Los rectores de las universidades nacionales resolvieron sumarse a la convocatoria de una gran marcha nacional, el próximo martes 23 de abril, en defensa del sistema público de educación superior y contra el ajuste de fondos que aplica el Gobierno. La movilización estaba siendo organizada por los sindicatos de profesores y de trabajadores no docentes, así como por los centros de estudiantes, nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA). Con el voto unánime de todos sus miembros, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó participar de la protesta que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y reclamó que se normalice el envío de recursos.

«Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria», planteó el CIN.

El Consejo reunió este martes a su 91° plenario de rectoras y rectoras, en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Participaron autoridades de las 73 instituciones universitarias que integran el consejo y, entre otras cosas, eligieron nuevas autoridades: el nuevo presidente del CIN es el rector de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo. 

El dato saliente de la jornada fue la aprobación de un documento donde los rectores alertan sobre la crisis presupuestaria que sufren las universidades. «La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave», afirmaron, y exigieron una «urgente respuesta por parte de los poderes del Estado Nacional». 

Como parte del escenario, detallaron la pérdida de poder adquisitivo, la suspensión de obras de infraestructura que estaban en ejecución, la paralización de los sistemas de becas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). «Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis«, aseguraron.

A la hora de convocar a la movilización educativa del 23 de abril, pusieron de relieve la importancia que tiene en la Argentina la enseñanza universitaria. «La sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, no solo por su tarea de formación de hombres, mujeres, diversidades y personas con discapacidad con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados», remarcaron.

La declaración buscó interpelar a las autoridades gubernamentales. «Reclamamos que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa», afirmaron. «El futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación«.

En diálogo con Página/12, Moriñigo señaló que «no es la expertise del CIN convocar a marchas o participar de manera directa, pero la situación lo amerita en función de darles la visibilidad a los inconvenientes que tenemos como sistema universitario».

El nuevo presidente del CIN mencionó como principales urgencias no soló revertir el ajuste presupuestario y el retraso salarial que enfrentan docentes y no docentes, sino también un «problema de carácter político» con las autoridades gubernamentales, con un «manto de duda y cuestionamiento sobre todo lo público, sobre lo estatal, en donde las universidades no escapamos a los cuestionamientos por parte del Gobierno». 

La caída del presupuesto, explicó, trastocó las prioridades y el debate en el ámbito universitario. «Nos gustaría mucho más hablar de las nuevas carreras, del mundo del trabajo, de la inteligencia artificial, de qué universidades necesitan los jóvenes y el mundo de hoy, cómo podríamos transformar la educación superior argentina para volverla más moderna», subrayó. «Estábamos preparados para tener otra agenda, pero lamentablemente estamos hablando de las tarifas, de los gastos de funcionamiento, del combustible». 

Informe: Juan Pablo Pucciarelli.