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La inminente votación de la reforma laboral en el Senado profundiza la tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT), que analiza convocar a un paro de 36 horas en rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo.
En paralelo, desde la Casa Rosada anticiparon que podrían aplicar sanciones a gremios del transporte como La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en caso de que participen de nuevas medidas de fuerza, al considerar que se encuentran bajo conciliación obligatoria por reclamos salariales.
Sanciones en estudio
Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que evalúan multas económicas e incluso la posibilidad de avanzar con la quita de la personería gremial si se determina que los sindicatos incumplieron la conciliación obligatoria al adherirse a protestas anteriores.
Tanto La Fraternidad como la UTA argumentaron que su participación en el último paro respondió a la convocatoria nacional de la CGT y no a reclamos propios.
La advertencia oficial busca desalentar la adhesión de los gremios del transporte a un eventual paro de 36 horas, una medida que tendría fuerte impacto en la actividad económica.
La estrategia sindical
En el plano gremial, la CGT se reunirá en los próximos días para definir la continuidad del plan de lucha. Además de las medidas de fuerza, la central obrera anticipó que recurrirá a la vía judicial para cuestionar la constitucionalidad de varios artículos de la reforma, especialmente los vinculados a indemnizaciones y al derecho a huelga.
Sectores más combativos, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), presionan para profundizar el plan de acción con un paro de 36 horas acompañado de movilización cuando la Cámara Alta trate el proyecto.
Debate interno y escenario político
La discusión también expuso diferencias dentro del movimiento obrero respecto a la estrategia a seguir y al rol de los gobernadores y legisladores en el avance de la reforma.
Mientras el Gobierno acelera los tiempos legislativos para lograr la aprobación definitiva, el sindicalismo evalúa sus próximos pasos en un escenario de alta conflictividad y con impacto directo en la actividad laboral y el transporte a nivel nacional.
