria electromecánica local y de la construcción, generando miles nuevos puestos de trabajo y nuevas áreas de especialización”.

Al respecto, Royón precisó que el Proyecto “va a permitir mejorar la calidad de servicio, e incorporar la generación de energías renovables del sur del país, del norte y el Litoral al AMBA” con “620 km de líneas de Alta Tensión, una nueva Estación Transformadora (ET) y readecuaciones de otras ET”.

Asimismo, la Secretaria indicó que se trata de “un conjunto de 20 obras con un financiamiento aproximado de 1.100 millones de dólares y con casi 8 millones de beneficiarios”. “Permite tener un acceso a la energía más competitiva por el sistema de transporte y permitirá además incorporar generación más eficiente”, agregó.


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Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal

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El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.

Por María Cafferata

Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei. 

Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra. 

«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.

RIGI

A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.

Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.

Impuesto a las Ganancias

Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas). 

Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán. 

Privatizaciones

Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza. 

Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados. 

Blanqueo de capitales

Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.   

Moratoria previsional

Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor. 


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