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De penas y olvidos

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El pasado día viernes, durante mi intervención en el juicio oral de “Vialidad”, cuando mencioné los antecedentes jurisprudenciales del caso De la Rúa, sobre su responsabilidad en los trágicos sucesos que tuvieron lugar en nuestro país en los días 19 y 20 de diciembre del 2001 y que culminaron con el asesinato de varios ciudadanos argentinos, olvidé señalar algo muy importante.

No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman. 

Tampoco se tuvieron en cuenta las responsabilidades que establece el artículo 100 de la Constitución Nacional para el Jefe de Gabinete, ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py.

Pero entonces ¿nadie fue condenado por la violencia que provocó tantos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país y que hizo colapsar la institucionalidad en la República Argentina?

El 23 de mayo de 2016 -15 años después- el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 dio a conocer la sentencia del juicio oral por la causa caratulada “Mathov, Enrique José y otros s/abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, en la que se investigan los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2001.

El tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Adrián Martín Grünberg y Rodrigo Giménez Uriburu (el jugador del Liverpool, equipo que integra con el fiscal Luciani), impuso para Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad (organismo dependiente en ese entonces del Ministerio del Interior), 4 años y 9 meses de prisión y para Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, 4 años de cárcel.

En el proceso se investigaron los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti. También se investigan lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas.

La sentencia fue apelada y el 2 de junio de 2020 – 19 años después- la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, confirmaron la sentencia y ordenaron devolver las actuaciones al tribunal de origen para que resuelva nuevamente sobre las penas impuestas.

El mismo Tribunal Oral Nº 6, ahora con la integración de dos nuevos jueces -Néstor Costabel y Sabrina Namer- ya que Rodrigo Giménez Uriburu, siguió formando parte del mismo, el 19 de mayo de 2021, redujo la sentencia contra los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego de una reevaluación del monto de las penas ordenada por la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal redujo la condena de Enrique Mathov a cuatro años y tres meses de prisión. También redujo la pena del ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos a tres años y seis meses.

Mathov, a quién le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos sólo por el término de 8 años y 6 meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas.

Es de destacar que la Cámara de Casación solo debatió el monto de las penas. El objetivo de Casación era lograr penas excarcelables para los acusados.

El TOF 6 redujo las penas en función de la revisión propiciada por la Cámara de Casación Federal, que en su pronunciamiento había cuestionado que en la misma sentencia de juicio se había realizado una doble valoración del carácter de funcionarios públicos de los condenados, por lo cual se habría transgredido el principio llamado ne bis in ídem, es decir la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Curiosamente, la misma Sala 1 de Casación, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, es la que tiene Dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las Cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?

Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado Dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista. Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso.

P/D: En mayo 2022 -o sea 21 años después- la misma Sala I de Casación hizo lugar al recurso extraordinario de Mathov y Santos por lo que las penas por los homicidios en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 se encuentran sin ejecución por no estar firmes.  


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En medio del ajuste del Gobierno, se hizo «La Noche de las Universidades»

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La actividad fue para conmemorar el 75º aniversario de la gratuidad universitaria implementada por Juan Domingo Perón en 1949.

Por Celeste del Bianco

Ayer, se realizó en todo el país “La Noche de las universidades”, en lo que fue la vigilia del 75º aniversario de la implementación de la gratuidad universitaria. Una medida adoptada por Juan Domingo Perón el 22 de noviembre de 1949, que democratizó el acceso a la educación superior y generó un cambio histórico. A modo de celebración hubo suelta de libros, charlas, mesas de consulta y otras actividades, que funcionaron también como una forma de visibilizar la grave crisis que atraviesa el sistema universitario con el ajuste que impuso el gobierno de Javier Milei.

“En estos momentos tenemos muchas cosas para ver, plantear y discutir. Creo que 75 años son más que importantes y en un momento donde están en discusión muchas de las cosas que pasan en la universidad pública. Así que creíamos más que conveniente hacer esto y que pueda quedar para el futuro”, le dijo a Página 12 Oscar Alpa, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que impulsó la idea de abrir las puertas a toda la comunidad hasta la medianoche. Esta conmemoración especial se da un contexto dramático para las universidades, que no saben si podrán funcionar el próximo año. Todo depende de la aprobación del Presupuesto 2025 en el Congreso, una ley que el Gobierno pareciera no querer sancionar y así seguir usando el del 2023 de manera discrecional. A esto se suma la situación de docentes y no docentes, que acumulan un 40% de pérdida del poder adquisitivo y que más del 85 % tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza.

