Patagonia NexoLa situación administrativa del Concejo Deliberante de Río Gallegos abrió un nuevo frente de discusión entre el cuerpo legislativo y el Ejecutivo municipal. Esta vez, la presidenta del Concejo, Daniela D’Amico, respondió públicamente al secretario de Hacienda, Diego Robles, y rechazó sus explicaciones respecto de los recursos disponibles para afrontar los gastos del organismo.
En declaraciones al programa Fuera de Contexto de Radio Nuevo Día, reproducidas por Diario Nuevo Día, D’Amico sostuvo que Robles “está faltando a la verdad” y planteó que el eje de la discusión no pasa únicamente por cuánto dinero tiene presupuestado el Concejo, sino por el cumplimiento de la cadena de pagos a sus proveedores.
Según explicó, el cuerpo dispone de un presupuesto anual cercano a los $200 millones, de los cuales se habrían ejecutado aproximadamente $90 millones. Sin embargo, señaló que existen proveedores que entregaron insumos o prestaron servicios y todavía aguardan el pago correspondiente por parte del Departamento Ejecutivo.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue el fondo fijo de $2,5 millones mencionado por Robles como herramienta para atender gastos imprevistos y urgentes.
D’Amico sostuvo que ese mecanismo tiene reglas específicas y no puede utilizarse libremente para cubrir cualquier necesidad del Concejo. Según detalló, durante el año fue solicitado en dos oportunidades, en febrero y junio.
La presidenta del cuerpo puso como ejemplo la compra de papel. Explicó que una sesión ordinaria demanda la impresión de expedientes, proyectos de los siete concejales, pedidos de informes y posteriormente las versiones taquigráficas, por lo que pueden utilizarse entre cinco y diez resmas.
De acuerdo con su explicación, las restricciones del fondo fijo impedirían utilizarlo para realizar compras de esas características en las cantidades necesarias.
Por ese motivo, D’Amico insistió en que la discusión de fondo es otra: que se regularicen los pagos a los proveedores de librería, limpieza, mantenimiento de matafuegos y otros servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del edificio legislativo.
La titular del Concejo aseguró además que la situación viene siendo planteada ante el Municipio desde hace meses y que algunos comerciantes y empresas continuaron prestando servicios pese a acumular pagos pendientes.
“Para que lleguemos a esta instancia es porque agotamos todas las vías”, manifestó.
D’Amico fue más allá del aspecto administrativo e interpretó la situación en términos políticos. Según su postura, existiría un intento de “asfixiar” económicamente al Concejo y limitar el funcionamiento de un cuerpo que mantiene una posición activa frente al Ejecutivo.
También rechazó que las dificultades financieras sean consecuencia de gastos excesivos de la actual conducción y aseguró que numerosas actividades institucionales se desarrollan con recursos mínimos, colaboración externa o directamente sin presupuesto.
El enfrentamiento adquiere además una dimensión política de cara al próximo proceso electoral. D’Amico ya expresó públicamente su intención de competir por la Intendencia de Río Gallegos en 2027, y durante la entrevista vinculó parte de las tensiones actuales con su actividad territorial.
De esta manera, una controversia que inicialmente surgió por la suspensión de una sesión y la falta de insumos terminó exponiendo una discusión más profunda entre la conducción del Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal.
Mientras D’Amico reclama que se normalice la cadena de pagos y rechaza las explicaciones brindadas desde Hacienda, desde el Municipio sostienen que la administración de los recursos debe ajustarse a los procedimientos, rendiciones y disponibilidades presupuestarias existentes.
El conflicto suma así un nuevo capítulo a la relación política entre el Concejo Deliberante y la gestión municipal de Río Gallegos, con una disputa que ya trasciende la cuestión administrativa y comienza a proyectarse sobre el escenario político de 2027.
Fuente: Diario Nuevo Día.
