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Lunes 30 de Junio del 2025

INFO. GENERAL

De penas y olvidos

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El pasado día viernes, durante mi intervención en el juicio oral de “Vialidad”, cuando mencioné los antecedentes jurisprudenciales del caso De la Rúa, sobre su responsabilidad en los trágicos sucesos que tuvieron lugar en nuestro país en los días 19 y 20 de diciembre del 2001 y que culminaron con el asesinato de varios ciudadanos argentinos, olvidé señalar algo muy importante.

No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman. 

Tampoco se tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional para el Jefe de Gabinete, ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py.

Pero entonces ¿nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?

El 23 de mayo de 2016 -15 años después- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 dio a conocer la sentencia del juicio oral por la causa caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.

El tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu (el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal Luciani), impuso para Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad (organismo dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior), 4 años y 9 meses de prisión y para Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, 4 años de cárcel.

En el proceso se investigaron los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

La sentencia fue apelada y el 2 de junio de 2020 – 19 años después- la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, confirmaron la sentencia y ordenaron devolver las actuaciones al tribunal de origen para que resuelva nuevamente sobre las penas impuestas.

El mismo Tribunal Oral Nº 6, ahora con la integración de dos nuevos jueces -Néstor Costabel y Sabrina Namer- ya que Rodrigo Giménez Uriburu, siguió formando parte del mismo, el 19 de mayo de 2021, redujo la sentencia contra los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego de una reevaluación del monto de las penas ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal redujo la condena de Enrique Mathov a cuatro años y tres meses de prisión. También redujo la pena del ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos a tres años y seis meses.

Mathov, a quién le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos sólo por el término de 8 años y 6 meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas.

Es de destacar que la Cámara de Casación solo debatió el monto de las penas. El objetivo de Casación era lograr penas excarcelables para los acusados.

El TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Curiosamente, la misma Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene Dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las Cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?

Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado Dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso.

P/D: En mayo 2022 -o sea 21 años después- la misma Sala I de Casación hizo lugar al recurso extraordinario de Mathov y Santos por lo que las penas por los homicidios en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 se encuentran sin ejecución por no estar firmes.  


Avisos

INFO. GENERAL

DIGI Derechos: el Estado capacita para garantizar una ciudadanía digital segura

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Desde el 1ᵒ de julio, agentes públicos de Santa Cruz participarán de una capacitación en derechos digitales organizada por la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez. El objetivo es fortalecer el sistema de protección y acompañar a niñas, niños y adolescentes en entornos virtuales.

Con el compromiso de garantizar una ciudadanía digital segura y promover el ejercicio pleno de derechos en todos los ámbitos, la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia lanza la capacitación “DIGI Derechos”, dirigida a agentes de la administración pública provincial. La formación comenzará el martes 1ᵒ de julio en el Centro de Capacitación Energético Minero de Fo.Mi.CRUZ.

Esta iniciativa se enmarca en una estrategia integral de formación ciudadana con perspectiva de derechos, y tiene como eje central la prevención de problemáticas como el ciberacoso, el grooming y otras formas de violencia en plataformas digitales.

“La capacitación tiene como objetivo principal fortalecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y garantizar que sus derechos sean protegidos también en los entornos virtuales”, explicó la directora provincial de Promoción de Derechos de Niñez y Adolescencia, Daniela Gallardo, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos.

Capacitar para acompañar

Gallardo destacó que la propuesta está diseñada específicamente para agentes estatales y se desarrollará con una metodología participativa y reflexiva: “Buscamos que el contenido sea accesible, dinámico y significativo. Invitamos a pensar juntos: ¿Cómo acompañamos a las infancias y adolescencias en entornos digitales? ¿Qué implica hoy hablar de ciudadanía digital?”, expresó.

A lo largo del ciclo se abordarán nociones clave como identidad digital, huella digital y el impacto que generan los contenidos compartidos en redes sociales sobre niños, niñas y adolescentes.

“Apuntamos a generar entornos digitales seguros. Queremos que las personas adultas se reconozcan como responsables de garantizar estos derechos. Lo que se sube a Internet ya no nos pertenece, y eso también impacta en la niñez y la adolescencia”, remarcó Gallardo.

Formación para la transformación social

La propuesta formativa incluirá también espacios de foro y debate, orientados a construir una mirada crítica y comprometida sobre los desafíos actuales en materia de derechos digitales.

Gallardo fue enfática al señalar que es necesario abandonar la idea de que solo las juventudes comprenden el mundo digital: “Solemos atribuirles el saber tecnológico a los chicos y nos desentendemos. Pero el verdadero desafío es que los adultos nos involucremos, nos formemos y actuemos desde la promoción y la prevención, no sólo ante la vulneración”.

Corresponsabilidad e impacto institucional

Desde la Subsecretaría se enfatiza la necesidad de una participación activa por parte de todos los agentes públicos, entendiendo su rol como corresponsables en la construcción de una ciudadanía digital con derechos.

“Esperamos que quienes participen se apropien de estos conceptos, y se animen a problematizar las situaciones de vulneración en entornos digitales. Que sepan qué hacer, cómo actuar y cómo acompañar a las infancias para construir entornos seguros, justos y respetuosos”, concluyó Gallardo.


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