NACIONALES
La mirada
El Observatorio de prácticas comunicacionales sobre sindicatos, que funciona en la Defensoría del Público, advirtió que se quiere imponer una mirada negativa de la acción gremial.
Por: Miguel Carrasco
Los grandes medios de comunicación de Argentina construyen cotidianamente una imagen positiva de la clase empresarial y otra negativa de los sindicatos. Esta definición se desprende del último informe del Observatorio de prácticas comunicacionales e informativas sobre trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, que funciona en la órbita de la Defensoría del Público.
El Observatorio relevó, entre mayo y diciembre de 2022, 603 noticias publicadas en 20 portales digitales -incluidas páginas web de diarios, radios y canales de noticias- y en cinco noticieros de televisión de aire. En octubre pasado ya había mostrado resultado parciales del año.
La primera conclusión gruesa es la construcción binaria de empresarios buenos y sindicalistas malos. El 58% de las noticias en las que se represento al sector empleador apuntaron a generar una imagen positiva, mientras que el 42% restante tuvo una impronta negativa.
La relación es exactamente inversa cuando se trata de la representación de las organizaciones sindicales. Allí, sólo el 37% de las informaciones plantearon una mirada positiva de estos colectivos mientras que un enorme 63% apuntó en el sentido de generar una imagen negativa.
Conflictos y coberturas en los grandes medios
En general, los grandes medios hablan de temas sindicales cuando hay conflicto gremial y, además, abordan ese conflicto con una mirada negativa del sindicato. Así, el 42% de las noticias gremiales se refirieron a medidas de fuerza y otro 28% a las negociaciones paritarias. El 30% restante giró en torno de los más diversos tópicos: violencia inter e intra sindical, violencia en las luchas obreras, las noticias judiciales y policiales vinculadas a los sindicatos, los intereses de los sindicalistas tomados en forma individual y un pequeño 12% del espacio destinado a las noticias sindicales fue para hablar de las condiciones de trabajo y la vida gremial más en general.
Además, la mitad de las noticias publicadas sobre conflictos tenían por eje el impacto que la medida de fuerza tenía en terceras personas, lo cual implica una operación de corrimiento del foco de la noticia, desde la causa del conflicto gremial hacia una de sus consecuencias secundarias.
En ese sentido, no es casual que en la nube de palabras generada en torno a las 603 noticias publicadas sobresalga «Neumático«. Hace referencia al que fue el conflicto sindical más fuerte del año pasado el que llevó adelante el sindicato nacional del neumático, el Sutna, en reclamo de aumentos de salarios. La acción gremial duró varios meses e incluyó un paro por tiempo indeterminado en todas las fábricas del país, lo que motivó serios ataques por parte de la prensa dominante.
A lo largo de ese conflicto, y de otros de menor intensidad, estuvieron presentes la estigmatización y criminalización de la protesta y sus dirigentes por parte de los medios. «Las construcciones negativas de la práctica sindical se acreditaron en este trabajo a través de las siguientes dimensiones que promovieron encuadres destinados a la criminalización y la estigmatización«, dice el informe y enumera:
- Afectación del mercado o actividad sectorial.
- Asimilación con la actividad ilegal o delictiva.
- Descalificación por supuesta pertenencia partidaria y/o ideológica.
- Naturalización de la violencia como comportamiento gremial.
- Deslegitimación de los derechos gremiales (paritarias y medidas de fuerza).
El informe del Observatorio concluye: «Las coberturas informativas de la actividad sindical y de sus representantes se realizan subrayando el carácter disruptivo de sus acciones, atribuyéndoles la responsabilidad sobre la conflictividad social y la afectación de intereses de terceros».
El caso del neumático
En el caso de las medidas de fuerza que afectaron a la industria de la producción de neumáticos en el segundo semestre de 2022, el Observatorio registró el encuadre «crisis de los neumáticos» para dar cuenta de la afectación de la actividad de empresarios y consumidores en forma prioritaria, en lugar de los alcances del reclamo salarial y la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras.
Así, se repitieron títulos del tipo: «La crisis de los neumáticos genera preocupación entre los fabricantes de maquinaria agrícola», «Crisis por faltante de neumáticos: en Córdoba los alquilan para pasar la inspección técnica vehicular», y «Por la crisis de neumáticos, robaron cubiertas de la ‘Flecha de Plata’ del museo de Fangio».
En ese mismo conflicto se produjeron claros actos de discriminación ideológica respecto del secretario general del Sutna, Alejandro Crespo. El observatorio destacó «el tratamiento sobre el líder sindical y su pertenencia política- ideológica con el propósito de descalificar el conflicto gremial«.
Así, los títulos tanto en la prensa gráfica como en la televisiva y en los portales web destacaron la vinculación de Crespo con «la izquierda», se aseguró que llevaba adelante una «cruzada» y que su accionar formaba parte «de lo que se denomina el gremialismo clasista».
«El trotskismo sindical toma el paro salvaje del SUTNA como un emblema«, fue uno de los títulos expuestos por el Observatorio, entre otros muchos. El mismo tratamiento recibieron los conflictos en los gremios de Camioneros, estatales y docentes.
Al mismo tiempo, los propietarios de las empresas en conflicto fueron «representados como víctimas frente al conflicto gremial», dijo el Observatorio. Que agregó: «Este encuadre es preponderante en las coberturas sobre protestas sindicales y otras medidas de fuerza».
NACIONALES
Caputo metió los dedos en el enchufe
Desde Washington califican de «ruptura de contratos» al cambio unilateral de la forma de pago a las generadoras de la deuda por la electricidad. Economía, en virtual estado de default.
