Patagonia NexoUna Justicia que tarda indefinidamente termina debilitando los derechos que debería proteger. Para quien espera una sentencia, una resolución o una respuesta a un escrito, el expediente detenido representa un problema que sigue abierto: un reclamo laboral, un conflicto familiar, una necesidad económica o una situación que condiciona su vida.
Por eso, la referencia del gobernador Claudio Vidal a más de 2.000 trámites atrasados en juzgados de primera instancia de Río Gallegos merece una discusión que exceda la disputa partidaria. Según lo expresado por el mandatario, las revisiones del Tribunal Superior de Justicia detectaron sentencias pendientes, expedientes paralizados y escritos sin respuesta.
El dato obliga a preguntar cómo se acumularon esas demoras, qué controles funcionaron y cuáles fallaron. También exige conocer qué medidas se adoptarán para resolverlas. Detectar el atraso es un primer paso; reparar sus consecuencias requiere seguimiento, recursos y responsabilidades claramente establecidas.
Cada trámite pendiente tiene detrás a una persona que necesita una respuesta. Esa debería ser la medida principal de cualquier reforma judicial.
Vidal vinculó el funcionamiento de una parte de la Justicia con las décadas de gobiernos kirchneristas y reiteró su definición de ese sector como “la última trinchera del kirchnerismo”. Es una acusación política fuerte, cuya discusión requiere hechos concretos, documentación y la determinación de responsabilidades por las vías correspondientes.
La permanencia prolongada de una fuerza política en el gobierno vuelve necesario examinar cómo se construyeron los controles institucionales y si existieron relaciones capaces de comprometer su independencia. Pero una demora judicial, por sí sola, no demuestra corrupción ni permite atribuir una misma conducta a todo el sistema.
Conviene distinguir. Puede haber falta de personal, problemas de organización, procedimientos ineficientes, negligencia o decisiones deliberadas. Identificar las causas permite actuar sobre ellas y evita que una denuncia de gravedad termine reducida a una consigna.
Revisar el pasado es necesario. El compromiso con la independencia también debe alcanzar al presente. La Justicia que Santa Cruz necesita debe poder investigar a funcionarios anteriores y actuales, sin que la pertenencia política determine la intensidad de los controles.
Ese criterio le da contenido a la igualdad ante la ley que el gobernador plantea.
En su mensaje, Vidal presentó como avances la restitución de Eduardo Sosa, la ampliación del Tribunal Superior y los concursos para fiscales y defensores. Son medidas que deben evaluarse por su aplicación, sus garantías y sus efectos sobre el servicio de Justicia.
Los concursos pueden fortalecer la selección por capacidad y antecedentes si cuentan con reglas públicas, criterios claros y procedimientos que permitan revisar las decisiones. Su legitimidad depende de que los postulantes tengan oportunidades reales y de que la evaluación pueda ser examinada.
Del mismo modo, la ampliación de un tribunal requiere explicar qué mejora aporta a su funcionamiento. La cantidad de integrantes adquiere sentido cuando se traduce en mayor capacidad de resolución, calidad de las decisiones y garantías de independencia.
El respaldo político a una reforma puede impulsar su puesta en marcha. Su consolidación exige que las instituciones funcionen con autonomía, incluso cuando sus decisiones incomoden al Gobierno que promovió los cambios.
La revisión de los juzgados abre una oportunidad para conocer el estado del sistema judicial. Para aprovecharla, sería valioso publicar información sobre los atrasos detectados, su antigüedad, las causas identificadas y los plazos previstos para regularizar la situación, preservando los datos sensibles de las personas involucradas.
También corresponde conocer si las demoras responden a deficiencias estructurales o a incumplimientos que ameritan actuaciones específicas. La responsabilidad debe establecerse con rigor y con las garantías que corresponden.
La ciudadanía necesita saber si los expedientes avanzan después de las auditorías. Un anuncio puede instalar el problema en la agenda pública; un seguimiento transparente permite comprobar si comienza a resolverse.
La misma exigencia alcanza a las condiciones de trabajo. Si existen oficinas desbordadas, cargos vacantes o herramientas insuficientes, esos problemas deben atenderse. Si hay incumplimientos injustificados, deben investigarse. Una política seria necesita capacidad para reconocer ambas situaciones.
La frase de Vidal sobre una Justicia que responda a la ley expresa un objetivo que debería reunir un amplio acuerdo. Su cumplimiento se verá en decisiones concretas: investigaciones que avancen sin protección política, concursos transparentes, resoluciones fundadas y respuestas dentro de tiempos razonables.
La independencia judicial incluye la posibilidad de controlar al Ejecutivo, revisar sus actos y fallar en su contra cuando corresponda. Aceptar ese límite forma parte de la responsabilidad de gobernar.
Santa Cruz tiene motivos para discutir su historia institucional y reclamar explicaciones por las demoras señaladas. También tiene derecho a exigir que las reformas produzcan un servicio accesible y confiable.
Para un trabajador, una madre o una familia, la transformación empieza a hacerse visible cuando su expediente deja de estar detenido. Para la democracia, se vuelve creíble cuando las mismas reglas alcanzan a quienes dejaron el poder y a quienes lo ejercen hoy.
