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El punto más sensible fue el intento de reducir al 50% el pago de licencias por enfermedad. Una medida que, más allá de la discusión técnica, impacta de lleno en un terreno socialmente muy sensible: el derecho básico a la protección del trabajador frente a una contingencia de salud. En un contexto económico ya atravesado por ajuste e incertidumbre, el mensaje político fue leído como una señal de endurecimiento que tensionó aún más las negociaciones parlamentarias.
A esto se sumó la polémica habilitación para que los sueldos pudieran liquidarse a través de billeteras virtuales, lo que abrió una discusión de fondo sobre el rol del sistema financiero tradicional y las fintech. El artículo fue finalmente retirado antes de la media sanción en el Senado, pero el daño político ya estaba hecho: expuso diferencias dentro del equipo económico y generó fricciones con el Banco Central.
La política es, ante todo, construcción de consensos. Y cuando una reforma estructural depende de acuerdos finos en el Congreso, introducir cambios de último momento sin el respaldo político suficiente puede transformarse en un boomerang. La reforma laboral ya era un terreno minado; agregarle puntos controvertidos terminó fortaleciendo a sus detractores.
Pero el malestar no se limita al terreno legislativo. Las controversias alrededor de contrataciones oficiales que involucran a personas del entorno del ministro, así como el pasado judicial de algunos de sus colaboradores, alimentan una narrativa incómoda para un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” uno de sus ejes discursivos centrales. Más allá de lo que determinen los organismos de control, el impacto simbólico es inevitable.
En este escenario, el oficialismo enfrenta un dilema clásico: hasta dónde avanzar con la lógica de la desregulación acelerada sin erosionar su capital político. La figura de Sturzenegger, definida por el propio presidente como “El Coloso”, encarna esa tensión entre convicción ideológica y cálculo político.
Las reformas profundas requieren liderazgo, pero también pragmatismo. Si el costo de imponer determinadas cláusulas es poner en riesgo el conjunto del proyecto, la estrategia merece revisión. Porque en política, muchas veces, el problema no es solo qué se quiere cambiar, sino cómo y cuándo se lo intenta hacer.
La bronca que hoy trasciende en los pasillos oficiales es, en el fondo, el reflejo de una pregunta más amplia: ¿puede sostenerse una agenda de transformación sin administrar cuidadosamente sus tiempos y sus alianzas? El desenlace de esta reforma será una prueba clave para medir esa capacidad.