“La gratuidad es una bandera que hay que defender a toda costa porque nosotros somos un ejemplo como sistema en el mundo. Ojalá lleguemos a tiempo y que no terminen de destrozar todo, porque va a ser otra vez como en los 90, llegar y empezar de cero”, dijo Gabriela Vázquez, egresada de la carrera de Ciencias de la Educación que se acercó al Centro Cultural Universitario Paco Urondo, una de las sedes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el microcentro porteño. Miraba un telar de más de cuatro metros, bordado con pequeños muñecos coloridos hechos por mujeres chilenas exiliadas en Canadá en homenaje a las y los desaparecidos durante la dictadura militar.

En esa misma sede dieron una charla las escritoras Dolores Reyes y Sol Fantin, denunciadas por una fundación de ultraderecha por el supuesto «contenido sexual explícito» que sus libros esparcen en las escuelas bonaerenses. Alrededor de cien personas participaron del encuentro. Una de ellas fue Renata Vismara, integrante de de la Red de docentes por el derecho al aborto. “Estamos acá en repudio a este intento de prohibir esta literatura que para nosotras es clave. Estos libros, muchas veces, son la puerta de entrada para que pibes y pibas puedan contar lo que les está pasando. Porque no lo conocen, porque no se dan cuenta que lo que viven es violencia o porque les habilita hablar”, contó. Vismara es la primera generación universitaria en su familia, su mamá, jefa de hogar, es empleada pública y, ahora, ella tiene un título en Ciencias de la Educación. “Estamos ante un permanente ataque hacia lo público, hacia lo colectivo. En mi caso, con la universidad fue contundente el cambio en mi vida y en la de toda mi familia”, agrega.

Imagen Verónica Bellomo

El 22 de noviembre de 1949 Perón firmó el decreto N° 29337, que suspendió el cobro de los aranceles universitarios y reconoció el derecho universal a la educación superior gratuita que democratizó el acceso y dio espacio a sectores populares, obreros y de menores recursos.“La gratuidad fue premonitoria o inauguró un modo de pensar que hasta entonces había referido a la educación universitaria solamente como un privilegio para las élites. Por eso, defender a la gratuidad como valor también es defender un proyecto universitario en sintonía con el desarrollo nacional, en sintonía con la soberanía científica y, por supuesto, con la independencia económica y la justicia social”, le dijo a Página 12 la vicedecana de la Facultad de Filosofía, Graciela Morgade, que también participó de la charla.

Los rectores y rectoras de todo el país que integran el CIN ya anticiparon que si el Presupuesto 2025 no se modifica, las universidades no podrán funcionar. Necesitan 7.1 billones de pesos para gastos de funcionamiento y salarios, pero el gobierno de La Libertad Avanza solo propone 3.8 en un presupuesto que ni siquiera se sabe si será aprobado. En ese contexto de incertidumbre es que las universidades abrieron sus puertas a la medianoche.

La calle Corrientes también se convirtió en uno de los escenarios de “La Noche de las Universidades”, alumnos y docentes hicieron una suelta de libros. Llegaron desde la sede de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) de la calle Bartolomé Mitre al 1800 hasta la peatonal y repartieron libros que consiguieron en una colecta, la idea surgió en Plaza Congreso mientras participaban del plan de lucha para conseguir un presupuesto adecuado. Juntaron alrededor de 500 y cada uno de ellos llevó una dedicatoria. “Quizás desde la parada del 98, ves a este edificio oscuro y aburrido, pero por adentro está lleno de color. Acá hay gente que imagina y crea mundos”, escribió en uno de esos libros Oscar Ojea, alumno de la Licenciatura en Artes. Firmó la dedicatoria para alguien que no conoce, pero al que quiere que le llegue su mensaje: su universidad es una cocina de arte y de creatividad maravillosa.

La decisiòn de abrir las universidades no es solo para celebrar la fecha histórica, sino también para seguir visibilizando el conflicto universitario, que ya lleva diez meses y que en el medio tuvo dos marchas masivas, tomas generalizadas, clases públicas y miles de actividades en todo el país. “Nosotros también tratamos de ir cambiando un poco las acciones porque repetirnos es hacer el juego a la estrategia de cansancio y de agotamiento, entonces como universo de arte tratar de crear y saltear los discursos de odio”, le contó a este diario Sergio Ramos, decano de Crítica de Artes. Y agregó: “Escribimos dedicatorias para que vayan esos libros con un poco de historia de la universidad. Pero también es traer al libro como instrumento de liberación, de creatividad, de imaginación, de empatía. Como cierto acto de generosidad y de convocar a otros modos de construir comunidad y de relacionarnos como sociedad”.


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