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La novela de las retenciones al campo

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Caputo anunció un alza la semana pasada y ayer volvieron atrás con la medida. La mano del «superministro» Pazo y la rebelión de los que liquidan dólares. 
Leandro Renou

Por Leandro Renou

Tan sólo una semana después de haber anunciado que las subían, el gobierno de Javier Milei volvió atrás y confirmó que, en realidad, habrá una baja diferenciada de las retenciones a las economías regionales y un alza en lo que respecta a los derivados de la soja. La decisión refleja no sólo idas y vueltas que ya son habituales en el equipo económico, sino internas conceptuales entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que llegó con el libreto de retenciones cero y hoy tiene que ponerle la cara a las quejas del sector. De hecho, salieron muy fuerte los exportadores de cereales, los que liquidan los dólares, a cuestionar la modificación en los tributos. 

Ayer por la mañana, luego de una reunión con la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial (CAA), Vilella anunció que el Gobierno nacional no impulsará la suba de retenciones para 18 complejos de las economías regionales, incluida la lechería, y que buscará incrementar en dos puntos porcentuales hasta el 33% la alícuota de los subproductos de la soja a modo de compensación por la resignación de ingresos. Así las cosas, llegará al Congreso un proyecto de ley con subas del 15 por ciento de las retenciones a todos los sectores menos a las producciones olivícola, arrocera, de cueros bovinos, láctea, frutícola -con excepción del limón-, hortícola, del poroto, papa, ajo, arvejas, garbanzos, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Vale decir que todas estas industrias tenían retenciones cero por una decisión del ex ministro de Economía, Sergio Massa. En números duros, las economías regionales representan un 20 por ciento de las expo del agro y son el 42 por ciento del empleo total del sector. 

En paralelo, el Gobierno de Milei anunció que se llevará las retenciones del sector vitivinícola al 8% (también estaban en cero), mientras que la de subproductos de soja, como la harina y el aceite, igualará a la alícuota del poroto sin procesar. Asimismo, queda firme la decisión de aumentar la alícuota para maíz, trigo, girasol y carnes, entre otros complejos. Lo particular de la decisión de sostener en cero las retenciones a economías regionales, que fue uno de los pedidos que hicieron los gobernadores del interior, es que favorece a la producción primaria en detrimento de la industria, ya no agropecuaria, sino general. Algunos ejemplos reflejan que pagarán 15 por ciento de retenciones los productores de autos, grandes empleadores del país; al igual que productores de tecnología y software. Es de impacto la foto de un productor de arroz cáscara pagando cero retenciones, mientras sectores que le dan valor agregado a la producción quedarán en 15 puntos de derecho de exportación. 

La película de ida y vuelta

La película que derivó en este cambio de ideas es netamente política. Fuentes de una de las entidades de la Mesa de Enlace confirmaron a Página I12 que sus pares se negaban a estar en una reunión con el CAA porque querían pelear por su tema en forma individual. Y querían, además, hacer lobby para que la agroindustria tuviera el mismo tributo que la producción primaria que defiende Enlace. 

De hecho, hubo un interlocutor que debió traerlos al encuentro, a que se sienten a la mesa de todos modos. Lo curioso es que Vilella se enteró en el medio de esa reunión de los cambios que había dispuesto Caputo. Es que el encuentro, pautado la semana pasada, era para buscar alternativas de contención a los dañados, no para hacerles anuncios. 

Según supo este diario, el cambio operativo en el tema retenciones lo llevó adelante Juan Pazo, el ministro coordinador que Caputo designó en su mesa chica. El ex socio de De Narváez en el Grupo textil Alas y hombre fuerte de Hacienda, entiende que con la devaluación los sojeros que exportan ya se vieron favorecidos, y que por eso corresponde subir los derivados de la soja (aceite y harinas) a 33 por ciento. Hasta ahora, el 33 regía sólo para soja en poroto, sin procesar, pero ahora equipararon a la industria con el campo primario. La teoría, más allá de las opiniones, tiene un problema: es una pelea directa con el único sector de la economía que tiene dólares con capacidad de ingresar, ya sin sequía. Y es casi la única fuente de ingresos de divisas genuina que tiene el Gobierno. 

Esa disputa tiene un adelanto. Los agroexportadores de CIARA CEC emitieron un comunicado asegurando que «la decisión de subir los derechos de exportación del 31 al 33 que acaba de anunciar el Ministerio de Economía es una muy mala noticia para la economía del país». Y agregaron que «la principal industria exportadora del país se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja. La industria siempre pidió igualdad tributaria y esos 2 puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el gobierno rompe». 

«La decisión es ministerial», admitieron ante este diario cerca del secretario Vilella, y agregan que todos los informes técnicos los hicieron sus equipos. Nadie oculta que la decisión se tomó porque el objetivo de Caputo es «déficit cero». Ante esa premisa «uno tiene que subir y el otro tiene que bajar», sintetizan en relación a los niveles de los tributos. «Vinimos a hacer un plan de estabilización, nosotros seguimos sosteniendo que las retenciones deben ser cero», destacan en Bioeconomía, dado que Vilella fue un férreo militante contra los derechos de exportación. 


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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