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Diputados buscará convertir en ley el proyecto de Alcohol Cero al volante

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La iniciativa busca prohibir la conducción de vehículos a personas con graduación de alcohol en sangre superior a cero, una obligación que por ahora solamente aplica a conductores profesionales.

La Cámara de Diputados se prepara para someter a votación el próximo jueves un temario de proyectos consensuados, con la ley de Alcohol Cero al volante en el centro de la escena.

El proyecto impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, propone modificar la Ley de Tránsito 24.449 de manera tal de prohibir la conducción de vehículos a personas con graduación de alcohol en sangre superior a cero, una obligación que por ahora solamente aplica a conductores profesionales.

De aprobarse en Diputados, el proyecto -que cuenta con el apoyo transversal de todas las bancadas, además del Gobierno y asociaciones civiles como Madres del Dolor- será ley dado que ya cuenta con media sanción del Senado. Solamente algunos diputados de Mendoza y San Juan se muestran reticentes a acompañar y se debaten entre el voto en contra y la abstención.

La norma vigente autoriza hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de automóviles y 0,2 gramos en el caso de motociclistas.

El objetivo de la iniciativa, resistida por la industria vitivinícola y sectores gastronómicos por el posible impacto negativo en sus ventas, es reducir las muertes en accidentes de tránsito, la primera causa en adolescentes.

Ya existen experiencias con regulaciones de Alcohol Cero en países como Brasil, Paraguay, Chile, Colombia y Uruguay, con resultados positivos. Y 11 provincias argentinas ya prohíben el alcohol al volante: Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut. La Provincia de Buenos Aires podría sumarse en el corto plazo ya que la ley tiene media sanción del Senado.

En los últimos diez años se superaron las 50.000 muertes y el millón de personas lesionadas por esta causa, que se cobra entre 14 y 20 víctimas por día. Según la OMS, con una graduación entre 0.1 y 0.5 de gramos por litro de sangre es tres veces más alto el riesgo de provocar un siniestro vial que un conductor sobrio.

Por otra parte, de acuerdo a datos de la Ciudad, el alcohol está presente en casi uno de cada cuatro siniestros viales, y uno de cada tres conductores hospitalizados por accidentes de tránsito tienen alcohol en sangre. Está comprobado científicamente que el consumo de alcohol genera una disminución de la capacidad de reacción, de los reflejos y de la capacidad para advertir un riesgo y medir un peligro.


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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