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El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, implementó una nueva normativa destinada a fortalecer la política de cierre de minas en la provincia, incorporando criterios vinculados a la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental y la transparencia en el desarrollo de los proyectos mineros.
La medida se formalizó mediante la Disposición N.º 153/2026, que amplía los alcances de la Ley Provincial N.º 3751, normativa que regula los procesos de cierre de explotaciones mineras en el territorio santacruceño.
Nuevos requisitos para el control ambiental
Entre los principales cambios, la disposición establece la realización de monitoreos ambientales participativos en los proyectos que se encuentren en etapas de exploración avanzada o explotación.
Estos controles deberán efectuarse al menos una vez por año y contarán con la participación de representantes de las comunidades, trabajadores del sector y autoridades mineras.
Los monitoreos incluirán el seguimiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos, aunque también podrán incorporar evaluaciones sobre flora, fauna y otros componentes ambientales, según las características de cada emprendimiento.
Además, los resultados deberán quedar disponibles para la comunidad como parte de los mecanismos de acceso a la información y seguimiento ambiental.
Incorporan indicadores de sostenibilidad y cambio climático
La nueva reglamentación también exige la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), junto con herramientas para medir la huella hídrica, la huella de carbono, la gestión de residuos, la economía circular, la perspectiva de género, los derechos humanos y las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.
Toda esa información pasará a formar parte de un sistema unificado de reportes, con el objetivo de fortalecer el análisis y el control del desempeño ambiental de cada proyecto minero.
Planificación desde el inicio de cada proyecto
Desde la Secretaría de Estado de Minería señalaron que la política de cierre de minas no debe limitarse a la etapa final de explotación, sino que debe planificarse desde el comienzo de cada proyecto, incorporando herramientas que permitan anticipar riesgos y garantizar una gestión responsable del territorio.
En ese marco, indicaron que la implementación de la Disposición N.º 153/2026 busca consolidar un modelo basado en la transparencia, el control estatal, la sostenibilidad y la participación de la comunidad, promoviendo una actividad minera con estándares ambientales más exigentes y una planificación de largo plazo.
