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¿Cuándo entra en vigencia el DNU de Javier Milei? 

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El decreto fue publicado en el Boletín Oficial este jueves. Qué pasa si el Congreso decide invalidarlo y cómo son los tiempos de ese proceso.

El Gobierno de Javier Milei publicó su mega decreto con más de 300 artículos de desregulación total de la economía argentina. Como en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado hoy en el Boletín Oficial no se especifica su fecha de entrada en vigencia, según establece el Código Civil y Comercial, la normativa comenzará a regir automáticamente dentro de 8 días —el 29 de diciembre—. No obstante, el Presidente afirmó esta mañana que «ya está vigente». ¿Qué pasa si el Congreso decide invalidarlo? Cómo son los tiempos de ese proceso.

Milei firmó un decretazo para barrer con miles de derechosRuidazos, cacerolas y protestas en todo el país minutos de después de la cadena nacionalSturzenegger se burló del cacerolazo contra el DNU

Por lo general, dentro del cuerpo de este tipo de decretos, el Poder Ejecutivo suele aclarar que la norma entra en vigencia desde el día de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, esto no sucedió. En diálogo con Página|12, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez confirmó que como el DNU no lo aclara, se aplica el artículo 5 del Código Civil y Comercial (CCC).

Este artículo establece que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”. En tanto, como el DNU de “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” no pone fecha, el documento y todo su contenido entrará en vigor recién este viernes 29 de diciembre.

Sin embargo, Milei sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia que el DNU «ya está vigente». Según dijo, «cuando sale un DNU significa que ya está vigente» por lo que consideró que «no hace falta sacar otro» decreto para aclarar la fecha en que empieza a regir.

¿El Congreso puede invalidar el decretazo de Milei?

Desde su publicación, el jefe de Gabinete —Nicolás Posse— tiene un plazo de 10 días para enviar el DNU a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, este cuerpo tiene otro plazo de 10 días hábiles —desde que lo recibe— para emitir un dictamen respecto a la validez o invalidez del decreto y enviarlo al Senado y a la Cámara de Diputados para que se trate en el recinto.

Asimismo, si la comisión no lo hace en el plazo establecido, ambas cámaras deben tratar el tema de oficio. Por lo que, en el más dilatado de los casos, la validez del DNU se definiría a más tardar el 15 de enero de 2024, aunque también podría ocurrir antes si los distintos actores involucrados en el proceso cumplen sus compromisos institucionales antes de que finalicen los plazos establecidos.

En cuanto al tratamiento en sí, lo cierto es que la Constitución solo habilita el uso del DNU en “circunstancias excepcionales” donde el Congreso estaría impedido de continuar con sus “trámites ordinarios” para la sanción de leyes. Además, se prohibe su uso en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos.

Ambas cámaras solo pueden validar o invalidar el decreto a partir del voto por mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes, obviamente luego de obtener el quórum necesario para sesionar). A su vez, no están habilitadas para introducir enmiendas, modificaciones o agregados al documento.

De esta manera, se prevé que si ninguna cámara decide tratarlo o si el documento es aprobada por una de ellas y rechazado por la otra, el DNU continúa vigente. En cambio, para que el decreto se caiga y pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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