El mensaje que le bajaron a los secretarios del tribunal es que no hablen de los pedidos de Silvio Robles para acelerar o frenar causas. Las alternativas para que no vayan a declarar.

Por Raúl Kollmann

“Nada de nada sobre (Silvio) Robles”. La forma de decirlo fue un poco más extendida, pero la frase es una buena síntesis de la consigna que recibieron los secretarios letrados de los jueces de la Corte Suprema que están citados para el jueves próximo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Con cada uno, se realizó una especie de contención ante el temor que tienen los veteranos secretarios de la Corte que nunca salieron a la luz y ahora tienen que declarar ante los legisladores. 

Por un lado, les sugirieron ideas para directamente no presentarse en el Congreso y, por el otro, el mensaje clave fue que no hablaran ni una palabra de los pedidos de apuro formulados por Robles en algunas de las causas ni los reclamos de parsimonia exhibida en otras y, menos que menos, hay que referirse a las cuestiones de los dineros manejados por el máximo tribunal sobre los que no hay control de la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 2011. 

Robles no es vocero ni un asesor común: es la mano derecha de Horacio Rosatti, al extremo de que circula la mala humorada que se refiere a él como “el acompañante terapéutico de Rosatti”. Robles es Rosatti, admiten todos y eso se vio en los chats en que Robles le daba instrucciones al ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, sobre qué debía hacer y qué debía presentar Juntos por el Cambios (JxC) en expedientes que tramita la Corte Suprema.

Las estrategias de los cortesanos

La convocatoria de los secretarios corrió paralela con la evaluación de estrategias de los integrantes de la Corte.

Por un lado, está la idea de hacer una presentación judicial. Algo así como una cautelar o algo parecido. Es decir, hacer intervenir un juez que prohíba la presencia de los secretarios en el Congreso. O sea, recurrir a la red que una y otra vez resuelve en contra del peronismo.

La segunda alternativa es que los propios jueces tomen esa determinación. O sea, que ellos mismos emitan una resolución fundándose en el Reglamento de la Justicia Nacional de 1952 que establece en su artículo 8 que “los magistrados y funcionarios deben guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales”. Sería muy burdo, una especie de alzamiento contra el juicio político.

Otra posibilidad es que los secretarios se nieguen a asistir argumentando lo mismo, la confidencialidad en la tramitación de causas.

Todo parece irrazonable: los diputados elegidos por voto popular resolvieron convocarlos como testigos y rige -como lo señala el reglamento de la Cámara de Diputados y el del juicio político- el criterio del Código Procesal de la Nación: “toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado”. Como se sabe, si el testigo se niega, puede ser llevado a declarar por la fuerza pública y si, aún así, se niega, existe la facultad de ordenar la detención.

Distinta será la situación de los propios jueces de la Corte Suprema que tienen el privilegio de declarar por escrito si así lo deciden.

Los primeros en la fila

El 23 de febrero a las 11 está citado Cristian Abritta, quien fuera secretario general de la Corte y es extitular de la secretaría judicial número 5 (causas de importancia). Antes de que Carlos Rosenkrantz llegara a la presidencia del máximo tribunal, Abritta resolvió jubilarse y se disolvió su secretaría. Es obvio que conoce mucho sobre el manejo de expedientes.

A continuación, Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, es decir que está bajo la órbita del poderoso administrador general de la Corte, Héctor Marchi. Romero se ocupa de compras de mantenimiento y el manejo de los choferes. Quienes conocen el andar del cuarto piso siempre sostuvieron que existe un desmanejo del dinero. Una de las pruebas es el increíble desastre de la obra social del Poder Judicial. El histórico administrador, Aldo Tonón, acaba de renunciar a su cargo, y se investigan asombrosas designaciones del supremo a cargo, Juan Carlos Maqueda, incluyendo su sobrina, Guadalupe Burgos, que lleva 17 años firmando sin ser oficializada en el cargo.

El tercer convocado es otro secretario de la Corte, Sileño Cárdenas Ponce Ruíz, a cargo de lo previsional, y luego dos secretarios que dependen de Rosatti, Roberto Saggese y Adriana Vilanotti.

Estas son las citaciones que produjeron la conmoción inicial y la convocatoria para alinear a los secretarios: se buscó un simulacro de asesoramiento, pero que apuntó a evitar cualquier declaración contra Robles y, por lo tanto, contra Rosatti.

