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El gobierno profundizó el retraso del salario mínimo

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La medida afecta también a programas sociales y a más de un millón de jubilados cuyos ingresos ajustan con ese valor. Sueldos de más de 2,3 millones de pesos volverán a pagar Ganancias.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Javier Milei no pudo cumplir con su palabra de no fijar el salario mínimo por decreto, pero sí cumplió con su objetivo de licuar todo gasto del Estado y los salarios privados frente a una ola inflacionaria que desacelera pero no se detiene. El salario mínimo vital y móvil (SMVM) correspondiente al primer trimestre, quedó establecido en 156 mil pesos para enero (sin modificación con respecto a diciembre), 180 mil para febrero y 202.800 pesos para marzo, redondeando un 30 por ciento de aumento en el primer cuarto del año. Representa una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25 por ciento entre el salario mínimo de marzo y el correspondiente a diciembre pasado. 

El mismo retraso impactará en el millón de personas que cobran el programa Potenciar Trabajo (equivalente al 50 por ciento del SMVM) y en 1,3 millones de jubilados con más de 30 años de aportes pero ingresos mínimos (que tienen un piso de haberes del 82% del SMVM). Los beneficiarios de las becas Progresar también sufrirán una mayor pérdida del poder adquisitivo ante el bajo monto del piso salarial.

También afectará a los asalariados en relación de dependencia con remuneraciones superiores a 2,34 millones de pesos a partir de enero, alcanzados por el impuesto cedular (ex impuesto a las ganancias de la cuarta categoría),  ya que «el piso» de 15 SMVM no se actualizará durante todo el primer semestre. Para este período, sólo se toma en cuenta el salario mínimo vigente al mes de enero en el cálculo del piso del impuesto. Es decir, que si un trabajador tiene una remuneración mayor a 2,34 millones de pesos en abril, mayo o junio, paga impuesto sobre el monto que supere a esa cifra. 

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinarlo por decreto”, había señalado Javier Milei en una entrevista radial el último viernes. “¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?», se preguntó en aquel momento, rechazando enfáticamente la acción que, efectivamente, tuvo que ejecutar cuatro días después.

Un día antes de dichas manifestaciones, el jueves 15, el gobierno (a través de la Secretaría de Trabajo) había convocado al consejo del salario para definir el nuevo SMVM, en un encuentro que se concretó de modo virtual (vía zoom). La representación sindical había presentado dos alternativas de actualización del piso salarial: ajuste mensual en función del IPC (inflación minorista) o un aumento directo del 85 por ciento con vigencia a febrero. La representación patronal (esta vez se excluyó de la convocatoria a las organizaciones pymes) no formuló propuesta: simplemente, rechazaron las iniciativas sindicales.

Sin siquiera promover el debate, ni ofrecer una mediación, el representante oficial dio por finalizado el encuentro «sin acuerdo». En la tarde-noche del lunes, el poder ejecutivo resolvió el incremento «mínimo» del salario mínimo, que dejó trascender esa misma noche y oficializó, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial.

La resolución no sólo se ubicó muy alejada del reclamo sindical (para febrero, 180 mil pesos de salario mínimo contra una propuesta de la CGT de 288 mil), sino que además dejó la sensación en la representación sindical de frustración y engaño. «Se nos pidió que presentáramos una propuesta, ni siquiera se trató ni se promovió la interacción con el sector empresario; luego se toma esta decisión sin que se intentaran nuevos contactos. La conflictividad va creciendo y esto agrega un punto más a la confrontación entre trabajadores y gobierno», advirtió una fuente sindical. 

Este martes hubo diversos encuentros en los que participaron dirigentes sindicales de distintas vertientes y el tema de la falta de negociación sobre el salario mínimo fue uno de los puntos mencionados en cada uno de ellos. Aunque el salario mínimo no es un factor determinante para las paritarias más importantes, con niveles salariales de piso ya muy por encima de ese valor, está claro sin embargo que impacta sobre las remuneraciones de los trabajadores de actividades no convencionadas e, incluso, de manera indirecta sobre los salarios informales.

Además, debe computarse el impacto sobre los beneficiarios de programas sociales y en una franja no menos importante de jubilados, que con un SMVM más actualizado, estarían cobrando un haber muy superior a la jubilación mínima. El 82 por ciento de un SMVM de 288 mil pesos, como el pedido por la CGT, daría una jubilación de 236 mil pesos para quienes se hayan retirado con más de 30 años de aportes. Hay más de 1,3 millones de jubilados en esa condición. Con la actualización de marzo, la jubilación mínima estará en alrededor de 137 mil pesos. Casi 100 mil pesos debajo del valor mencionado.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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