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Magistratura: Efecto búmeran que vuelve sobre la propia Corte Suprema

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Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema contra Doñate, el juez Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Magistratura al considerar que la UCR y el PRO son un mismo bloque. El debate, los escenarios y la pregunta que dejó picando Juliana di Tullio: «¿E ora che facciamo, Rosatti?»

Irina Hauser

Por Irina Hauser

Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. La resolución se refiere tanto al mandato que ya cumplió, que terminó hace diez días, como al nuevo, para el cual todavía no prestó juramento. El argumento es que si se les concede un representante al bloque del PRO y otro al de la UCR –que participaron juntos en las dos últimas elecciones–  «se estaría vedando de participar a la real segunda minoría» de la Cámara baja, situación que, dice el juez, sería similar a la que se planteó en el Senado y que llevó a que la Corte Suprema anulara la designación de Martín Doñate por la división del bloque oficialista. La decisión pone en un brete al alto tribunal, que la semana pasada anunció en una acordada que tomaría juramento a los diputados y diputadas designados para formar parte del organismo (aunque no puso fecha), no así a los representantes del Senado ante la nueva judicialización de parte del senador del PRO Luis Juez. 

La senadora del Frente de Todos, Juliana di Tullio, ilustró este escenario en un tuit donde cita un tramo del fallo. «Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN (Corte Suprema) en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR. ¿E ora che facciamo, Rosatti?«, ironizó en su publicación.

El primer párrafo del fallo que cita dice: «De otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque de la UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el citado fallo (el referido a Doñate). Ello, porque los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto que busca representar a tres espacios políticos diferentes». También le ordena a la presidencia de la Cámara (de Diputados) dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical». O sea, deberían enviar un nuevo nombramiento. 

Panorama complejo

Todo este embrollo ha logrado hasta ahora como resultado, que el Consejo, que elige y sanciona a los jueces y juezas, siga paralizado. El punto de partida fue el fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad de la integración del organismo y ordenó reponer la ley de 1997, que contempla 20 miembros y pone como presidente al mismo titular supremo, ahora Horacio Rosatti. Hasta el 18 de noviembre último hubo una composición de transición. La designación original de Doñate, por la segunda minoría, fue denunciada por Juez, que quería ese lugar. Los supremos la anularon el 8 de noviembre último porque consideraron que el bloque del Frente de Todos se había dividido mediante un «ardid» para lograr esa banca. La nueva designación de Doñate está judicializada otra vez. Por ahora, la jueza Alejandra Biotti se declaró incompetente y dijo que debería intervenir el juez que ya lo hizo en la demanda anterior, Pablo Cayssials, quien había fallado a favor de Doñate. El nombramiento de Reyes fue denunciado el año pasado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Su designación corrió por cuenta del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. 

Esto último es lo que resolvió finalmente Cormick en un fallo que, igual que el de la Corte, parte de la base de que la justicia pude opinar sobre este asunto y no sería una intromisión en otro poder. A su entender, la designación de Reyes viola la propia ley del Consejo, en este caso la que estaba derogada y repuso la Corte. «El espíritu de la ley –dice el fallo– es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes. Dos integrantes del partido que cuenta con mayor cantidad de votos y un integrante de cada uno de los siguientes», en alusión a la primera y segunda minoría tanto del Senado como de Diputados. Citó como ejemplo las conformaciones del organismo previas a su composición de 13 miembros –que estuvo vigente desde 2006– y señaló que siempre estuvo claro que eran tres bloques diferenciados los que tenían representación. Coincidió con la Corte en que «si se permitiera, antes o después, que un conjunto de legisladores dividieran bloques, aunque fueran candidatos de la misma lista, se estaría produciendo lo que la Corte advierte como ‘la instrumentación de un artificio o artimaña'» que a su entender es más reprochable cuando se «procura lesionar la exigencia de representación política….». 

Ahora se abren varios caminos posibles y no está claro aún qué sucederá primero:   

* Según el fallo, la presidencia de la Cámara de Diputados debería designar a un/a nuevo/a representante por la segunda minoría. Quienes se sienten aludidos como tales son los integrantes del Interbloque Federal, pero aún no definieron si reclamarán el lugar. La otra cuestión clave es qué hará la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que es quien podría apelar. Tampoco estaba claro al cierre de esta nota. 

En tribunales no descartan que se presente la propia Roxana Reyes, quien hasta ahora no lo había hecho. El juzgado podría aceptarla como parte. 

El otro punto es qué hará la Corte Suprema, que la semana pasada anunció que les tomaría juramento a los diputados cuyos nombres envió la presidencia de la Cámara: Vanesa Siley y Rodolfo Tailadhe, del Frente de Todos, por la mayoría; Alvaro González  por el PRO y, precisamente, Roxana Reyes por el radicalismo. El fallo de Cormick es bastante específico al señalar que no se refiere sólo a la designación de Reyes del año pasado. En la parte resolutiva sostiene: que hace lugar a la acción de amparo del diputado Martínez «declarando nula la resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o alianzas a las que ya le han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría». ¿Esperarán los supremos a una nueva designación? ¿O a que el pleito llegue a sus despachos? ¿O a Reyes le tomarán juramento? 

Así las cosas, hasta el momento, el Consejo está rengo, sin los representantes legislativos. Sólo juraron los estamentos de jueces, abogados,  académicos y el delegado del Poder Ejecutivo. 

Rechazo de la UCR 

La diputada Reyes retuiteó el comunicado del bloque de diputados de la UCR que salió a cuestionar al juez Cormick y sostuvo que su fallo es «arbitrario, político, nulo y extemporáneo» y que fue dictado para generar «confusión». Para el radicalismo «no afecta la validez y cumplimiento» de la resolución de Diputados que designó a los nuevos consejeros. Sostiene que el magistrado se mete en la «interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente intima a la Cámara de Diputados a designar a los representantes del Consejo de una forma que no es la prevista por la ley (…) la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques…». Intentan, a la vez, diferenciarse con la discusión en el Senado por el nombramiento de Doñate: «No se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el PRO son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional». Lo que sucede es que Cormick amplía la interpretación. Para los radicales la discusión ya era abstracta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a los cuestionamientos del radicalismo con argumentos similares. 

Ahora hay final abierto y hay que ver cómo se posiciona la Corte en este caso, si usa los mismos argumentos que aplicó a Doñate, tratándose de una representante de la UCR.   


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Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

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La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción. 

David Cufré

Por David Cufré

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.

Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos. 

Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.

Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.

La lista

La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.

El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.

En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María GuidoJorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.

En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.

Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.

Dictadura

Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.

El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió. 

Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.

Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo. 

Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.

Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.

Menem, De la Rúa, Macri

Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.

Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retrocederMilei no será la excepción.


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