INFO. GENERAL
La UBA convocó a una conferencia de prensa ante el ataque del gobierno

El rector de la casa de estudios, Ricardo Gelpi, el consejo superior y los decanos responderán de esa manera a la embestida de Casa Rosada. Presentarán una propuesta para sumar un nuevo mecanismo «extraordinario» a los controles que ya existen. Milei continuó denostando desde las redes. Primer golpe de la SIGEN y una advertencia del jefe de los rectores.
Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en la que mostrarán las auditorías que se le realizaron en los últimos años. Su rector, Ricardo Gelpi, acompañado por el consejo superior y los decanos de las facultades saldrán a responder así la ofensiva del presidente Javier Milei. En el encuentro, la UBA presentará su propuesta para sumar a los controles que ya existen una nueva instancia de auditoría extraordinaria “independiente, transparente y de carácter externo”. Mientras tanto, el gobierno filtró a los medios afines el primer golpe de la SIGEN contra las universidades: fuentes del organismo -que no se identificaron-, dijeron que entre 2020 y 2022 la UBA no rindió 8 mil millones de pesos. Este mecanismo de armar denuncias mediáticas, con acusaciones que en muchos casos luego no se comprueban, es el habitual operativo libertario para deslegitimar una política y luego justificar los recortes en su presupuesto.
La UBA presentó días atrás un recurso para que la justicia haga una declarativa de certeza sobre si es la SIGEN, un organismo que depende del Poder Ejecutivo, quien debe auditarla. Plantea que ya está siendo controlada por la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Legislativo y que quedó a cargo de esta tarea en 2022, cuando el ex procurador Carlos Zannini le limitó a la SIGEN tal atribución al considerar que las universidades públicas tienen autonomía.
Hace dos semanas, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra emitió un dictamen para que la SIGEN retome las auditorías a las universidades. Así se llegó a esta discusión: aunque algunos rectores prefieren no entrar en debate para que no se instale el discurso del gobierno (“no se dejan auditar porque son chorros”), otros opinan que no se puede confiar en lo que vaya a hacer un organismo que depende de la presidencia. En la UBA, están convencidos de que Milei «intenta intervenir a las universidades públicas», según señalaron en el comunicado que convoca a la rueda de prensa, prevista para las 8.30 en Viamonte 444.
El motivo del conflicto, sin embargo, no es auditorías sí o no, sino el recorte de presupuesto a las universidades. El 90 por ciento de los fondos son destinados a pagar los sueldos de docentes y no docentes, que en lo que va del año perdieron un 45 por ciento de poder adquisitivo.
Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Universitario Nacional -la coordinación de todas las universidades públicas-, habló sobre este desplazamiento del eje de la discusión. Entrevistado para el programa Rayos X, de Tuny Kollmann, advirtió que si el desfinanciamiento universitario no logra ser revertido, “las universidades nos vamos a replegar a lo mínimo y por ejemplo la UBA no va a poder tener la misma oferta. Nosotros tampoco, vamos a dejar de salir de San Luis, cada uno se va a replegar, las universidades vamos a quedar reducidas a una mínima expresión».
Agregó que por los malos sueldos hay profesores que dejaron de enseñar en las facultades para ir a dar clases a las secundarias, que pagan mejor la hora, y otros directamente se están yendo a universidades de otros países.
«Esa situación va a traerle a la universidad muchos dolores de cabeza, porque no vamos a poder sostener el nivel académico al que estamos acostumbrados. Hoy toda la expectativa está en poder salvar al año que viene. El gobierno propuso un presupuesto de 3,3 billones para las universidades públicas, cuando necesitamos 7. Ojalá que en la discusión por el presupuesto 2025 nos vaya mejor que con la ley de financiamiento universitario».
La información filtrada a los medios hegemónicos fue un documento de la SIGEN que sostiene que “la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89 por ciento de los fondos que recibió en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR”. En el cálculo del organismo, hubo unos 8 mil millones sobre los que la casa de estudios no especificó su destino y utilización. Las mismas fuentes no identificadas de la SIGEN anticiparon que le pedirán a la UBA documentación sobre la compra de materiales, la contratación de servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento en general y el uso de la caja chica.
Milei, que en la semana acusó a las autoridades de las universidades públicas de ser “unos delincuentes” y “uno chorros”, este domingo continuó con su campaña de denuestos. En sus redes insistió en que a la marcha universitaria contra el veto a la ley de financiamiento los convocantes “tuvieron que sumar a los sindicatos y estudiantes truchos”. Su mensaje es que la UBA “no quiere ser auditada” porque tiene cosas que ocultar.
Por otra parte, el sábado la Asamblea Interfacultades, realizada con estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la UBA, a la UTN y a la UNA, aprobó realizar una tercera Marcha Federal Universitaria el próximo el 12 de noviembre. La medida es por ahora una propuesta que deberá ser debatida y aprobada por otras universidades del resto del país.
INFO. GENERAL
Alerta máxima en el kirchnerismo: creen que es inminente la detención de Cristina

