Patagonia NexoLa Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) fijó una posición institucional contundente luego del grave episodio de violencia ocurrido en mayo en el Campus de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG), donde un estudiante resultó apuñalado por un trabajador nodocente.
Durante la última sesión del Consejo Superior, realizada en Río Gallegos, los consejeros aprobaron por unanimidad una declaración que repudia los hechos y reafirma el compromiso de la universidad con la erradicación de las violencias dentro de la comunidad educativa.
El pronunciamiento surgió a partir de una presentación conjunta de los gremios ADIUNPA y ATUNPA, y pone el foco no solo en la agresión ocurrida el 19 de mayo, sino también en las advertencias previas que, según señalaron, no habrían sido abordadas mediante los mecanismos institucionales vigentes.
En el documento aprobado, los consejeros expresaron su acompañamiento al estudiante herido, a su familia y a su pareja, también integrante de la comunidad universitaria. Asimismo, remarcaron que el ataque no puede analizarse de manera aislada, ya que meses antes se habían registrado consultas, pedidos de orientación e intenciones de denuncia vinculadas a la situación.
La declaración advierte sobre la necesidad de evitar respuestas institucionales que minimicen o desestimen situaciones de violencia, y plantea que las universidades deben fortalecer los espacios de escucha, acompañamiento y protección para quienes atraviesan estas problemáticas.
En ese contexto, el Consejo Superior resolvió ratificar el compromiso de la UNPA con las políticas de género y exigir el cumplimiento efectivo de los protocolos de actuación existentes. Además, adoptó de manera explícita la consigna "Yo sí te creo" como principio político para el abordaje de situaciones de violencia de género dentro de la institución.
Por otra parte, durante la sesión también expuso el asesor legal de la universidad, quien informó sobre las medidas administrativas y judiciales impulsadas tras el hecho. Entre ellas se encuentran la apertura de un sumario administrativo con suspensión preventiva del trabajador involucrado y la gestión de una restricción de acercamiento a las dependencias universitarias.
Según se indicó, la investigación interna continúa bajo carácter reservado, mientras que la medida judicial vigente impide al acusado acercarse a cualquier edificio o espacio de la universidad por un plazo de tres meses.
Desde el área legal también se recomendó al Consejo Superior evitar pronunciamientos sobre la responsabilidad del agente investigado o sobre eventuales sanciones, con el objetivo de preservar la imparcialidad del cuerpo ante posibles instancias recursivas futuras.
La declaración aprobada marca una de las definiciones institucionales más fuertes de los últimos años dentro de la UNPA en materia de prevención y abordaje de las violencias, en un contexto que volvió a poner en debate el rol de las instituciones frente a situaciones de riesgo y denuncias previas que podrían anticipar hechos de extrema gravedad.
