Según efectivos policiales, los internos sufrían “castigos corporales, torturas y ataduras”. El falso complejo fue hallado en la localidad de La Reja. Hay tres detenidos.

A través de un megaoperativo, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron el centro de adictos “Los Valientes”, que funcionaba clandestinamente en la localidad de La Reja, Moreno. En total, fueron rescatadas 77 personas mayores y 10 menores de edad, quienes se alojaban en el lugar “en situación de vulnerabilidad, privados de libertad y autonomía con castigos corporales, torturas y ataduras”.

Según fuente policiales, la inspección arrojó “un panorama dantesco y escalofriante” debido a que “los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad, encerrados bajo llave y puertas enrejadas, con aguas residuales en los patios de recreación, baños tapados”. Además, especificaron que “se halló un joven menor de edad, atado en el interior de un gallinero”.

Durante el allanamiento, a cargo del fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 8 de Moreno– General Rodríguez, fueron detenidos tres hombres, quienes estaban a cargo del supuesto centro de rehabilitación, “el cual no poseía habilitación para tal fin”. En paralelo, se constató que “solo tres profesionales acudían para la gran cantidad de pacientes” y que “no había médico ni psicólogo”

De la intervención del complejo también participó personal del Departamento Trata de Personas y del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación, quienes asistieron a las víctimas. “Los pacientes indicaron que eran sometidos a castigos de golpes, cortes y ataduras, falta de ingesta de alimento y agua y hasta torturas: los internos eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo”, indicaron.

En paralelo, agregaron que “los familiares solo podían verlos cada 21 días, y que debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar para así controlar sus conversaciones”. Por el momento, los menores fueron restituidos a sus familias y se incautaron varios teléfonos celulares de los responsables del lugar, una computadora, varias historias clínicas para continuar la investigación y elevar la causa a juicio.