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La pobreza aumentó y afecta al 39,2% de la población, según el INDEC

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La cantidad de personas pobres se incrementó en la segunda mitad del 2022.

La pobreza afecta al 39,2% de la población, informó este jueves el INDEC sobre la base de datos relevados en el segundo semestre del año anterior, y representa un incremento respecto del 36,5% que se había detectado en el primer semestre de 2022.

En total hay 11,5 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 2,4 millones son indigentes, de acuerdo con la estadística oficial.

Las cifras del INDEC abarcan a una parte de la población, por lo que si se proyectan a todo el país la cantidad de pobres rondaría los 17,6 millones de personas.

Los datos se conocen en medio de un escenario marcado por la sequía, los salarios en baja y una inflación que no da tregua, por la que se presume que la tendencia seguirá en sentido ascendente.

Los analistas habían anticipado en la previa que el número de la pobreza superaría el 40%, un salto que se explica por la escalada del índice de precios, que cerró el año pasado con un alza del 94,8%.

La pobreza en la primera mitad del 2022 había alcanzado al 36,5% de la población. La indigencia había sido del 8,8%, apenas mayor.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el registro más alto había sido el del segundo semestre del 2020, con 42%, cuando la pandemia hizo saltar el índice a los registros más altos desde el 2003.

Desde aquel dato del 42% en 2020, todos las mediciones fueron mostrando una caída en la pobreza.

En la previa se supo que la Canasta Básica Total (CBT), que establece el umbral de la pobreza, aumentó 8,3 % en febrero de este año, por lo que una familia tipo, de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $177.063 para no ser considerada pobre.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, marcó también un incremento del 11,7 %, por lo que ese hogar requirió de $80.483 para cubrir sus necesidades básicas para subsistir.

Durante 2022, en especial en el último trimestre, con mayor actividad y empleo, hubo un salto de las personas indigentes que viven en la Ciudad de Buenos Aires: subió del 6 % al 7,7 %, o de 186.000 a 237.000 personas.

Ese aumento casi se duplica en relación a fines de 2015, cuando la indigencia era de apenas el 4,1 %. El dato se dio a conocer el pasado 21 de marzo.

Al mismo tiempo se produjo un achique de la clase media (del 49,9% al 47,2%) por el incremento de los sectores vulnerables y medio-frágiles. Ese achique es mayor en relación a fines de 2015, cuando la clase media representaba el 51,9 %.

Con excepción del año 2020, por la pandemia y cuarentena, el dato de indigencia es el más alto de la serie que arranca en 2015, superando la anterior marca del 6,6% de finales de 2018.

A fines de 2016, los indigentes sumaban 154.000 personas: representa un incremento de 83.000 indigentes en apenas 6 años. Y la clase media se redujo de 1.592.000 a 1.453.000 personas: una caída de 139.000 personas.

En tanto, en un año aumentó del 33% al 33,8% (233.500) los niños, niñas y adolescentes (0-17 años) que residen en hogares en condición de pobreza.


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La Justicia falló a favor de Chubut: obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación

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  • El fallo es del Juzgado Federal de Rawson n° 1.
  • El Gobierno de Milei deberá girarle a la provincia los 13.500 millones de pesos que le había retenido.

La Justicia falló a favor de la provincia de Chubut en la disputa que mantiene su gobernador Ignacio Torres con el presidente Javier Milei. El fallo del Juzgado Federal de Rawson n° 1 obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de la coparticipación.

Se trata de los 13.500 millones de pesos que el Estado nacional había retenido y por los que se había abierto un fuerte conflicto entre la administración nacional y los gobernadores.

El fallo ordena el «cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso».

En el segundo punto resolutivo, exhorta a ambas partes a que arbitren «medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial».

La resolución del juzgado además sostiene que al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a las provincias, en este caso a Chubut.

Para el fallo, en este caso se encuentran en juego los principios de solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.

«Que respecto de la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal». Y afirma que el Estado Nacional «estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut, lo que implicaría una manifiesta vulneración del principio de automaticidad».

La Justicia Federal pone bajo la lupa el cambio de actitud de la Casa Rosada para con la provincia de Chubut. «habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas publicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo», explica.

Y apunta que la decisión del Estado es «irracional» porque es «contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa».

«A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden. En efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales», sostiene el fallo del juez Hugo Sastre, titular de Juzgado Federal N°1 de Rawson.


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