“De entrada rige la obediencia debida -diagnostica un conocedor del cuarto piso de Tribunales- Son personas con algunos años ahí, con rango e ingresos equivalentes a un juez de Cámara, asustados porque nunca salieron a la luz. Y tienen como prioridad cuidar el puesto o la jubilación que actualmente está por encima de 1.500.000 pesos mensuales”. No será sencillo que declaren que Robles, en nombre de Rosatti, pidió tal o cual cosa. Pero no es imposible y eso es lo que encendió las luces de alarma.

Un vastísimo terreno

Por supuesto que los secretarios conocen de adentro los manejos en el máximo tribunal. Y eso es lo que se investiga justamente en la Comisión de Juicio Político.

En los chats entre Robles y D’Alessandro quedó en claro que el alter ego de Rosatti exhibía enorme poder, al punto que él mismo denominó Fallo Robles el rechazo a la recusación de los cortesanos en el expediente en que se debatía los fondos para la Ciudad de Buenos Aires. Además, Robles daba instrucciones para que los diputados de JxC no bajaran al recinto y movidas similares en la causa sobre el Consejo de la Magistratura. La trama debe enhebrarse con los otros chats, los de Lago Escondido, en que D’Alessandro -el funcionario del PRO- participó de la excursión con jueces claves -como Julián Ercolini, el que encabezó la causa Vialidad- en un contubernio que le echó luz a lo que hay detrás de la durísima ofensiva del partido judicial contra el peronismo. En la lista de citados está el juez Sebastián Ramos que cerró el expediente por los chats Robles-D’Alessandro y el juez Alejo Ramos Padilla que recibió la denuncia de Axel Kicillof por el mismo tema, la mandó a Comodoro Py, pero justamente explicó por qué no debía cerrarse esa investigación.

Lo que sucede en la justicia es justamente eso: frenan las causas en las que aparecen involucrados el macrismo o los operadores judiciales y avanzan los expedientes contra el peronismo. Uno de los ejemplos más claros es que la Corte no hizo nada a raíz del intento de asesinato contra Cristina Kirchner, un hecho de magnitud institucional. El máximo tribunal ni siquiera se dignó a sumarle secretarios a la juez que, lentamente, avanza en la investigación.

La guerra por otros medios

Dada la convocatoria para el jueves de los secretarios, alinearlos fue una prioridad para los supremos. Pero, por lo que se vio esta semana, están dispuestos a continuar la guerra por otros medios. De pronto, tres de los cuatro ministros -Ricardo Lorenzetti no acompañó- se despacharon con la negativa a tomarle juramento a Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Nuevamente se metieron en lo que es facultad del Senado y remitieron a su fallo del año pasado en el que sostuvieron que la partición del bloque del Frente de Todos “no fue genuino”. Como se sabe, no pusieron en marcha el genuinómetro cuando se partió el bloque de Cambiemos en Diputados y el macrismo sumó así un consejero.

Pero en Tribunales afirman que los cortesanos tienen más proyectiles en la recámara. Por ejemplo, podrían cantar quiero retruco a la consigna sobre la proscripción de Cristina Kirchner. Los supremos tienen que resolver sobre una causa que bate records por lo burdo: dólar futuro. Todos los imputados, empezando por CFK y Axel Kicillof fueron sobreseídos en fallo unánime por la Sala I de la Cámara de Casación. Tuvo mucha incidencia una pericia que el juez de instrucción -cuando no, Claudio Bonadio- se negó a realizar y determinó que en la operatoria de dólar futuro no hubo perjuicio para el estado argentino. En realidad, los que se beneficiaron no fueron los funcionarios del gobierno de Cristina sino los amigos de Mauricio Macri que aprovecharon la devaluación decidida por el gobierno de Cambiemos.

Sin embargo, el procurador interino desde hace años, Eduardo Casal, siempre jugando con la camiseta del macrismo, dictaminó que el juicio igual hay que hacerlo, o sea que no importa que no exista delito: a Cristina hay que sentarla en el banquillo de los acusados, sí o sí. Y si la Corte acepta ese criterio, en un año electoral, se vienen ese y otros dos juicios: Memorándum con Irán, Hotesur-Los Sauces. Por ahora, la Sala I debe decidir sobre estos dos últimos procesos, pero el máximo tribunal podría tomar el tema en sus manos con un fallo de guerra.