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El Gobierno ratificó la propuesta para aumentar un 20% las tarifas de gas

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Así se completará un alza de 42,7% para quienes no tengan tarifa social. La interna oficialista dejó afuera al secretario de Energía, Darío Martínez

El Gobierno nacional ratificó su propuesta de aumento promedio de 20% para las tarifas de gas, cuyo impacto será en las boletas de junio, completando de esta forma un incremento de 42,7% en 2022.

Este ajuste estaría en línea con el lineamiento propuesto por la conducción del ministerio de Economía, que impulsó como referencia un alza del orden del 80% de la suba del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

La interna oficialista tuvo un nuevo capítulo frente a la audiencia pública que involucra la quita de subsidios ya que la misma fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, en lugar del secretario Darío Martínez. Tampoco estuvo presente el interventor del ENARGAS, Federico Bernal.

Martínez era proclive a avanzar con una quita de subsidios más agresiva en lo que refiere a la segmentación por zona geográfica para impactar sobre regiones de presunto alto poder adquisitivo. De acuerdo a lo expuesto por Videla Oporto, los incrementos que recibirán los consumidores de gas domiciliario serán entre 18 y 25% de acuerdo a los que ya recibieron en marzo –que fueron entre 13,5 y 20,5%- para completar el 42,7% total.

La funcionaria reiteró que los beneficiarios de tarifas sociales no sufrirán aumentos.

A modo de ejemplo, Videla Oporto dijo que para usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $2.008 a $2.378. Para la zona centro, de $2.029 a $2.393. Para la zona Noroeste, de $1.151 a $1.402; y para la zona Sur, de $2.112 a $2.651.

“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios”, afirmó.

Asimismo, remarcó que al momento de avanzar con la segmentación tarifaria los sectores de mayor poder adquisitivo perderán todos los subsidios. En este caso algunos cálculos estiman que las facturas podrían hasta triplicarse.

Sobre los costos del fluido la funcionaria planteó que a partir de la guerra el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés). Añadió que el Estado nacional paga US$ 4,35 y el usuario de US$ 1,41. En consecuencia, el fisco cubre el 75% del costo del gas natural para abastecer la demanda prioritaria.

A su turno, las asociaciones de consumidores rechazaron los aumentos previstos y en algunos casos hicieron énfasis en la necesidad de desdolarizar las tarifas.

Uno de los que se pronunció en ese sentido fue Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), quien propuso «revisar la normativa de base que ampara la dolarización de las tarifas» en boca de pozo.

En la misma línea, sostuvo que «no es tan cierto que estemos demandando en exceso el requerimiento de subsidios», y aseguró que la Argentina se ubica en el puesto 68 en el mundo entre los países en los que el Estado asiste financieramente a la prestación de los servicios públicos.

En tanto, el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal José Luis Ramón consideró «falso» el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que «las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%».

El intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría Fernando Gray pidió que se posterguen los aumentos por entender que «no es un momento oportuno», exhibiendo otra grieta en la coalición oficialista.

La postura de las empresas fue expuesta por ADIGAS quien advirtió que “la segmentación de usuarios debe garantizar que las distribuidoras no se verán perjudicadas” y reclamó que “las variaciones en el costo del gas deben ser reconocidas a través de un mecanismo de ‘pass through’ que garantice para las distribuidoras el principio de la neutralidad económica que se encuentra en las licencias de distribución.


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En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

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La oposición tiene los números para hacer cambios en particular. La Rosada ya dice que ningún capítulo es de vida o muerte.

En la Cámara de Diputados creen que la ley ómnibus se terminará aprobando la semana que viene pero que luego caerá sin atenuantes en el Senado.

La Cámara alta nunca trató la ley ni en comisión porque no pasó el filtro de Diputados. Allí el terreno es mucho más complejo para el gobierno, como quedó demostrado con el DNU que cayó por amplia mayoría.

Los senadores se quieren cobrar los insultos incesantes de Milei, que la semana pasada los graficó como ratas luego de que se aumentaran el sueldo. «Están decididos a destruir la ley».

En Diputados tampoco el Gobierno tiene un camino recto. Si bien ya asoman los números de la mayoría para la votación en general, que ya se habían conseguido el 2 de febrero en la primera versión de la ley, la votación en particular puede sufrir cambios.

Así como sucedió con la privatización del Banco Nación, que fue sacada de la ley en las últimas horas, capítulos como el de lavado pueden sufrir cambios en el recinto, más allá de los acuerdos con los que llega el oficialismo al día de la votación.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Cuando entra un negativo, como se dice en la jerga parlamentaria al momento en que se voltea un artículo de la ley en tratamiento, la votación se «espiraliza». Esto quiere decir que los diputados se envalentonan contra el Gobierno y buscan más cambios, tal como sucedió en la votación en particular de la primera ley ómnibus, lo que la llevó al naufragio.

En ese momento quien debe tener la muñeca para negociar es el presidente de la Cámara, ayudado por sus operadores de recinto. Cuando Emilio Monzó era titular de Diputados, su operador era Nicolás Massot. Sergio Massa tenía a Cecilia Moreau y Paula Penacca. Los operadores de recinto son los que recorren las bancas durante la sesión para evitar sorpresas.

El Gobierno tiene un problema grande con eso. No tiene operadores de recinto, con un bloque balcanizado tras la salida de Oscar Zago. Y en especial, Martín Menem no demostró la experiencia para manejar la sesión cuando se la complican.

En Diputados creen que la ley ómnibus se aprueba la semana que viene pero que los senadores la van a hundir

Y los números que tiene el gobierno en Diputados anticipan que la votación en particular se va a complicar. La oposición podría juntar 126 diputados, que no alcanzan para dar quórum pero sí para voltear artículos o la ley entera una vez que comienza la sesión. Es que cuando ya se consiguió el quórum, la mayoría se calcula respecto de los diputados presentes. Como siempre faltan diputados que se enferman o viajan, con 126 diputados la oposición puede tener mayoría.

A ese número llegan con los 99 diputados de Unión por la Patria, más 5 de izquierda, 2 santacruceños, 11 radicales de Facundo Manes y Emiliano Yacobitti, y hasta 11 del bloque de Miguel Pichetto.

‘La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso’, dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bancada de Pichetto puede ir mutando en cantidad de votos negativos de acuerdo a cada artículo en particular. Los dos socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein, están muy enfrentados al Gobierno. Juan Brugge y Natalia de la Sota responden a Massa. Los seis lilitos no quieren votar las facultades delegadas y Margarita Stolbizer firmó un dictamen aparte con los socialistas.

Además se suman 8 diputados de Innovación Federal que buscarán introducir el capítulo del tabaco que el Gobierno quitó de la ley. «Si no lo logran quizás hagan una maldad», explicaron a LPO fuentes parlamentarias.

Como si no bastara con lo fino del cálculo, el Gobierno, que dejó como interlocutor al vicejefe de gabinete, José Rolandi, no reclama ningún punto como indispensable.

«La ley es un monstruo sin cabeza que va caminando por el Congreso», dicen los diputados que la quieren votar para sacársela de encima. El clima es de hastío por el proceso de cuatro meses que se tornó insoportable.

La bronca de los diputados no es sólo con la Rosada sino también con los gobernadores: creen que se borraron y no dieron la cara en las últimas semanas previas al tratamiento de la ley. El bloque libertario, en tanto, ni participa de las reuniones en las que se negocian los pedazos de la ley. 


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