El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), encabezado por Cristian Mansilla, se constituyó como querellante en una causa que investiga posibles delitos cometidos durante las gestiones comprendidas entre 2015 y 2023. La presentación incluyó documentación clave que podría comprometer a exautoridades del organismo y otros funcionarios.
Info. General21/10/2025
Patagonia Nexo
En la mañana de este martes, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, acompañado por el abogado Sergio Macagno, se presentó ante el Juzgado de Instrucción Provincial N.º 3 de Río Gallegos para formalizar la denuncia y aportar nuevas pruebas documentales que apuntan a irregularidades cometidas en el organismo durante el período 2015-2023.
La presentación busca que avance la investigación sobre la presunta comisión de delitos vinculados a la administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento, entre otros.
Según se detalla en la denuncia, los hechos investigados involucran a quienes ocuparon la presidencia del IDUV en esos años: Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, además de otros integrantes de los distintos directorios que habrían participado en las decisiones bajo sospecha.
Irregularidades en contrataciones y licitaciones públicas
De acuerdo con la documentación presentada, las irregularidades detectadas estarían vinculadas a procesos de licitación y contrataciones de obras públicas, donde se habrían cometido errores graves en el Registro de Proveedores, omisiones en la notificación al Registro Nacional de Constructores, y otras maniobras que podrían haber favorecido de manera indebida a determinadas empresas.
El IDUV informó que las pruebas fueron remitidas mediante el Sistema de Presentación de Escritos Digitales (SIPED) y que un equipo técnico interno continúa recopilando documentación adicional para ampliar la denuncia y respaldar el avance de la causa.
El IDUV, parte activa en la investigación judicial
La institución solicitó formalmente ser reconocida como querellante, lo que le permitirá participar activamente en el proceso judicial, presentar pruebas, solicitar medidas y representar los intereses del Estado provincial.
Desde el organismo indicaron que esta medida “busca garantizar la transparencia, esclarecer los hechos y recuperar los recursos públicos en caso de comprobarse responsabilidades penales”.
Otras causas en curso
Fuentes oficiales confirmaron que existen más denuncias en trámite, tanto en la Justicia provincial como federal, relacionadas con la ejecución de obras públicas durante los años 2015 a 2023. Además, se prevén nuevas presentaciones judiciales en las próximas semanas, con el objetivo de ampliar el alcance de las investigaciones y garantizar que se determine la verdad sobre el manejo de fondos públicos.
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