El conflicto entre el gobierno y las empresas energéticas trascendió las fronteras y amenaza algunos acuerdos tácitos entre Milei y el establishment. Por una parte, una de las empresas generadoras afectadas por la deuda de Cammesa (ya vencida, que el gobierno decidió unilateralmente cancelar con un bono a 14 años), de origen estadounidense, informó que el FMI y el gobierno de Estados Unidos, a través de la embajada, el Departamento de Estado y la Secretaría de Energía, le hicieron saber su «preocupación por la ruptura de contratos» de parte del gobierno de Milei. Por otro lado, la cámara que agrupa a los productores de hidrocarburos, CEPH, rechazó la modalidad de pago mediante bonos de largo plazo de la deuda por el suministro de gas para las centrales térmicas, al considerarla «violatoria de los contratos celebrados por los productores».
El dato político significativo es que la carta está firmada por Carlos Ormachea, presidente de la CEPH y, ademas, ex CEO y actualmente chairman de Tecpetrol (grupo Techint), un aliado, hasta aquí, del gobierno.
Tras varias semanas de negociaciones sin poder arribar a un acuerdo con las firmas generadoras de energía eléctrica (térmica, hidroelécrica, nuclear, eólica, etc), el ministerio de Economía decidió dar «una solución» a la deuda acumulada por Cammesa (administradora del mercado mayorista eléctrico) con los proveedores, emitiendo un bono en dólares con vencimiento en 2038. Con el mismo pagará el suministro eléctrico de diciembre y enero, ya vencidos, mientras que el de febrero en adelante se pagaría con el flujo de caja de la propia empresa.
Tras esa decisión, AGEERA, la cámara que agrupa a las generadoras eléctricas, le hizo llegar una nota al ministro de Economía en la que enumera siete puntos por los que rechaza esta forma de pago. Pero este jueves se conocieron otros pronunciamientos de empresas que describen su propia situación y el alcance del perjuicio de la resolución oficial.
También Mindlin
Pampa Energía, con su dotación de centrales térmicas, hidroeléctricasa y parques eólicos, es la principal proveedora privada de energía del país. La empresa de los Mindlin (Marcelo y Damián), Gustavo Mariani y Ricardo Torres, notificó a sus inversores que analiza la alternativa de anteponer «medidas legales» al pago en bonos de la deuda de Cammesa. Junto al informe de los resultados financieros del primer trimestre, Pampa Energía informó que «Cammesa registra pagos pendientes por las transacciones de diciembre 2023, enero y febrero 2024 por una suma que supera los $140.000 millones, incluyendo intereses devengados e impuestos» con la empresa.
Tras tomar conocimiento de que Economía instruiría a Cammesa para pagar en bonos largos la deuda, y «considerando el valor razonable de mercado de dicho instrumento de deuda, Pampa ha registrado una pérdida por deterioro de US$34 millones sobre los créditos» por ventas a dicha empresa mixta, señala el informe. “Pampa está analizando las medidas legales contra esta resolución”, plantea finalmente el documento.
Por su parte, la empresa AES Argentina, el otro gran actor privado en generación eléctrica con 3 centrales térmicas, 4 hidroeléctricas y 2 parques eólicos, informó a través de su presidente, Martín Genesio, que recibió consultas desde Estados Unidos acerca del impacto que tendrían las resoluciones 58 y 66 de la secretaría de Energía argentina.
Llamada de Washington
Recibió llamados de la Embajada, del Departamento de Estado y del Departamento de Energía del gobierno estadounidense, además de funcionarios del FMI. «Como empresa estadounidense, tenemos conversaciones permanentes con estas instituciones», explicó Genesio, quien agregó que, en este momento, preocupa puntualmente cómo se va a resolver el tema de la deuda por la energía suministrada. «Romper un contrato es una muy mala señal», indicó al reflejar la mayor preocupación de sus interlocutores.
A estas repercusiones, se sumó la nota enviada por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, CEPH, al secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, y al ministro Luis Caputo, en relación con la Resolución de la Secretaría de Energía 58/2024, que dispone la forma de pago de la deuda que actualmente mantiene Cammesa con los productores de gas nucleados en esta Cámara». La nota expresa que «la mayoría de los Productores nucleados en esta Cámara rechaza la modalidad de pago dispuesta en la Resolución», fundado en que:
1. «La Resolución afecta los derechos contractuales de los Productores al amparo de los contratos celebrados con Cammesa»;
2. «La alteración, de manera unilateral por parte de esa Secretaría, a los términos de contratos celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos, afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones»;
3. «Se afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción»;
4. «La conducta del Estado Nacional por medio de la Resolución y la instrucción que imparte a Cammesa resulta violatoria de los contratos celebrados por los Productores, de los términos del Plan Gas.Ar, así como de la normativa aplicable».
Un ladero de fierro
La firma de Carlos Ormachea, en su carácter de presidente, al pie de la misiva, le agrega un condimento político no menor. Se trata de uno de los directores de más extensa trayectoria en Techint y, por supuesto, de estrecha confianza de Paolo Rocca. El tono del mensaje y el llamado a una revisión de la posición del ministro de Economía marcan que la tensión entre las urgencias financieras del gobierno y los compromisos con sus principales aliados está llegando a un límite peligroso.
Nadie lo dice así, pero la decisión unilateral de canjear la deuda vencida de Cammesa por bonos a largo plazo, y el posterior rechazo de los acreedores, configuran una situación de default en el mercado mayorista eléctrico. En Estados Unidos se encendieron las alarmas y aquí, en tanto, dos apellidos de peso en el respaldo que tiene el gobierno de MIlei (Mindlin y Rocca) quedaron del otro lado del mostrador y lanzando severas advertencias.
El tema no está cerrado, ni financiera ni políticamente.
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