Patagonia NexoLa gestión del intendente Pablo Grasso vuelve a quedar en el centro del debate luego de que la Rotonda Samoré, inaugurada recientemente como una obra estratégica para mejorar la circulación en Río Gallegos, comenzara a mostrar un visible deterioro antes de cumplir un mes de habilitada.
Conductores que transitan diariamente por el sector advirtieron la aparición de baches y sectores del pavimento con signos de rotura, una situación que rápidamente generó cuestionamientos sobre la calidad de los materiales utilizados y los controles realizados durante la ejecución de una obra financiada con fondos públicos.
La rotonda había sido presentada por el Municipio como una intervención clave para optimizar el tránsito en uno de los accesos más importantes de la ciudad. Sin embargo, el desgaste prematuro del pavimento abrió interrogantes acerca de la durabilidad de los trabajos y de la inversión realizada.
El estado de la obra también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y control en la ejecución de la obra pública, especialmente cuando se trata de proyectos que demandan importantes recursos económicos.
Los vecinos sostienen que esperan obras que resistan el paso del tiempo y brinden soluciones definitivas, no reparaciones a pocas semanas de haber sido inauguradas.
Frente a este escenario, surgen interrogantes que trascienden el aspecto técnico: ¿qué controles se realizaron durante la ejecución?, ¿la obra se encuentra dentro del período de garantía?, ¿quién deberá responder por las fallas detectadas?
En definitiva, cuando una obra pública comienza a deteriorarse antes de cumplir siquiera su primer mes de uso, el reclamo no pasa únicamente por reparar los baches, sino también por ofrecer explicaciones claras sobre las causas del problema y las responsabilidades que correspondan.
