El Indec dio a conocer la cifra de la primera mitad de este año; en el mismo período del 2020 había llegado al 40,9%; en tanto, la indigencia fue del 10,7 por ciento en la primera parte de 2021

La pobreza fue del 40,6% en el primer semestre del año, mientras que la indigencia alcanzó al 10,7% de la población, según publicó este jueves el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, casi 19 millones de personas son considerados pobres por no poder cubrir el costo de la canasta básica total.

La pobreza abarcó a 18,8 millones de habitantes y la indigencia a casi 5 millones, según la proyección al total país de 46,4 millones de personas de la Encuesta Permanente de Hogares en 31 aglomerados urbanos con una población de 28,9 millones de personas.

Un año antes, en el primer semestre del 2020, la pobreza había sido del 40,9% en el primer semestre del año, lo que implicó que unos 18,5 millones de personas en todo el país no lograran cumplir con sus necesidades básicas; a su vez, la indigencia trepó entonces al 10,5%, equivalente a 4,8 millones de personas.

La pobreza abarcó a 18,8 millones de habitantes y la indigencia a casi 5 millones, según la proyección al total país de 46,4 millones de personas de la Encuesta Permanente de Hogares en 31 aglomerados urbanos con una población de 28,9 millones de personas

El resultado del principal indicador social estuvo muy cerca del que había marcado el organismo estadístico para el primer semestre de 2020, en que los índices de pobreza e indigencia treparon desde el 35,5% con que terminó el 2019 a 40,9% por el impacto inicial de la pandemia y las medidas de aislamiento social en la economía y en los ingresos de los hogares.

En la comparación más inmediata, el segundo semestre de 2020 había terminado con un índice de pobreza de 42%, mientras que la indigencia trepó al 10,4%, el nivel más alto desde 2004. Según los expertos, la falta de recuperación real de los puestos de trabajo y del poder de compra de los salarios evitó que los números de la pobreza muestren una mejoría relevante en los últimos meses, en que el Gobierno celebró una recuperación económica.

Una de las razones que explica la persistencia de la pobreza es que la carrera entre los salarios y los precios fue, en la primera mitad del año -hasta donde tiene alcance el relevamiento del Indec- por algunos puntos porcentuales favorable al IPC (o desfavorable a los ingresos de los hogares), aunque al observar la composición del mercado laboral se ve una enorme disparidad entre sectores, y entre los registrados y los no registrados.

En ese sentido, los más vulnerables fueron los empleados informales. Según los últimos datos oficiales, este segmento de mercado laboral es, por lejos, el más perjudicado. Hacia junio acumulaba casi 12 puntos porcentuales de desventaja contra el ritmo de suba de precios, mientras los ingresos habían aumentado en promedio 13,8%, la inflación acumulada hasta ese momento había sido de 25,3 por ciento.

En ese sentido, el Indec marcó en el informe de este jueves que la brecha de pobreza, es decir la distancia monetaria que hay entre los ingresos promedio de un hogar pobre (37.803 pesos) es un 40% inferior al dinero que necesitaría para cubrir el costo de la canasta básica, de $62.989. Para el caso de la indigencia, esa brecha es levemente menor (37,7%) ya que una familia indigente tiene en promedio un haber de $16.741 mientras requirió $26.875 para acceder a la canasta alimentaria.

Los informes locales sobre la evolución de la pobreza que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había referido a que la pobreza pasó en los últimos meses a estar más explicado por el desplome del poder de compra de los salarios de algunos sectores del mercado laboral antes que por la falta de empleo, que fue más característico de los primeros meses de la pandemia.

“El aumento de precios resulta mayor, por lo que se observa un deterioro en las condiciones de vida medidas por el ingreso, que ya presentaban altos niveles de pobreza (y en particular, de indigencia) en el primer trimestre de 2020, cuando los efectos del ASPO aún no habían aparecido”, aseguró el informe del Gobierno porteño