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El Gobierno nacional oficializó una nueva política de seguridad que habilita la instalación de sistemas para detectar y bloquear teléfonos celulares en cárceles de todo el país, con el objetivo de reforzar el control dentro de los establecimientos penitenciarios.
La decisión, impulsada por la gestión del presidente Javier Milei y formalizada por el Ministerio de Seguridad, autoriza al Servicio Penitenciario Federal a implementar tecnología capaz de identificar dispositivos móviles activos en zonas prohibidas y proceder a su inmediata inhabilitación.
El mecanismo se basa en la detección de códigos únicos como el IMEI (identificación del equipo) y el IMSI (asociado a la tarjeta SIM). Una vez detectado un celular en uso dentro de la prisión, se genera un informe que es enviado a las compañías de telecomunicaciones, que deberán bloquear el dispositivo en un plazo máximo de 48 horas, impidiendo su conexión a cualquier red.
La medida quedó establecida en un protocolo específico que regula los procedimientos y establece controles adicionales, incluyendo la obligación de que personal penitenciario, funcionarios judiciales y abogados dejen sus teléfonos en áreas habilitadas antes de ingresar a sectores restringidos.
Además, se prevé un sistema de monitoreo constante, auditorías y registros actualizados, con el fin de garantizar la efectividad del control y evitar irregularidades.
Desde el Ejecutivo indicaron que esta iniciativa apunta a reducir la operatoria de organizaciones delictivas desde el interior de las cárceles, sin afectar la señal en zonas externas, ya que se implementarán ajustes técnicos para evitar interferencias fuera de los establecimientos.
