Patagonia NexoSanta Cruz trabaja en un anteproyecto para ampliar su legislación de salud mental, con una mirada que incorpora las condiciones sociales, económicas y culturales de las personas y propone fortalecer las redes de atención comunitaria.
La iniciativa se desarrolla desde la Subsecretaría de Salud Mental Integral del Ministerio de Salud y Ambiente. Su titular, Mariano Rodas, explicó que el proceso reúne a distintos actores de la provincia y que todavía se encuentra en etapa de elaboración.
El funcionario aclaró que se busca construir una propuesta que posteriormente pueda ser trabajada como proyecto en la Legislatura. No se trata de una modificación ya aprobada ni de una norma que esté en aplicación.
El planteo toma como referencia los derechos reconocidos por la Ley Nacional de Salud Mental y propone profundizar dos ejes: la corresponsabilidad entre las áreas estatales y la articulación con las comunidades.
Para Rodas, el abordaje de la salud mental requiere ampliar la participación más allá del sector sanitario. Las dificultades económicas, los vínculos sociales y las condiciones de vida forman parte de las dimensiones que el Estado debe considerar al construir sus respuestas.
Desde esa perspectiva, la corresponsabilidad supone involucrar a diferentes áreas del Gobierno y sostener el trabajo con municipios y organizaciones comunitarias. La intención es que la prevención, la atención y el acompañamiento cuenten con una red más amplia.
El subsecretario reconoció que persisten necesidades dentro del sistema sanitario, entre ellas mejorar las condiciones de los hospitales, incorporar profesionales y fortalecer las tareas preventivas. A la vez, sostuvo que esas acciones deben complementarse con respuestas en otros ámbitos.
La propuesta coloca así a las comunidades como parte del proceso, por su capacidad para construir vínculos y sostener redes de apoyo.
Según detalló Rodas, los encuentros preparatorios se realizan todos los miércoles y comenzaron aproximadamente cuatro o cinco semanas antes de la entrevista.
En esas reuniones participan representantes de ministerios, organizaciones sociales, defensores, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, padres y referentes comunitarios.
El funcionario señaló que la convocatoria permanece abierta a quienes todavía no se hayan incorporado. El objetivo es reunir distintas perspectivas antes de cerrar el texto y contemplar las experiencias de quienes intervienen en el acompañamiento cotidiano.
Esta instancia de participación será relevante para precisar cómo se distribuirán las responsabilidades y qué herramientas tendrá cada sector para cumplirlas.
Rodas vinculó la elaboración del anteproyecto con la discusión sobre una posible reforma de la legislación nacional. Expresó su preocupación por cambios que, a su entender, podrían representar un retroceso en derechos.
Esa valoración corresponde a la posición del funcionario, quien sostuvo que Santa Cruz participa en intercambios con autoridades de otras provincias y presenta investigaciones y propuestas dentro del debate federal.
También recordó que la provincia cuenta con la Ley 3.343, de adhesión a la normativa nacional, y explicó que el trabajo busca ampliar ese marco para responder a las necesidades del territorio.
Por el momento, la iniciativa continúa en construcción. Su alcance concreto quedará definido en el texto que se elabore y en el posterior tratamiento legislativo. El desafío será traducir la participación y la corresponsabilidad propuestas en mecanismos de atención, prevención y acompañamiento que puedan sostenerse en las localidades santacruceñas.