En el Instituto Patria creen que la Corte fallará el próximo martes y se declaran en «alerta y movilización».
El senador Oscar Parrilli llamó por teléfono a el diputado Eduardo Valdés este viernes para comunicar el estado de alerta que vive por estas horas el Instituto Patria, bajo la convicción de que la Corte fallará contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad el martes próximo, en la reunión de acuerdos. La ex Presidenta y su entorno creen que su detención sería inminente.
La preocupación del kirchnerismo se palpa en los frenéticos mensajes que cruzan legisladores, dirigentes y militantes, tan solo para compartir la angustia ante una decisión que imaginan inminente, luego que la Corte removiera el ultimo obstáculo procesal al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti. En el Instituto Patria confirmaron a LPO este viernes que no hay interlocución con el máximo tribunal.
Si la Corte falla y confirma la sentencia contra Cristina antes del 19 de Julio, no podrá ser candidata a diputada en las elecciones bonaerenses de septiembre, donde las encuestas indican que tiene buenas probabilidades de ganar en la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano, la zona más popular y poblada de la provincia.
Un camarista reconoció a LPO que existen presiones de sectores del poder para que Cristina vaya presa, algo que también habían admitido los senadores cuando se trató el frustrado proyecto de Ficha Limpia en el Senado. «En Argentina siempre es un mal momento para fallar, porque hay elecciones cada dos años y casi siempre estamos en campaña electoral», matizó un juez federal para conceder que la Corte puede resolver el caso ahora.
Ante la posibilidad de la detención de la ex presidenta, el kirchnerismo analizaba este viernes movilizarse. El diputado kirchnerista y secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó ante la prensa que «tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no». En el despacho de una colega suya del bloque peronista, confirmaron a LPO que la definición del momento en el peronismo es de «alerta y movilización».
Tiene que haber una expresión popular que le diga basta de este tipo de manejos arbitrarios para imponer a los argentinos quién puede ser candidato y quién no.
Un juez de Comodoro Py que conoce a la ex presidenta afirmó a LP que Cristina esperaba este escenario. «De un momento a otro, los jueces pueden dar ‘enter’ para fallar o posponer la sentencia, ella lo sabía y por eso apuró su candidatura y los trató de guardia pretoriana», dijo en referencia al reportaje que le concedió Cristina a C5N el pasado lunes.

Como sea, las posibles consecuencias de una detención de Cristina eran analizadas este viernes en todo el sistema político. Una lectura es que el peronismo podría hacer una pausa en sus divisiones para defender a la actual presidenta del PJ, principal partido de la oposición, lo que también sugiere un posible impacto internacional.
«De la Rúa metió preso a Menem para tapar el ajuste y no le sirvió de nada», recordó un dirigente peronista de larga trayectoria y agregó: «en Brasil lo metieron preso a Lula, parecía que no pasaba nada y después volvió a ser electo Presidente». En efecto, el impacto de una detención de Cristina sobre el gobierno de Milei no es un tema menor.
«Es una bomba neutrónica en el peronismo», opinó con una mirada menos romántica uno de los dirigentes más importantes de esa fuerza. El gobierno, en tanto, podría experimentar el relativo alivio de no arriesgarse a una derrota en la tercera sección electoral que, como publicó LPO, amenaza con garantizarle la victoria al kirchnerismo en el resultado global del territorio bonaerense si la diferencia es abismal.
El peronismo, por supuesto, planteará la detención de Cristina como la proscripción de la ex presidenta. Esa es la razón por la que hasta un diputado macrista repetía hasta el cansancio cuando se discutió el proyecto de Ficha Limpia que «a Cristina hay que ganarle en las urnas».
Una decisión inminente de la Corte iría en contra de la jurisprudencia no escrita del máximo tribunal, acerca que no resuelve casos de corrupción que afecten o inhiban los derechos políticos de un posible candidato en un año electoral.
Como sea, las opciones de la Corte serían la de negarse a tomar el caso, por medio de la apelación del artículo 280 del Código Penal, y dejar firme la sentencia de la Cámara de Casación o abrir los recursos de queja y revocarlos, con el mismo desenlace para la ex presidenta. Pero los ministros también podrían revisar los recursos y tomar el de la fiscalía, que duplica la condena a 12 años bajo la figura de asociación ilícita, lo cual dilataría el proceso y otorgaría más tiempo a Cristina.
Con información de la Política On-Line
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