El presidente Alberto Fernández había informado que instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma votada en Jujuy».

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, advirtió que la nueva Constitución de Jujuy «se estrenó con una represión salvaje y con prácticas policiales a las cuales Argentina le dijo ‘Nunca Más’», y aseguró que su cartera analiza de forma «integral todo el proceso constituyente» que se siguió en esa provincia para sancionar la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales.

«Todo el proceso fue opaco y muy poco transparente. Morales cerró con llave la Legislatura -donde sesionó la Asamblea Constituyente- y la rodeó de policías para que el pueblo no sepa qué era lo que se votaba dentro. La nueva Constitución jujeña se estrena con una represión salvaje y con prácticas policiales a las cuales Argentina le dijo ‘Nunca Más’», afirmó Soria en declaraciones a la radio AM 990.

El presidente Alberto Fernández había informado que instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que «analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma votada en Jujuy».

«Tanto el proceso como el contenido de la reforma presentan graves afectaciones a principios constitucionales», remarcó Soria en su cuenta de Twitter, y denunció que la «violencia policial» desatada en Jujuy el martes y sábado pasados «buscó ocultar una reforma hecha con un procedimiento contrario a principios internacionales básicos como la consulta previa a todas las comunidades».

Soria sostuvo que «una vez concluido el análisis jurídico» del nuevo texto constitucional jujeño desde el Gobierno nacional se tomarán las «medidas necesarias para evitar el avasallamiento de los derechos de todos los jujeños» y «garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional en todo el territorio».

«Hay varios caminos para desandar lo que hizo Morales con esta Constitución exprés. Estudiamos la forma de volver a abrir todo ese proceso, o que se declare la inconstitucionalidad parcial o total de algunos artículos del texto modificado», sostuvo el ministro.

Soria recordó que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, «está en la provincia entrevistando y recabando información sobre los distintas sectores involucrados» aunque sostuvo que «lamentablemente las autoridades jujeñas no responden y no permiten que se abran instancias de diálogo».

Foto: Eduardo Sarapura

«Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación vienen analizando la presentación de una denuncia contra esta reforma constitucional de Jujuy por la vulneración de derechos laborales por los que el Estado argentino es responsable de resguardar», añadió.

Soria recordó que «el gobernador (Morales) convocó el martes a las 5 am a una Constituyente que se reunió a puertas cerradas, sin métodos participativos y sin escuchar a sectores del pueblo jujeño».

«Se violaron en esa sesión los principios básicos de todo el sistema democrático argentino», fundamentó Soria al referirse a la aprobación de la reforma de la Carta Magna provincial, que se produjo en medio de una represión a manifestantes. Y en ese sentido recordó que el martes, en las calles de la capital provincial «hubo policías sin identificación deteniendo gente al voleo, llevándosela en camionetas de empresas y autos no identificados».

Foto: @RominaDelPla

«La verdad que lo que está sucediendo es gravísimo. Los organismos internacionales están alertando sobre la situación por la fuerza desmedida usada por Morales», subrayó.

El ministro consideró además que «la justicia provincial es un apéndice del gobernador y es obvio que estará dispuesto a avalar el engendro constitucional» que se aprobó en una breve sesión de la Asamblea Constituyente reunida el martes pasado en la Legislatura local.

«Los constituyentes que votaron esa reforma, sean peronistas o radicales, deberían estar en condiciones de dar respuestas ante los ciudadanos. Esta película ya la vimos. Es el regreso de los muertos vivos. Se trata de la alianza del 2001 y el modelo que pretende imponer Juntos por el Cambio (JxC): sangre, ajuste, miseria, deuda y una justicia totalmente adicta para meter preso a cualquier trabajador por reclamar por sus derechos», completó.