INFO. GENERAL
La UBA convocó a una conferencia de prensa ante el ataque del gobierno

El rector de la casa de estudios, Ricardo Gelpi, el consejo superior y los decanos responderán de esa manera a la embestida de Casa Rosada. Presentarán una propuesta para sumar un nuevo mecanismo «extraordinario» a los controles que ya existen. Milei continuó denostando desde las redes. Primer golpe de la SIGEN y una advertencia del jefe de los rectores.
Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires convocaron a una conferencia de prensa para este lunes en la que mostrarán las auditorías que se le realizaron en los últimos años. Su rector, Ricardo Gelpi, acompañado por el consejo superior y los decanos de las facultades saldrán a responder así la ofensiva del presidente Javier Milei. En el encuentro, la UBA presentará su propuesta para sumar a los controles que ya existen una nueva instancia de auditoría extraordinaria “independiente, transparente y de carácter externo”. Mientras tanto, el gobierno filtró a los medios afines el primer golpe de la SIGEN contra las universidades: fuentes del organismo -que no se identificaron-, dijeron que entre 2020 y 2022 la UBA no rindió 8 mil millones de pesos. Este mecanismo de armar denuncias mediáticas, con acusaciones que en muchos casos luego no se comprueban, es el habitual operativo libertario para deslegitimar una política y luego justificar los recortes en su presupuesto.
La UBA presentó días atrás un recurso para que la justicia haga una declarativa de certeza sobre si es la SIGEN, un organismo que depende del Poder Ejecutivo, quien debe auditarla. Plantea que ya está siendo controlada por la Auditoría General de la Nación, que depende del Poder Legislativo y que quedó a cargo de esta tarea en 2022, cuando el ex procurador Carlos Zannini le limitó a la SIGEN tal atribución al considerar que las universidades públicas tienen autonomía.
Hace dos semanas, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra emitió un dictamen para que la SIGEN retome las auditorías a las universidades. Así se llegó a esta discusión: aunque algunos rectores prefieren no entrar en debate para que no se instale el discurso del gobierno (“no se dejan auditar porque son chorros”), otros opinan que no se puede confiar en lo que vaya a hacer un organismo que depende de la presidencia. En la UBA, están convencidos de que Milei «intenta intervenir a las universidades públicas», según señalaron en el comunicado que convoca a la rueda de prensa, prevista para las 8.30 en Viamonte 444.
El motivo del conflicto, sin embargo, no es auditorías sí o no, sino el recorte de presupuesto a las universidades. El 90 por ciento de los fondos son destinados a pagar los sueldos de docentes y no docentes, que en lo que va del año perdieron un 45 por ciento de poder adquisitivo.
Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Universitario Nacional -la coordinación de todas las universidades públicas-, habló sobre este desplazamiento del eje de la discusión. Entrevistado para el programa Rayos X, de Tuny Kollmann, advirtió que si el desfinanciamiento universitario no logra ser revertido, “las universidades nos vamos a replegar a lo mínimo y por ejemplo la UBA no va a poder tener la misma oferta. Nosotros tampoco, vamos a dejar de salir de San Luis, cada uno se va a replegar, las universidades vamos a quedar reducidas a una mínima expresión».
Agregó que por los malos sueldos hay profesores que dejaron de enseñar en las facultades para ir a dar clases a las secundarias, que pagan mejor la hora, y otros directamente se están yendo a universidades de otros países.
«Esa situación va a traerle a la universidad muchos dolores de cabeza, porque no vamos a poder sostener el nivel académico al que estamos acostumbrados. Hoy toda la expectativa está en poder salvar al año que viene. El gobierno propuso un presupuesto de 3,3 billones para las universidades públicas, cuando necesitamos 7. Ojalá que en la discusión por el presupuesto 2025 nos vaya mejor que con la ley de financiamiento universitario».
