Patagonia NexoLa diferencia no es menor. En Santa Cruz, el proyecto del gobernador Claudio Vidal para obtener financiamiento destinado a infraestructura fue presentado por sectores de la oposición como un riesgo para el futuro de la provincia. Se habló de "hipotecar Santa Cruz", de generar deuda y de abrir un camino peligroso para las próximas generaciones.
Sin embargo, al mismo tiempo, desde La Plata el gobierno de Axel Kicillof sostiene exactamente la postura contraria. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó al Gobierno nacional por no otorgar los avales necesarios para acceder a más de mil millones de dólares en créditos internacionales destinados a obras públicas. El argumento es claro: sin financiamiento, muchas obras estratégicas no pueden ejecutarse.
La contradicción resulta evidente. Si el endeudamiento en dólares es una herramienta válida para Buenos Aires, ¿por qué deja de serlo cuando se trata de Santa Cruz?
Nadie discute que un crédito puede transformarse en un problema cuando se utiliza para financiar gasto corriente o cubrir déficits estructurales. Pero tampoco puede desconocerse que, en cualquier parte del mundo, el financiamiento para infraestructura constituye una herramienta habitual de desarrollo cuando existe capacidad de repago y un destino concreto para los recursos.
De hecho, durante los últimos meses distintas provincias de distintos signos políticos accedieron o solicitaron financiamiento externo para ejecutar obras. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Entre Ríos y otras jurisdicciones avanzaron en esa dirección sin que ello generara el nivel de cuestionamientos que hoy se observa en Santa Cruz.
El propio gobierno bonaerense sostiene que esos créditos permitirían construir plantas de tratamiento, mejorar infraestructura y dinamizar la economía. Es exactamente el mismo razonamiento que el Ejecutivo santacruceño utiliza para defender proyectos vinculados a energía, agua, rutas y obras estratégicas.
La discusión, entonces, deja de ser técnica para transformarse en política.
Cuando el crédito lo solicita una administración alineada con el kirchnerismo, pasa a ser presentado como una herramienta imprescindible para el desarrollo. Cuando lo impulsa un gobierno de otro signo político, el mismo instrumento es cuestionado como una amenaza.
Ese doble estándar debilita el debate público.
Los santacruceños tienen derecho a discutir si un crédito es conveniente, cuáles serán sus condiciones financieras, qué obras financiará, cómo se devolverá y qué controles existirán sobre su ejecución. Ese es el verdadero debate democrático.
Lo que resulta más difícil de explicar es por qué un mismo espacio político sostiene discursos completamente opuestos dependiendo del territorio en el que gobierna.
Porque, al final, los préstamos internacionales no cambian según la geografía. Lo que cambia es la conveniencia política con la que cada dirigente decide analizarlos.
Y esa contradicción, más que el propio crédito, termina siendo uno de los aspectos que más llaman la atención del escenario político actual.
