Patagonia NexoEl costo de garantizar servicios públicos en un territorio extenso fue el eje del planteo que el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, llevó ante el Consejo Federal Fiscal. El funcionario pidió incorporar las particularidades de cada provincia al debate sobre la distribución de los recursos nacionales.
“El federalismo debe contemplar los costos reales de sostener los servicios públicos”, sostuvo Verbes, al describir las dificultades que enfrenta Santa Cruz para financiar sus obligaciones en un escenario de caída de ingresos y presión sobre las cuentas públicas.
Durante su exposición, señaló que los criterios de reparto deben considerar, además de la cantidad de habitantes, las distancias entre localidades, las obras pendientes y los recursos necesarios para sostener la educación, la salud y la seguridad en todo el territorio.
En una provincia con población dispersa, garantizar esos servicios implica mantener establecimientos, equipamiento y personal en comunidades alejadas entre sí. A ese funcionamiento cotidiano se agregan las inversiones necesarias para ampliar y mejorar las redes de agua potable, cloacas, energía y rutas.
Verbes mencionó particularmente la situación de las localidades que todavía dependen de la generación eléctrica a gasoil. Según explicó, ese sistema representa un costo superior al abastecimiento mediante el interconectado y muestra cómo las carencias de infraestructura repercuten sobre las finanzas provinciales.
El ministro también ubicó entre los principales problemas estructurales las necesidades de financiamiento de la Caja de Previsión Social y de las empresas estatales. Sostuvo que estas obligaciones requieren una discusión de fondo sobre su sostenibilidad y condicionan la disponibilidad de fondos para otras áreas.
La dimensión del desequilibrio quedó reflejada en los números presentados por la Provincia: entre enero y septiembre de 2026, los ingresos alcanzaron aproximadamente $1,754 billones, mientras que los gastos ascendieron a $2,297 billones. La diferencia entre ambos montos fue de unos $543.000 millones.
En relación con los recursos, Verbes explicó que tanto la coparticipación nacional como la recaudación propia —especialmente Ingresos Brutos— dependen de la evolución de la actividad económica. Una menor recaudación, planteó, reduce el margen para atender compromisos que continúan vigentes, entre ellos los salarios y el funcionamiento de los servicios esenciales.
Frente a ese panorama, indicó que el Gobierno provincial puso en marcha un programa de ahorro para administrar los fondos disponibles y priorizar obligaciones. También cuestionó a la oposición por rechazar iniciativas que el Ejecutivo presentó como herramientas para alcanzar el equilibrio fiscal, entre ellas la emergencia económica y el plan de financiamiento estratégico.
En cuanto a la articulación con Nación, el funcionario mencionó el trabajo en programas orientados a encauzar la situación financiera provincial. Dentro de esa agenda, anticipó una visita de representantes del Gobierno nacional a Perito Moreno para los días 13 y 14 de noviembre.
El planteo santacruceño dejó sobre la mesa una discusión central para las provincias patagónicas: cómo incorporar al reparto federal el costo de prestar servicios en territorios extensos, con población dispersa y necesidades de infraestructura todavía pendientes.
