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Juicio a la Corte: Citaron a Stornelli para el martes pero el fiscal aún no respondió

Publicado

1 año atrás

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La comisión encabezada por Carolina Gaillard baraja alternativas, primero un pedido de sanción al Ministerio Público Fiscal y después el traslado a la fuerza, pero antes necesita el desafuero. También citaron a otros tres testigos. 

Por María Cafferata

Con las esquirlas del discurso del Presidente en la Asamblea Legislativa todavía haciendo ruido en el Congreso, la comisión de Juicio Político se prepara para la segunda audiencia testimonial que tendrá al fiscal Carlos Stornelli como protagonista. La citación ya fue enviada, pero no tuvo respuesta y en el Frente de Todos no se hacen muchas ilusiones. Ya se empezó a barajar, incluso, el curso de acción en el caso de que el elusivo fiscal se rehúse a comparecer como testigo en la investigación a los jueces de la Corte Suprema. Primero, el pedido de sanción al Ministerio Público Fiscal y, después, el traslado a la fuerza. Pero hay un paso intermedio: como Stornelli tiene fueros, el FdT primero tendrá que ir por su desafuero si quiere traerlo por la fuerza pública. Es el mismo proceso que intentó el juez Alejo Ramos Padilla en la causa Dolores cuando Stornelli se negaba sistemáticamente a presentarse. Será, sin embargo, un proceso largo, por lo que el interés inmediato del oficialismo se centra en el resto de los testigos citados para el próximo martes: el exsenador radical Mario Cimadevilla y el funcionario de la Corte, Sergio Napoli. 

Mientras Alberto Fernández se despachaba contra los jueces de la Corte Suprema en la apertura de sesiones ordinarias, la comisión de Juicio Político, en simultáneo, estaba enviando las cédulas de notificación para la segunda audiencia testimonial del proceso que los está investigando por mal desempeño de sus funciones. Fueron cuatro citaciones – a Stornelli, Cimadevilla, Napoli y María Roteta – para el martes a las 13 horas, pero sólo tres respondieron. Cimadevilla y Napoli asistirían, Roteta –que es la fiscal en la causa por los chats de Robles y D’Alessandro que tramitó Ramos Padilla- pidió, en cambio, reprogramar porque aquel día estaría en un congreso. De Stornelli, en cambio, ni mú. 

Carlos Stornelli, el fiscal involucrado en la trama de espionaje ilegal que envuelve a Marcelo D’Alessio, había sido citado para declarar por su rol en el cierre de la causa que investigaba el vínculo entre el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. El juez de la causa Sebastián Ramos –que después se vio envuelto en una nueva filtración de supuestos chats con D’Alessandro– compareció la semana anterior en la comisión y, ante cada pregunta de los diputados, apeló al dictamen de Stornelli. Fue por este motivo que, a pedido de Rodolfo Tailhade, la comisión decidió invitarlo. Desde un principio nadie en el FdT tiene grandes expectativas de que se presente – debido a su prontuario esquivo a la presentaciones judiciales – pero no fue hasta la falta de respuesta del fiscal y su trascendido de que podría optar por enviar un escrito, así como por la defensa corporativa que hizo la Asociación de Fiscales, que el bloque optó por comenzar a delinear un curso de acción.

«Si no quiere venir no puede declarar por escrito, no tiene esa facultad según el reglamento de la comisión. Por lo que si no viene nosotros tenemos que trasladarlo por la fuerza pública. Pero para trasladarlo por la fuerza pública lo tenemos que desaforar«, explicó Tailhade a Página12. Al ser fiscal, Stornelli tiene fueros, por lo que para obligarlo a comparecer primero hay que elevar una denuncia a la Procuración General de la Nación, en donde debe realizarse un sumario y, eventualmente, un tribunal de enjuiciamiento definir una sanción. «Cuando (Alejo) Ramos Padilla intentó este camino, a mitad del sumario, Stornelli se terminó presentando», precisó Tailhade.

El proceso para el desafuero es, sin embargo, lento, por lo que el oficialismo prefiere concentrar su atención en los otros dos testigos del día. Mario Cimadevilla es un ex senador radical y exConsejero de la Magistratura cuya presencia fue requerida por la propia Coalición Cívica para que dé cuenta de una investigación que realizó, hace unos años, sobre el manejo de los fondos del Poder Judicial. Sergio Napoli, mientras tanto, es un secretario letrado de la Corte Suprema a quien el FdT planea realizarle preguntas sobre el funcionamiento interno de la Corte (como el movimiento de expedientes). La presidenta de la comisión de Juicio Político, sin embargo, no se resigna al faltazo de Stornelli: «Si no tiene nada que ocultar debería ir a la comisión. Sería un bochorno que un fiscal de la Nación no venga y evite dar explicaciones», aseguró a este diario.

