Patagonia Nexo
La situación salarial de los trabajadores municipales de Río Turbio continúa en el centro de la discusión entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y el Ejecutivo local. Uno de los datos señalados por el secretario general del gremio, Hugo Ochova, es que cerca de 200 empleados percibirían ingresos mensuales de entre $150.000 y $200.000, dentro de una estructura municipal que, según indicó, supera los mil trabajadores.
El planteo vuelve a poner el foco en los ingresos de los agentes con remuneraciones más bajas y en la necesidad de avanzar con una recomposición salarial que permita afrontar el costo de vida de la Cuenca Carbonífera.
El reclamo se desarrolla durante la gestión del intendente Darío Menna, quien asumió en diciembre de 2019 y fue reelegido en 2023. La conducción municipal enfrenta cuestionamientos del sindicato por la falta de una propuesta salarial que el sector considere suficiente.
El reclamo por los salarios más bajos
Ochova viene exponiendo la situación económica de distintos sectores de la planta municipal durante las instancias de negociación y en declaraciones a medios de comunicación. En septiembre, el dirigente sostuvo que el objetivo del SOEM es que los ingresos de la categoría más baja alcancen como referencia el valor de la canasta básica total.
El gremio sostiene que la recomposición debe contemplar las necesidades de los trabajadores y proyectarse sobre las diferentes categorías del escalafón. También ha reclamado una propuesta concreta por parte del Ejecutivo para avanzar en una salida al conflicto.
La discusión no se limita al porcentaje de aumento, sino que incluye el poder adquisitivo de los salarios, las modalidades de contratación y las condiciones laborales de quienes cumplen funciones en el municipio.
Un conflicto que continúa sin consenso salarial
Durante los últimos meses, el reclamo derivó en medidas de fuerza y negociaciones entre el sindicato y el Gobierno municipal. En septiembre, trabajadores municipales realizaron cortes intermitentes en los accesos a Río Turbio para visibilizar el pedido de actualización de haberes.
En el marco de la conciliación obligatoria, el SOEM también cuestionó una propuesta del Ejecutivo que contemplaba incrementos del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, además de recategorizaciones previstas para noviembre. La oferta fue rechazada por los trabajadores en asamblea, según informó el gremio.
Por su parte, Menna ha señalado las dificultades financieras del municipio para afrontar nuevos aumentos sin asistencia externa. En declaraciones difundidas durante el conflicto, el Ejecutivo sostuvo que los ingresos por coparticipación no alcanzan para cubrir la totalidad de las erogaciones en personal.
La responsabilidad del Ejecutivo y el debate sobre los recursos
El reclamo sindical vuelve a poner bajo discusión las prioridades presupuestarias de la Municipalidad y las alternativas disponibles para mejorar los ingresos de los agentes con salarios más bajos.
Entre los puntos que requieren precisiones se encuentran la distribución de los trabajadores según su modalidad de contratación, la estructura de la masa salarial y las posibilidades de financiamiento para una recomposición que contemple al conjunto del personal.
La controversia también tiene una dimensión política: la gestión de Menna pertenece al espacio justicialista, que históricamente ha reivindicado la justicia social y los derechos laborales como parte de su identidad. Frente a ese marco, el sindicato exige que las negociaciones se traduzcan en mejoras concretas para los empleados municipales.
Un reclamo que exige respuestas
La cifra difundida por Ochova sobre los trabajadores que percibirían entre $150.000 y $200.000 mensuales constituye uno de los principales puntos del planteo gremial. Su alcance y distribución dentro de la estructura salarial municipal requieren información oficial detallada que permita dimensionar la situación.
Mientras tanto, el conflicto mantiene abierto el debate sobre los ingresos del personal y la capacidad financiera del Ejecutivo para responder a las demandas.
El desafío para las partes será encontrar una alternativa salarial que pueda sostenerse con los recursos disponibles y que, al mismo tiempo, atienda la situación de los trabajadores con menores ingresos.
