El Concejo Deliberante pidió al Municipio desalojar oficinas de Políticas Públicas

La Presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos intimó al Ejecutivo municipal a liberar, en un plazo de 15 días, los espacios donde funcionan áreas clave de coordinación social, empleo y participación ciudadana, argumentando motivos administrativos.
Provinciales06/01/2026Patagonia NexoPatagonia Nexo
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Un nuevo escenario de tensión institucional se abrió en Río Gallegos luego de que el Concejo Deliberante solicitara formalmente al Municipio el desalojo de oficinas ocupadas por el Departamento Municipal de Coordinación de Políticas Públicas. El pedido fue elevado mediante una nota dirigida al intendente Pablo Grasso.

El requerimiento, firmado por la presidenta del cuerpo legislativo, Daniela D’Amico, establece un plazo de 15 días para desocupar los espacios actualmente utilizados dentro del edificio del Concejo. Según se informó, la decisión se fundamenta en razones administrativas vinculadas al uso de dependencias legislativas.

La medida impacta directamente en distintas áreas municipales que desarrollan tareas sociales, laborales y de participación ciudadana. En ese sector funcionan, entre otros, los consejos municipales del Adulto Mayor y de Discapacidad, la Oficina de Empleo, el Programa de Inserción Laboral y otros ámbitos integrados por vecinos y organizaciones de la comunidad.

Desde el Ejecutivo municipal, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, cuestionó la decisión y sostuvo que el desalojo afecta espacios que promueven la inclusión laboral, los derechos humanos y el desarrollo comunitario. Además, recordó que la Coordinación de Políticas Públicas fue creada en 2004 y que funciona en el edificio del Concejo desde 2016, manteniendo su actividad a lo largo de distintas gestiones.

Actualmente, el área nuclea nueve consejos de participación ciudadana, entre ellos los de Niñez y Adolescencia, Pueblos Originarios, Discapacidad, Adulto Mayor, Cultura, Diversidad y Economía Social, además de programas de formación laboral y un laboratorio de impresión 3D orientado a mejorar la accesibilidad y brindar capacitaciones abiertas a la comunidad.

Mientras se aguarda una definición, desde el Municipio advierten que el pedido de desalojo no solo implica una cuestión edilicia, sino que podría afectar el funcionamiento de políticas públicas que alcanzan a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad.

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