La comisión de Juicio Político llamó como testigos al operador prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, al ex ministro de Justicia Germán Garavano y al senador del PRO José Torello para que den explicaciones sobre el fallo del 2×1 con que la Corte buscó beneficiar a represores. La sospecha es que detrás de esa sentencia hubo un acuerdo con los entonces funcionarios que le permitió a la juez Elena Highton continuar en el tribunal pese a haber superado la edad límite. 

Por María Cafferata

Era el chiste fácil apenas se oficializó quiénes serían los testigos de la próxima reunión de la comisión de Juicio Político. «¿Te imaginás si Pepín termina viniendo?», ironizaban les diputades apenas Carolina Gaillard anunció que el prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, y el senador del PRO José Torello serían citados para dar explicaciones sobre el fallo del 2×1 que benefició a represores. Y es que, a partir de la semana que viene, se abre una nueva etapa en el juicio político a la Corte Suprema, que comenzará a ahondar -una por una- cada acusación por mal desempeño que pesa sobre los magistrados. La más sensible es la del fallo Muiña: la gran mancha que marcó para siempre la Corte renovada por Mauricio Macri y, por ello, una de las causales más fuertes de la investigación. 

En 2017, apenas un año después del desembarco de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Corte falló a favor de beneficiar al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, con una ley aprobada en 1994 que sostenía que la prisión preventiva no podía superar los dos años y que, si se pasaba ese plazo, cada día en prisión se computaría doble. La masividad del repudio en las calles, con movilizaciones multitudinarias en distintos puntos del país, llevó a que el Congreso sancionara a las apuradas una ley que prohibía la aplicación de este beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad. Un año después, la Corte volvió a tratar la cuestión del 2×1 ante un planteo del represor Rufino Batalla y terminó fallando en contra -solo Rosenkrantz votó en disidencia-, buscando cerrar así el capítulo del 2×1 a los genocidas que tan mal parados los había dejado. 

Lejos de haberse cerrado, sin embargo, el 2×1 a los genocidas es hoy una de las causales con más peso en el juicio político a los miembros de la Corte. Y no solo por el contenido del fallo -que resulta más difícil de discutir, ya que Juntos por el Cambio se abraza a la premisa de que «no se puede juzgar a un juez por el contenido de su sentencia»-, sino porque visibiliza un punto clave que el oficialismo busca probar en la investigación: que la Corte negociaba y traficaba sus sentencias. En el caso del fallo del 2×1, la lupa está puesta en el voto de Elena Highton, la ex jueza de la Corte que renunció en 2021.

La hipótesis del FdT es que existió una negociación entre el gobierno de Macri -con Pepín Simón y Germán Garavano a la cabeza- y Rosenkrantz para beneficiar a los genocidas a partir de la conmutación de penas. ¿Cómo? A través del voto de Highton, quien en el pasado -puntualmente en el fallo Simón, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- había votado en otra línea y, sin embargo, en 2017 terminó votando a favor de otorgarle el 2×1 a Muiña. El oficialismo sostiene que, a cambio del voto de Highton -que resultó clave, porque Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia-, Garavano no apeló el amparo que la jueza había presentado contra el fallo Schiffrin, el que sostenía que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años y, por lo tanto, le impedía a ella continuar en su cargo (tenía entonces 74 años). La ex magistrada promovió un recurso de amparo para que le permitieran continuar como jueza y, gracias a que el gobierno de Macri no apeló ese amparo, pudo continuar siendo magistrada tras cumplir los 75. 

El objetivo del FdT, entonces, es probar que hubo una negociación orquestada entre Rosenkrantz -entonces presidente de la Corte- y el gobierno de Macri para liberar represores. Por eso es que el martes 21 serán convocados a comparecer Garavano, Rodríguez Simon y Torello, así como el ex funcionario del Ministerio de Justicia Santiago Otamendi, y el actual subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. A su vez, la comisión citará a Juan Sebastián y Federico Morgenstern, de la vocalía de Rosenkrantz. 

Los testigos que generan mayor expectativa en el oficialismo son tres: Garavano, Torello y Pepín Rodríguez Simón, quienes son identificados como los que orquestaron el plan para que pudiera salir el fallo Muiña. Sin embargo, tal como recordaban irónicamente todes les diputades en la reunión de comisión del martes pasado, Pepín se encuentra prófugo de la Justicia hace más de dos años. El operador judicial de Macri está siendo investigado por formar parte de una asociación ilícita que tenía el fin de perseguir a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa (propietarios del Grupo Indalo) y desde 2019 se pasea por Uruguay, eludiendo la Justicia, por lo que resulta poco viable que se arriesgue a volver a la Argentina para comparecer ante la comisión de Juicio Político. Gaillard, sin embargo, envió una nota a la Interpol solicitándole información sobre cómo se podía proceder. 

En el caso de Garavano, este confirmó a Página/12 que estaba dispuesto a comparecer pero que no podría hacerlo el martes porque estará de viaje. En diálogo con Radio Rivadavia, sin embargo, apuntó con dureza contra el proceso de juicio político: «Es muy triste en términos de país y en términos institucionales ver cómo se intenta remover o condicionar a la Corte Suprema de Justicia». 

También serán citadas Gladys Cuervo y Zulema Chéster, dos víctimas del terrorismo de Estado en el Hospital Posadas. Luis Muiña había sido parte de la guardia de seguridad que montó un campo de concentración en una de las áreas del Posadas, donde fueron torturados y asesinados trabajadores del centro médico.