Patagonia NexoLo ocurrido este fin de semana en Río Gallegos volvió a mostrar una imagen que los vecinos conocen demasiado bien: calles convertidas en lagunas, viviendas anegadas, familias intentando salvar sus pertenencias y equipos de emergencia trabajando durante horas para retirar el agua acumulada.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede seguir ocurriendo esto después de tantos anuncios de obras de drenaje e infraestructura urbana?
Hace apenas un mes, el Municipio presentó un sistema piloto de drenaje como una solución para mejorar el escurrimiento del agua en uno de los sectores críticos de la ciudad. La obra fue mostrada públicamente como una experiencia innovadora que sería puesta a prueba durante las lluvias y el deshielo.
El deshielo llegó.
Y también llegó la realidad.
Las imágenes del operativo provincial muestran camiones desobstructores de gran capacidad, motobombas, maquinaria pesada y personal trabajando para sacar el agua de los barrios afectados. Si la obra piloto debía demostrar su eficacia justamente frente a un episodio como este, los resultados dejan más interrogantes que certezas.
No se trata de descalificar cualquier intento de mejorar la infraestructura urbana. Al contrario. Toda obra pública merece ser reconocida cuando resuelve problemas concretos. Pero también debe ser evaluada cuando la realidad demuestra que no alcanzó los objetivos para los cuales fue anunciada.
Porque gobernar también implica rendir cuentas sobre los resultados.
Durante los últimos años, la planificación urbana de Río Gallegos ha sido objeto de reiterados cuestionamientos. Barrios que crecieron sin infraestructura suficiente, desagües insuficientes, calles que vuelven a inundarse con cada evento climático y obras que parecen responder más a la urgencia política que a una planificación técnica de largo plazo.
Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos: los vecinos.
Vecinos que ven ingresar el agua a sus hogares. Familias que pierden muebles, electrodomésticos y tranquilidad. Personas mayores y niños que deben atravesar situaciones evitables si la infraestructura acompañara el crecimiento de la ciudad.
La presencia del Gobierno Provincial durante la emergencia permitió contener parte de la situación mediante un importante despliegue de recursos. Sin embargo, ningún operativo, por eficiente que sea, puede reemplazar lo que debería resolver una obra pública correctamente planificada.
Las emergencias se atienden.
Los problemas estructurales se previenen.
Ese es el verdadero desafío.
Más allá de las diferencias políticas entre Provincia y Municipio, los hechos invitan a una reflexión que excede cualquier discusión partidaria. Cuando una obra es presentada como la respuesta a un problema histórico, la sociedad espera resultados concretos, no nuevas explicaciones cuando vuelve a inundarse el mismo barrio.
La infraestructura no puede convertirse en una sucesión de anuncios ni en experiencias piloto permanentes. Debe ofrecer soluciones duraderas, respaldadas por estudios técnicos, planificación y controles que permitan verificar su funcionamiento.
Porque la confianza de los vecinos no se construye con inauguraciones.
Se construye cuando, después de una lluvia o un deshielo, el agua finalmente deja de entrar a sus casas.
Y ese sigue siendo, lamentablemente, uno de los grandes desafíos pendientes para Río Gallegos.