La información filtrada a los medios hegemónicos fue un documento de la SIGEN que sostiene que “la UBA no rindió entre 2020 y 2022 el 89 por ciento de los fondos que recibió en el marco de diferentes programas universitarios como el FUNDAR”. En el cálculo del organismo, hubo unos 8 mil millones sobre los que la casa de estudios no especificó su destino y utilización. Las mismas fuentes no identificadas de la SIGEN anticiparon que le pedirán a la UBA documentación sobre la compra de materiales, la contratación de servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento en general y el uso de la caja chica.
Milei, que en la semana acusó a las autoridades de las universidades públicas de ser “unos delincuentes” y “uno chorros”, este domingo continuó con su campaña de denuestos. En sus redes insistió en que a la marcha universitaria contra el veto a la ley de financiamiento los convocantes “tuvieron que sumar a los sindicatos y estudiantes truchos”. Su mensaje es que la UBA “no quiere ser auditada” porque tiene cosas que ocultar.
Por otra parte, el sábado la Asamblea Interfacultades, realizada con estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la UBA, a la UTN y a la UNA, aprobó realizar una tercera Marcha Federal Universitaria el próximo el 12 de noviembre. La medida es por ahora una propuesta que deberá ser debatida y aprobada por otras universidades del resto del país.
INFO. GENERAL
DIGI Derechos: el Estado capacita para garantizar una ciudadanía digital segura

Desde el 1ᵒ de julio, agentes públicos de Santa Cruz participarán de una capacitación en derechos digitales organizada por la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez. El objetivo es fortalecer el sistema de protección y acompañar a niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales.
Con el compromiso de garantizar una ciudadanía digital segura y promover el ejercicio pleno de derechos en todos los ámbitos, la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia lanza la capacitación “DIGI Derechos”, dirigida a agentes de la administración pública provincial. La formación comenzará el martes 1ᵒ de julio en el Centro de Capacitación Energético Minero de Fo.Mi.CRUZ.
Esta iniciativa se enmarca en una estrategia integral de formación ciudadana con perspectiva de derechos, y tiene como eje central la prevención de problemáticas como el ciberacoso, el grooming y otras formas de violencia en plataformas digitales.
“La capacitación tiene como objetivo principal fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y garantizar que sus derechos sean protegidos también en los entornos virtuales”, explicó la directora provincial de Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia, Daniela Gallardo, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos.
Capacitar para acompañar
Gallardo destacó que la propuesta está diseñada específicamente para agentes estatales y se desarrollará con una metodología participativa y reflexiva: “Buscamos que el contenido sea accesible, dinámico y significativo. Invitamos a pensar juntos: ¿Cómo acompañamos a las infancias y adolescencias en entornos digitales? ¿Qué implica hoy hablar de ciudadanía digital?”, expresó.
A lo largo del ciclo se abordarán nociones clave como identidad digital, huella digital y el impacto que generan los contenidos compartidos en redes sociales sobre niños, niñas y adolescentes.
“Apuntamos a generar entornos digitales seguros. Queremos que las personas adultas se reconozcan como responsables de garantizar estos derechos. Lo que se sube a Internet ya no nos pertenece, y eso también impacta en la niñez y la adolescencia”, remarcó Gallardo.
Formación para la transformación social
La propuesta formativa incluirá también espacios de foro y debate, orientados a construir una mirada crítica y comprometida sobre los desafíos actuales en materia de derechos digitales.
Gallardo fue enfática al señalar que es necesario abandonar la idea de que solo las juventudes comprenden el mundo digital: “Solemos atribuirles el saber tecnológico a los chicos y nos desentendemos. Pero el verdadero desafío es que los adultos nos involucremos, nos formemos y actuemos desde la promoción y la prevención, no sólo ante la vulneración”.
Corresponsabilidad e impacto institucional
Desde la Subsecretaría se enfatiza la necesidad de una participación activa por parte de todos los agentes públicos, entendiendo su rol como corresponsables en la construcción de una ciudadanía digital con derechos.
“Esperamos que quienes participen se apropien de estos conceptos, y se animen a problematizar las situaciones de vulneración en entornos digitales. Que sepan qué hacer, cómo actuar y cómo acompañar a las infancias para construir entornos seguros, justos y respetuosos”, concluyó Gallardo.
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