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Fuertes aumentos de internet, telefonía y televisión

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El Gobierno avaló dos aumentos para las empresas de telecomunicaciones antes de fin de año: ¿Cuánto aumentará el celular, la televisión y el internet?

El Gobierno autorizó este jueves a las empresas de telecomunicaciones a aplicar dos subas en sus servicios para lo que resta del año. Así, a partir del próximo 1° de octubre tanto la tarifa móvil de los celulares como el internet y el cable de la televisión sufrirán aumentos en línea con la suba de precios generalizada.

Así se oficializó a través de la Resolución 1754/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Además de los aumentos a los planes de las empresas, también se establecieron nuevos topes máximos para los servicios prepagos puros.

De esta forma, las subas se aplicarán en dos momentos: un 19,8% que comenzará a correr a partir del próximo 1° de octubre, más otro 9,8% a partir del 1° de diciembre.

Así, tras repasar en los considerandos de la normativa los distintos aumentos regulados aplicados a las empresas de telecomunicaciones durante esto años desde que sus servicios fueron declarados esenciales, la resolución oficializa ambas subas.

Aumento de Internet, telefonía y televisión: los detalles

«Las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del 1° de octubre de 2022, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta», indica en su artículo 1° la disposición.

La suba a aplicar en este primer tramo será de un 19,8% «tomando como referencia los precios vigentes y autorizados mediante Resoluciones ENACOM», recuerda la entidad.

Por otro lado, «a partir del 1° de diciembre de 2022, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta un 9,8% sobre los mismos precios».   

Así, se oficializa el aumento de casi un 30% -29,6%- en lo que resta del año tanto para los planes de telefonía móvil como para el servicio de TV por cable e internet de las distintas empresas que operan en la Argentina.

El Gobierno justificó el aumento indicando que estos «se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas» de las empresas, es decir, que tiene en cuenta la inflación del período transcurrido desde las últimas correcciones, aplicadas en mayo y julio de este año.

A partir del 1° de octubre: 

  • Recarga de 50 MB de datos móviles por día: $ 36, con impuestos incluidos. 
  • Segundo de voz: $ 0,55, con impuestos incluidos.
  • SMS: $ 7,20, con impuestos incluidos.

A partir del 1° de diciembre: 

  • Recarga de 50 MB de datos móviles por día: $ 39,50, con impuestos incluidos.
  • Segundo de voz: $ 0,60, con impuestos incluidos. 
  • SMS: $ 7,90, con impuestos incluidos.

La resolución también establece que cualquier aumento que «supere los valores expresamente autorizados» obligará a las empresas de telecomunicaciones a reintegrarle la diferencia a los usuarios en su próxima factura, «con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas».

Cabe resaltar que las subas dispuestas tanto para la televisión como para el internet y el servicio de telefonía móvil «no abarcan ni alcanzan a los precios de las Prestaciones Básicas Universales (PBU)», una tarifa diferencial aplicada a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Resolución 1754/2022RESOL-2022-1754-APN-ENACOM#JGM

Ciudad COMUNICACION AUDIOVISUAL. Que la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en octubre de 2009, estableció que su objeto será la regulación de tales servicios en todo el ámbito territorial de la REPÚBLICA ARGENTINA como así también el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Que la Ley sectorial N° 27.078 “Argentina Digital”, sancionada en diciembre de 2014, reconoció el carácter deservicio público esencial y estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre Licenciatarios de Servicios de TIC. Que mediante el DNU N° 690/2020 citado en el visto, y cuya validez fue ratificada por el Honorable Congreso de la Nación, se modificó la Ley “Argentina Digital” estableciendo que los Servicios de TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre sus Licenciatarias, son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia; y que este ENACOM, en su carácter de Autoridad de Aplicación, garantizará su efectiva disponibilidad. Que el Artículo 48 de la misma Ley dispone que las Licenciatarias de los Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente.


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Magistratura: Efecto búmeran que vuelve sobre la propia Corte Suprema

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Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema contra Doñate, el juez Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Magistratura al considerar que la UCR y el PRO son un mismo bloque. El debate, los escenarios y la pregunta que dejó picando Juliana di Tullio: «¿E ora che facciamo, Rosatti?»

Irina Hauser

Por Irina Hauser

Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. La resolución se refiere tanto al mandato que ya cumplió, que terminó hace diez días, como al nuevo, para el cual todavía no prestó juramento. El argumento es que si se les concede un representante al bloque del PRO y otro al de la UCR –que participaron juntos en las dos últimas elecciones–  «se estaría vedando de participar a la real segunda minoría» de la Cámara baja, situación que, dice el juez, sería similar a la que se planteó en el Senado y que llevó a que la Corte Suprema anulara la designación de Martín Doñate por la división del bloque oficialista. La decisión pone en un brete al alto tribunal, que la semana pasada anunció en una acordada que tomaría juramento a los diputados y diputadas designados para formar parte del organismo (aunque no puso fecha), no así a los representantes del Senado ante la nueva judicialización de parte del senador del PRO Luis Juez. 

