Este nuevo escándalo llega en un momento delicado para YCRT. La empresa, que opera en el extremo suroeste de la provincia de Santa Cruz, ha estado en el centro del debate público debido a la crisis económica que atraviesa. El actual presidente de Argentina, Javier Milei, ha propuesto cerrar o privatizar la compañía, argumentando que sus pérdidas son insostenibles para el Estado.

La operación frustrada con TEGI podría haber representado una oportunidad para revertir en parte la situación de la empresa, con un contrato a largo plazo que garantizaría ingresos significativos. Pero la posterior suspensión del acuerdo ha dejado a YCRT en una posición aún más comprometida.

Fuentes cercanas a la empresa aseguran que la producción de carbón sigue siendo mínima y que las deudas continúan acumulándose. A pesar de las promesas de privatización o cierre, la realidad es que YCRT sigue funcionando, pero con cada vez menos recursos y un futuro incierto.

El pedido que frenó la operación

Cuando todo parecía estar en marcha, un grupo de intermediarios apareció en escena y cambió el rumbo de la negociación. Andrés Gross y Alejandro Salemme, dos brokers que supuestamente estaban colaborando con la compra, habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concretara. Según un audio al que accedió el diario Clarín, los intermediarios exigieron una suma de entre US$20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.

El interventor de YCRT, Thierry Decoud, negó cualquier vinculación con los intermediarios. Afirmó que, como empresa del Estado, YCRT no puede pagar comisiones ni contratar brokers, y que no tuvo ningún tipo de contacto con Gross y Salemme durante el proceso. Sin embargo, Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, lo que ha generado suspicacias sobre su posible involucramiento en la trama de corrupción. (Tiempo Sur)