Mientras tanto, más allá de las audiencias testimoniales, la comisión sigue trabajando. Gaillard es quien coordina y está detrás de cada detalle, pero cada diputado oficialista que integra la comisión cumple además un rol  -«Nunca estuvimos tan coordinados como bloque», ironizó una diputada kirchnerista- y varios comenzaron a trabajar con las primeras pruebas documentales. Por ejemplo, un informe solicitado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que comprueba que uno de los hijos de Silvio Robles trabajó allí.

Otro eje es el informe con los cruces de llamadas entre Robles y D’Alessandro que, sin embargo, deberá esperar. El FdT anda con cuidado, atento a las acusaciones de irregularidades de Juntos por el Cambio. Fue por ese motivo que decidieron, incluso, solicitar una orden judicial para acceder a los registros (cuando antes sostenían que se podía pedir directo a la DAJuDeCO). El oficialismo tiene miedo de una judicialización y es por eso que, en el caso de los cruces de llamadas, aguardará a que el proceso esté un poco más asentado antes de librar los oficios. 


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Divide y reinarás: El Gobierno aumenta el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires

Publicado

15 horas atrás

el

16/05/2024

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Incrementará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. El vicerrector Emiliano Yacobitti aseguró que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio.

Werner Pertot

Por Werner Pertot

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento, que recibirán una suba del 270 por ciento, y de sus hospitales, cuyo incrementp será cercano al 300 por ciento. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. Tampoco la inversión en ciencia y las obras que están paradas. En tanto otras 60 universidades continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio. Las otras universidades indicaron que el aumento solo a la UBA «resulta inadmisible y provocador«. «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, lanzaron. El Gobierno quedó a tiro de una cautelar.

Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, sobre todo, en las reuniones posteriores a la marcha universitaria que resultó masiva en todo el país (algunas estimaciones llegaban al millón de personas), el Gobierno buscó dividir a la UBA del resto de las instituciones. De hecho, tuvieron una atención especial con el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto. En los encuentros con todos los rectores, el Gobierno escuchó, pero no hubo avances reales en destrabar fondos. De hecho, en una exposición ante el Congreso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pudo dar precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto universitario.

A partir de ahí, lo público se separa de las negociaciones a puertas cerradas. Con la UBA particularmente, el encargado de las negociaciones, que pasó a ser Torrendell, tuvo tres reuniones más. Estuvo presente también el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aunque moderó sus modales. Allí, las autoridades de la UBA insistieron con el planteo de actualizar lo presupuestario y tuvieron varias discusiones, avances y retrocesos. Finalmente, desde el Gobierno nacional aceptaron aumentar aquellas partidas sin las cuales directamente se iba a un cierre de la UBA: el funcionamiento básico (la luz, etc) y el presupuesto para los hospitales. Según confirmaron a este diario, no solo acordaron sino que ya empezaron a pagar.

En el caso de la UBA, los gastos de funcionamiento representan el 14 por ciento de los gastos totales (porque allí hay que contemplar también los seis hospitales; en otras universidades es la mitad de ese porcentaje). «Si ellos no garantizaban ni el presupuesto mínimo para prender las luces, teníamos que cerrar», insistieron desde el rectorado a este diario.

Sigue la discusión

No obstante, en el comunicado que emitió el Consejo Superior de la UBA para anunciar que levantaba la emergencia universitaria, dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso.

En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.

Tras el acuerdo, Yacobitti escribió en su cuenta de Twitter: «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro». Luego aclaró: «Vamos a seguir reclamando por los salarios docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para CyT y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios».

Y luego volvió a aclarar: «También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes». Esto último quizás tenga que ver con la reacción del resto de las universidades, que tronaron apenas se conoció la noticia.

«Universidades de segunda»

Todas las universidades vienen funcionando con un presupuesto que se votó a fines de 2022 y que, insisten, es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. Por lo tanto, apenas se conoció el aumento para la UBA, las otras 60 casas de estudio pusieron el grito en el cielo y hablaron de una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno.

Hubo una reunión de emergencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar el tema. «Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de ingresar a la reunión Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.

El CIN emitió luego un comunicado que dejó en claro como estaban los ánimos: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, remarcaron los rectores en un comunicado del CIN.

«Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», le advirtieron al Gobierno.

Por otro lado, advirtieron que el Gobierno reconoció con ese pago que tienen razón y que «hay plata». Según pudo saber este diario, todavía no harán una presentación judicial, sino que esperarán una respuesta del Gobierno, pero la disparidad de criterios pone a la administración nacional a tiro de una cautelar. En el comunicado indicaron que esa transferencia a la UBA «implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.

«Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas», concluyeron.


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