La senadora del Frente de Todos, Juliana di Tullio, ilustró este escenario en un tuit donde cita un tramo del fallo. «Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN (Corte Suprema) en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR. ¿E ora che facciamo, Rosatti?«, ironizó en su publicación.

El primer párrafo del fallo que cita dice: «De otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque de la UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el citado fallo (el referido a Doñate). Ello, porque los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto que busca representar a tres espacios políticos diferentes». También le ordena a la presidencia de la Cámara (de Diputados) dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical». O sea, deberían enviar un nuevo nombramiento. 

Panorama complejo

Todo este embrollo ha logrado hasta ahora como resultado, que el Consejo, que elige y sanciona a los jueces y juezas, siga paralizado. El punto de partida fue el fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad de la integración del organismo y ordenó reponer la ley de 1997, que contempla 20 miembros y pone como presidente al mismo titular supremo, ahora Horacio Rosatti. Hasta el 18 de noviembre último hubo una composición de transición. La designación original de Doñate, por la segunda minoría, fue denunciada por Juez, que quería ese lugar. Los supremos la anularon el 8 de noviembre último porque consideraron que el bloque del Frente de Todos se había dividido mediante un «ardid» para lograr esa banca. La nueva designación de Doñate está judicializada otra vez. Por ahora, la jueza Alejandra Biotti se declaró incompetente y dijo que debería intervenir el juez que ya lo hizo en la demanda anterior, Pablo Cayssials, quien había fallado a favor de Doñate. El nombramiento de Reyes fue denunciado el año pasado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Su designación corrió por cuenta del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. 

Esto último es lo que resolvió finalmente Cormick en un fallo que, igual que el de la Corte, parte de la base de que la justicia pude opinar sobre este asunto y no sería una intromisión en otro poder. A su entender, la designación de Reyes viola la propia ley del Consejo, en este caso la que estaba derogada y repuso la Corte. «El espíritu de la ley –dice el fallo– es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes. Dos integrantes del partido que cuenta con mayor cantidad de votos y un integrante de cada uno de los siguientes», en alusión a la primera y segunda minoría tanto del Senado como de Diputados. Citó como ejemplo las conformaciones del organismo previas a su composición de 13 miembros –que estuvo vigente desde 2006– y señaló que siempre estuvo claro que eran tres bloques diferenciados los que tenían representación. Coincidió con la Corte en que «si se permitiera, antes o después, que un conjunto de legisladores dividieran bloques, aunque fueran candidatos de la misma lista, se estaría produciendo lo que la Corte advierte como ‘la instrumentación de un artificio o artimaña'» que a su entender es más reprochable cuando se «procura lesionar la exigencia de representación política….». 

Ahora se abren varios caminos posibles y no está claro aún qué sucederá primero:   

* Según el fallo, la presidencia de la Cámara de Diputados debería designar a un/a nuevo/a representante por la segunda minoría. Quienes se sienten aludidos como tales son los integrantes del Interbloque Federal, pero aún no definieron si reclamarán el lugar. La otra cuestión clave es qué hará la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que es quien podría apelar. Tampoco estaba claro al cierre de esta nota. 

En tribunales no descartan que se presente la propia Roxana Reyes, quien hasta ahora no lo había hecho. El juzgado podría aceptarla como parte. 

El otro punto es qué hará la Corte Suprema, que la semana pasada anunció que les tomaría juramento a los diputados cuyos nombres envió la presidencia de la Cámara: Vanesa Siley y Rodolfo Tailadhe, del Frente de Todos, por la mayoría; Alvaro González  por el PRO y, precisamente, Roxana Reyes por el radicalismo. El fallo de Cormick es bastante específico al señalar que no se refiere sólo a la designación de Reyes del año pasado. En la parte resolutiva sostiene: que hace lugar a la acción de amparo del diputado Martínez «declarando nula la resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o alianzas a las que ya le han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría». ¿Esperarán los supremos a una nueva designación? ¿O a que el pleito llegue a sus despachos? ¿O a Reyes le tomarán juramento? 

Así las cosas, hasta el momento, el Consejo está rengo, sin los representantes legislativos. Sólo juraron los estamentos de jueces, abogados,  académicos y el delegado del Poder Ejecutivo. 

Rechazo de la UCR 

La diputada Reyes retuiteó el comunicado del bloque de diputados de la UCR que salió a cuestionar al juez Cormick y sostuvo que su fallo es «arbitrario, político, nulo y extemporáneo» y que fue dictado para generar «confusión». Para el radicalismo «no afecta la validez y cumplimiento» de la resolución de Diputados que designó a los nuevos consejeros. Sostiene que el magistrado se mete en la «interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente intima a la Cámara de Diputados a designar a los representantes del Consejo de una forma que no es la prevista por la ley (…) la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques…». Intentan, a la vez, diferenciarse con la discusión en el Senado por el nombramiento de Doñate: «No se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el PRO son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional». Lo que sucede es que Cormick amplía la interpretación. Para los radicales la discusión ya era abstracta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a los cuestionamientos del radicalismo con argumentos similares. 

Ahora hay final abierto y hay que ver cómo se posiciona la Corte en este caso, si usa los mismos argumentos que aplicó a Doñate, tratándose de una representante de la UCR.   


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