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Viernes 25 de Abril del 2025

SOCIEDAD

El gobierno profundizó el retraso del salario mínimo

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La medida afecta también a programas sociales y a más de un millón de jubilados cuyos ingresos ajustan con ese valor. Sueldos de más de 2,3 millones de pesos volverán a pagar Ganancias.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Javier Milei no pudo cumplir con su palabra de no fijar el salario mínimo por decreto, pero sí cumplió con su objetivo de licuar todo gasto del Estado y los salarios privados frente a una ola inflacionaria que desacelera pero no se detiene. El salario mínimo vital y móvil (SMVM) correspondiente al primer trimestre, quedó establecido en 156 mil pesos para enero (sin modificación con respecto a diciembre), 180 mil para febrero y 202.800 pesos para marzo, redondeando un 30 por ciento de aumento en el primer cuarto del año. Representa una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25 por ciento entre el salario mínimo de marzo y el correspondiente a diciembre pasado. 

El mismo retraso impactará en el millón de personas que cobran el programa Potenciar Trabajo (equivalente al 50 por ciento del SMVM) y en 1,3 millones de jubilados con más de 30 años de aportes pero ingresos mínimos (que tienen un piso de haberes del 82% del SMVM). Los beneficiarios de las becas Progresar también sufrirán una mayor pérdida del poder adquisitivo ante el bajo monto del piso salarial.

También afectará a los asalariados en relación de dependencia con remuneraciones superiores a 2,34 millones de pesos a partir de enero, alcanzados por el impuesto cedular (ex impuesto a las ganancias de la cuarta categoría),  ya que «el piso» de 15 SMVM no se actualizará durante todo el primer semestre. Para este período, sólo se toma en cuenta el salario mínimo vigente al mes de enero en el cálculo del piso del impuesto. Es decir, que si un trabajador tiene una remuneración mayor a 2,34 millones de pesos en abril, mayo o junio, paga impuesto sobre el monto que supere a esa cifra. 

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinarlo por decreto”, había señalado Javier Milei en una entrevista radial el último viernes. “¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?», se preguntó en aquel momento, rechazando enfáticamente la acción que, efectivamente, tuvo que ejecutar cuatro días después.

Un día antes de dichas manifestaciones, el jueves 15, el gobierno (a través de la Secretaría de Trabajo) había convocado al consejo del salario para definir el nuevo SMVM, en un encuentro que se concretó de modo virtual (vía zoom). La representación sindical había presentado dos alternativas de actualización del piso salarial: ajuste mensual en función del IPC (inflación minorista) o un aumento directo del 85 por ciento con vigencia a febrero. La representación patronal (esta vez se excluyó de la convocatoria a las organizaciones pymes) no formuló propuesta: simplemente, rechazaron las iniciativas sindicales.

Sin siquiera promover el debate, ni ofrecer una mediación, el representante oficial dio por finalizado el encuentro «sin acuerdo». En la tarde-noche del lunes, el poder ejecutivo resolvió el incremento «mínimo» del salario mínimo, que dejó trascender esa misma noche y oficializó, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial.

La resolución no sólo se ubicó muy alejada del reclamo sindical (para febrero, 180 mil pesos de salario mínimo contra una propuesta de la CGT de 288 mil), sino que además dejó la sensación en la representación sindical de frustración y engaño. «Se nos pidió que presentáramos una propuesta, ni siquiera se trató ni se promovió la interacción con el sector empresario; luego se toma esta decisión sin que se intentaran nuevos contactos. La conflictividad va creciendo y esto agrega un punto más a la confrontación entre trabajadores y gobierno», advirtió una fuente sindical. 

Este martes hubo diversos encuentros en los que participaron dirigentes sindicales de distintas vertientes y el tema de la falta de negociación sobre el salario mínimo fue uno de los puntos mencionados en cada uno de ellos. Aunque el salario mínimo no es un factor determinante para las paritarias más importantes, con niveles salariales de piso ya muy por encima de ese valor, está claro sin embargo que impacta sobre las remuneraciones de los trabajadores de actividades no convencionadas e, incluso, de manera indirecta sobre los salarios informales.

Además, debe computarse el impacto sobre los beneficiarios de programas sociales y en una franja no menos importante de jubilados, que con un SMVM más actualizado, estarían cobrando un haber muy superior a la jubilación mínima. El 82 por ciento de un SMVM de 288 mil pesos, como el pedido por la CGT, daría una jubilación de 236 mil pesos para quienes se hayan retirado con más de 30 años de aportes. Hay más de 1,3 millones de jubilados en esa condición. Con la actualización de marzo, la jubilación mínima estará en alrededor de 137 mil pesos. Casi 100 mil pesos debajo del valor mencionado.


PROVINCIALES

Leguizamón: “La diputada Ponce está enojada porque se le descontó más de 1 millón de pesos por no ir a trabajar”

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El vicegobernador desmintió las acusaciones de la legisladora de Unión Por la Patria y criticó: “Es una bajeza que utilice la violencia de género mofándose de las verdaderas víctimas de este flagelo social”.

El vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, desmintió categóricamente las falsas acusaciones vertidas por la legisladora del bloque opositor Unión Por la Patria, Lorena Ponce, quien aludió presunta violencia institucional, de género, laboral y política.

En este sentido, Leguizamón aclaró que esta tarde la diputada Ponce ingresó a su despacho en Presidencia –sin autorización y con testigos de por medio- a una reunión de la cual participaban únicamente el vicegobernador y los presidentes de los diferentes bloques parlamentarios para coordinar aspectos técnicos de cara a la 4° Sesión Ordinaria que se desarrolló este mediodía en el recinto de la Legislatura Provincial.

En ese contexto, la diputada Lorena Ponce visiblemente alterada y enojada tras el descuento por la suma de $1.200.000 que sufrió junto a sus pares del bloque Unión Por la Patria -a excepción del diputado Carlos Santi- por haber faltado injustificadamente a la Sesión Inaugural de la HCDSC que se realizó el pasado 01 de marzo en la localidad de Pico Truncado, comenzó a subir el tono de voz con agravios hacia el vicegobernador delante de los presentes.

Con respecto a este tema, Leguizamón, fue contundente y advirtió: “Les descontamos ese porcentaje de su dieta como a cualquier empleado que se ausenta de su lugar de trabajo sin justificación, tal como se había anticipado y conforme lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados. Los legisladores deberían dar el ejemplo y cumplir con su obligación de trabajar. El hecho de ser diputados no les confiere ese tipo de privilegios ni los pone por encima de ningún otro trabajador”.

Por último y sobre la denuncia de Ponce por presunta violencia de género hacia su persona, Leguizamón expresó: “Es indignante y de una bajeza inusitada que una representante del pueblo utilice un tema tan sensible como estrategia para intentar despertar un sentimiento de empatía y lástima en la ciudadanía, con la complicidad de sus pares del bloque opositor Unión Por la Patria, mofándose de las verdaderas víctimas de este flagelo social”.


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