Patagonia NexoLa historia de las obras inconclusas en Santa Cruz vuelve a ocupar un lugar en la agenda. Viviendas, edificios y proyectos de infraestructura que fueron iniciados y nunca llegaron a terminarse forman parte de una deuda que, en algunos casos, se arrastra desde hace más de 20 años.
Ahora se abrió una nueva instancia de negociación entre Santa Cruz y Nación con el objetivo de determinar qué hacer con aquellos proyectos que continúan paralizados y cuya situación administrativa impide avanzar directamente con su terminación.
El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, y el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Federico Addy, mantuvieron una reunión de trabajo con el subsecretario de Obras y Servicios de Nación, Jorge Ríos, y equipos técnicos de ambas jurisdicciones.
El encuentro puso sobre la mesa un problema que excede la ejecución física de las obras: antes de volver a construir será necesario determinar quién tiene la responsabilidad legal, administrativa y financiera sobre cada proyecto.
Parte de los proyectos que permanecen sin terminar fueron ejecutados mediante programas nacionales y, pese al paso del tiempo y a su paralización, continúan administrativamente bajo responsabilidad del Estado Nacional.
Esta condición representa uno de los principales obstáculos para su reactivación, debido a que la Provincia no puede simplemente intervenir, disponer recursos y continuar una obra cuya titularidad todavía corresponde a otra jurisdicción.
El escenario se profundizó además con la interrupción de programas nacionales de obra pública, que dejó nuevos proyectos sin continuidad y se sumó a situaciones pendientes que Santa Cruz ya arrastraba desde años anteriores.
Por eso, el primer paso será revisar individualmente los expedientes y avanzar en un proceso de regularización que determine cuáles son las condiciones administrativas de cada obra.
Una de las posibilidades analizadas es que Nación transfiera a la Provincia aquellos proyectos que actualmente permanecen bajo su responsabilidad.
De concretarse esa transferencia, Santa Cruz podría quedar habilitada para asumir la continuidad de planes habitacionales, edificios y otras obras de infraestructura que nunca fueron finalizadas.
Sin embargo, por el momento no existe un cronograma anunciado para reiniciar los trabajos ni se detalló públicamente qué obras serán alcanzadas por una eventual transferencia.
La negociación recién comienza y deberá resolver previamente cuestiones legales, administrativas y financieras.
El dato que atraviesa la discusión es el tiempo transcurrido. No todas las obras paralizadas corresponden a un mismo período ni quedaron detenidas por las mismas circunstancias.
Mientras algunos proyectos fueron afectados recientemente por la interrupción de programas nacionales, otros forman parte de expedientes y compromisos que llevan más de dos décadas sin encontrar una solución definitiva.
Esa diferencia será central a la hora de determinar responsabilidades y establecer qué mecanismo corresponde utilizar para cada caso.
Para las familias vinculadas a planes habitacionales que nunca llegaron a completarse, la discusión administrativa tiene además una consecuencia concreta: viviendas proyectadas o iniciadas que, después de años de espera, todavía no pudieron cumplir el objetivo para el cual fueron construidas.
La negociación incluye otro componente: las deudas pendientes entre Nación y Santa Cruz.
Durante el encuentro se abordó la reciprocidad de esas obligaciones como parte del esquema que deberá ordenarse para avanzar con los proyectos.
La discusión financiera podría resultar determinante para establecer cómo se resolverán los compromisos existentes y bajo qué condiciones Santa Cruz podría recibir obras actualmente dependientes de Nación.
El encuentro abre una posibilidad para destrabar proyectos largamente demorados, pero todavía queda un camino administrativo antes de que las máquinas vuelvan a trabajar.
Será necesario identificar cada obra, establecer su situación contractual y financiera, definir responsabilidades y, eventualmente, formalizar su transferencia.
Después vendrá el desafío más importante: conseguir los recursos necesarios para terminarlas.
Tras más de dos décadas de espera en algunos casos, la nueva negociación vuelve a colocar sobre la mesa una vieja deuda de la obra pública santacruceña. El resultado concreto no estará solamente en los acuerdos que puedan alcanzar Nación y Provincia, sino en cuántas de esas viviendas y obras que quedaron a mitad de camino logren finalmente terminarse y ponerse al servicio de la comunidad.
